Pedro Sánchez accedió al poder en el 2018 a través de una moción de censura a Mariano Rajoy motivada por la corrupción, por la sentencia de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional que condenaba al PP como partícipe a título lucrativo. “La corrupción destruye la fe en las instituciones, y más aún en la política, cuando no hay una reacción firme desde el terreno de la ejemplaridad”, proclamó entonces como aspirante el líder del PSOE. Pese a ello, al anuncio de medidas para revertir la situación y a que se puso en aquel momento el grito en el cielo, los indicadores sobre la corrupción en España no mejoran siete años después. Tras un leve avance, hay retrocesos y la información judicial sigue copando titulares en las secciones de política de la prensa. Y ya no es por el procés .
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, España perdió diez puestos respecto al ejercicio anterior; ocupa la posición 46 de 180 y aprueba por los pelos con un suficiente, 56 puntos sobre 100. Es el resultado de que “expertos, ciudadanos y empresas perciban que el nivel de corrupción es relativamente elevado”, constata la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho.
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Así pues, la lucha contra la corrupción se mantiene como asignatura pendiente en España. No es algo nuevo y va camino de convertirse en un rasgo intrínseco del país. El género literario de la picaresca hizo fortuna en el Siglo de Oro... pero sin ir tan atrás en el tiempo, en el Árbol de la ciencia de Pío Baroja, de 1911, ya se describía al hablar del pueblo ficticio de Alcolea del Campo un panorama desolador en el que los habitantes defraudaban en el pago de impuestos sin que nadie lo viera con malos ojos y no podían comprender que “era mayor delito robar a la comunidad, al Ayuntamiento, al Estado, que robar a un particular”. Aquellos pueblerinos creían que “robar a la comunidad no podía ser tanto como robar a una persona”.
Sea como fuere, ha pasado más de un siglo y la radiografía que haría hoy el autor vasco de la Generación 98 –una hornada de escritores preocupados por la decadencia moral y social española que abogaba por una regeneración– no sería mucho mejor. En el plan con 15 medidas que presentó el presidente del Gobierno esta semana en la tribuna del Congreso de los Diputados, para salir al paso de la crisis que afecta a su partido por la trama Koldo y la entrada en prisión de su hasta hace poco número tres, Santos Cerdán, queda patente que muchas de las medidas son recomendaciones específicas para España que circulan desde hace años por parte de distintos organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Europea.
Ni el PP ni el PSOE, cuando han estado en la Moncloa, han sido capaces de hacer los deberes en este ámbito
Sin ir más lejos, alguna de las primeras medidas que aplicó Sánchez para luchar contra la corrupción entre particulares al llegar a la Moncloa tenían su origen en un informe del Greco del 2009. En esa misma línea, iniciativas de la pasada legislatura, aprobadas en el 2022, contra el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos parten de una convención contra la corrupción de las Naciones Unidas del año 2003 y de una comisión del Parlamento Europeo y del Consejo del 2008. El propio Gobierno lo pone negro sobre blanco en el plan que acaba de presentar y reconoce que de las 30 recomendaciones que ha remitido el Greco en los últimos años se han cumplido solo 24 de forma parcial o total. De ese modo, es evidente que gobiernos de distinto signo, de PP y de PSOE, arrastran deberes en esa materia.
Otro ejemplo. La OCDE aboga desde hace años por la regulación de los lobbies, los grupos de interés. En España hay un proyecto de ley registrado en la Cámara Baja que aprobó el Gobierno en enero de este año. En el Congreso, con todo, ya se habían aprobado proposiciones no de ley en ese sentido desde los años noventa y se han dejado escapar algunas oportunidades para tomar cartas en este asunto en el pasado, como cuando se aprobó la ley de Transparencia en el 2013, cuando Rajoy tenía mayoría absoluta.
España aprueba por los pelos y retrocede en los índices sobre la percepción de la corrupción
Asimismo, España es uno de los cinco países de la OCDE que no cuenta con un enfoque estratégico para mitigar los riesgos de la corrupción e incumple la directiva europea que obliga a tener una estrategia nacional anticorrupción. Sánchez anunció el miércoles que el plan del Ejecutivo contará con un mecanismo de revisión y evaluación externa por parte de ese organismo internacional, pero lo cierto es que ya elabora informes y practica esos controles desde hace años.
Además, hay algunos de los organismos anunciados para capear el presente temporal que tienen parientes cercanos ya en marcha en la administración, como la Agencia Independiente de Integridad Pública que se ha prometido crear puesto que ya existe el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.
En el Congreso se ha hablado de regular los lobbies desde los años 90, pero sigue sin aprobarse una ley
En cualquier caso, el documento que publicó el Gobierno deja claro que hay mucho camino por recorrer ya que hay países del entorno, como Alemania, Francia o Países Bajos, donde ya es obligatorio que los partidos políticos presenten una auditoría externa de sus cuentas o donde se deben hacer públicas donaciones particulares que superen un determinado importe. Hasta ahora, solo trascendían las superiores a 25.000 euros, cuando en otros países europeos el umbral se sitúa en cifras más bajas, como 1.500, 2.500 o 10.000 euros.
El conjunto de informes y recomendaciones de los organismos internacionales revela que la lucha contra la corrupción en España avanza de forma lenta, a marchas forzadas y a golpe de toques de atención de las instituciones europeas, que condicionan a menudo los fondos y la financiación al cumplimiento en este ámbito.
