Después del discurso de Isabel Díaz Ayuso, que ha subido al escenario aclamada como Lady Madrid, ha sido el turno de Alberto Núñez Feijóo, que si en la jornada previa tuvo una intervención más en clave interna y se proclamó presidente del PP con más del 99% de los votos, este domingo ha lanzado un mensaje de puertas afuera, para investirse con el aura que lo ha de llevar, según es su anhelo y sean cuando sean las próximas elecciones generales, al palacio de la Moncloa.
“Hoy no acaba nada, empieza todo. Este es el acto fundacional de un nuevo tiempo”, ha empezado diciendo el líder popular, que se ha comprometido a presidir un gobierno limpio, que sea de todos y no de parte, según ha afirmado ante un auditorio que lo ha aclamado, y para ello se ha erigido en la única alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. “O Sánchez o yo”, ha sido la disyuntiva que ha planteado ante los suyos, eufóricos, pero que ha querido trasladar a toda la ciudadanía. “Y yo quiero un gobierno en solitario, porque el único que ha habido de coalicion no ha funcionado”, ha manfiestado Feijóo.
Con un tono de aires presidenciales, que se ha realzado al cambiar el fondo azul de la jornada de ayer por las banderas de España y Europa y con el himno nacional al final del acto, Feijóo ha adelantado en la clausura del triunfal XXI congreso del PP las líneas de actuación en un gobierno que prevé en solitario, puesto que, una vez taponada la fuga de votos a Vox con un discurso muy duro y reforzado por figuras tan ideológicamente rocosas como Miguel Tellado en la secretaría general y Ester Muñoz como portavoz en el Congreso, pretende ampliar la transferencia de votos de la izquierda y atraer a los moderados desencantados con el PSOE.
Aun así, el PP no se cierra a alianzas con otros grupos parlamentarios en las Cortes, sin vetos ni “cordones arbitrarios”, tal como recoge su ponencia política, a Vox, pero tampoco hacia fuerzas con las que la ultraderecha no quiere ningún tipo de acuerdo, como pueden ser las de centroizquierda o las nacionalistas, a los que, eso sí, ha recordado su compromiso constitucional: “Es mejor ser claros: fuera de la ley y de la Constitución, nada de nada”. La única línea roja, en este sentido, será EH Bildu mientras no pida perdón a las víctimas de ETA y colabore en el esclarecimiento de todos los crímenes.
“La presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener”, ha subrayado el líder popular ante una militancia entregada y a la que ha prometido crear una mayoría en la que quepan todos y no “al revés”, en alusión al muro entre derecha e izquierda que ha erigido Sánchez y que el PP se propone derribar en las urnas. “Le acuso de violentar el principio de legalidad que a todos nos obliga y de colonizar las instituciones para su interés personal”, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, al que ha responsabilizado de “reventar todos los consensos”.
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En cuanto a la pluralidad y los “diferentes acentos” a los que ya se refirió ayer sábado en su discurso como candidato a liderar el PP, Feijóo ha insistido en que, si llega al Gobierno, seguirá adelante con esta misma consideración por la “diversidad” del país. “La conozco. Es más, la siento. Pero hay una máxima por encima de eso: creo en una España de ciudadanos libres e iguales”, ha proclamado pese a las reticencias de Ayuso, exhibidas en la conferencia de presidentes de Barcelona, al uso de las lenguas cooficiales en las instituciones.
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Como programa de gobierno, Feijóo, al que le gusta estructurar sus propuestas en decálogos, se ha marcado diez tareas prioritarias para los primeros cien días: la regeneración democrática e institucional; un plan de vivienda y acabar con los okupas; una bajada generalizada de impuestos -”el problema de España es que se gasta mal”-; medidas para situar a la clase media como el “motor del país” y “subir el salario medio y no solo el mínimo”; el incremento del número de médicos de familia; un pacto nacional del agua -pese a las diferentes sensibilidades que hay sobre esta cuestión en sus mismas filas, entre Aragón y la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, sin ir más lejos-; la reducción de la inmigración ilegal -”parece razonable, ¿no?”, aunque ha asegurado que la inmigración es necesaria y ha rechazado el discurso del odio-; el refuerzo de la seguridad; la definición de una política de defensa clara, y, por último, una ley de lenguas “para garantizar que todos los niños españoles puedan ser educados en español”, lo que se hará “en equilibrio y cordialidad” con las demás lenguas de España.
En los tres últimos epígrafes -la lucha contra la inmigración ilegal, que ha despertado uno de los mayores aplausos de los asistente; el reforzamiento de la seguridad y de la defensa y la política lingüística en las comunidades bilingües-, se observa una coincidencia con los planteamientos de la ultraderecha de Vox, que rompió los gobiernos autonómicos con el PP a raíz del acuerdo para repartir por la Península a los menores migrantes no acompañados que saturan los centros de agocida de Canarias y, por ejemplo, ha condicionado el apoyo a los presupuestos de Baleares a la revisión del programa de promoción del catalán.
