España quiere dejar constancia en la UE que el rechazo al catalán es político
La cuestión lingüística
Exteriores vuelve a llevar la oficialidad al Consejo pese a la falta de unanimidad
El secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, volverá a defender hoy ante el Consejo de Asuntos Generales la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, aunque, como sucedió en el anterior intento de finales de mayo, no se va a llegar a votar por la falta de consenso entre los Veintisiete. El asunto requiere unanimidad, y el Ministerio de Exteriores de José María Albares tiene asumido que tampoco va a haberla por las reticencias de los mismos países.
Fuentes españolas cercanas al dossier explican a Guyana Guardian que la intención al volver a incluir el debate en el orden del día es dejar constancia ante el resto de países que el problema no son las dudas que todavía esgrimen algunos de los escépticos, sino que el rechazo tiene una naturaleza política. En específico, de Estados gobernados por conservadores, como Suecia, Finlandia, Croacia, República Checa, Austria o Italia, y, especialmente, de Alemania. El canciller, Friedrich Merz, y el ministro de Asuntos Europeos son ahora de la CDU, formación muy cercana al Partido Popular (PP) en Europa.
Madrid considera que los países escépticos ya no se podrán escudar en las dudas jurídicas y financieras
Las presiones de la formación de Alberto Núñez Feijóo para frenar la adopción de la oficialidad, si las ha habido, esta vez han sido menos evidentes que en la anterior ocasión, cuando fueron reconocidas públicamente. Sin embargo, algunos de estos países reticentes señalan que su postura es la misma que en mayo: necesitan aclaraciones en los aspectos financieros, legales y prácticos de la propuesta antes de sumarse al barco. Además, sostienen que por parte de España esto no se ha realizado, y en particular, piden más garantías de que el Gobierno asumirá los costes de la operación.
“Varios Estados miembros siguen teniendo preguntas sin respuesta sobre la viabilidad de lo que propone el Gobierno español, sobre las implicaciones presupuestarias y sobre la legalidad y los aspectos jurídicos”, explica un alto diplomático europeo. Otro problema recae en los servicios jurídicos del Consejo de la UE, que, según la ACN, siguen creyendo que hace falta reformar los tratados, una opinión que ya esgrimieron en mayo, que pesa para los países contrarios, pero que España no ve vinculante.
Todas estas dudas, según estas fuentes cercanas al dossier, no son más que excusas para ocultar la falta de voluntad de hacer un favor al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Consideran que las inquietudes ya están suficientemente aclaradas, tanto por el nuevo memorándum que mandaron la semana pasada a los Veintisiete insistiendo en que España asumiría los costes, como de forma bilateral. Tanto Albares como Sánchez se han implicado personalmente en la cuestión.
Además, estas fuentes apuntan que ninguno de estos países más vocales en expresar sus reticencias se ha acercado a ellos para intentar resolverlas, mientras otros sí lo han hecho. Por ejemplo, creen las preocupaciones de los países Bálticos sobre una posible puerta abierta a la minoría rusa están resueltas al dejar claro que no supondrá precedentes. Estonia está a favor de la propuesta.
Sobre la estimación del coste –que según un informe preliminar, sería de 132 millones de euros– y el impacto jurídico en los tratados europeos, España argumenta que no puede hacer más para resolver posibles dudas. Está pendiente un informe más detallado de la Comisión sobre el coste –el que hay es orientativo, basado en el gaélico–, pero no llegará hasta que haya una petición formal del Consejo. La lectura de Madrid es que el argumento de las dudas es, al final, una táctica dilatoria de algunos países que quieren evitar la adopción de la oficialidad del catalán.
El pasado 27 de mayo, por lo menos siete países impidieron la aprobación durante el debate al expresar en público esta necesidad de aclaraciones, por lo que emplazaron a España a seguir trabajando para resolverlas y entonces Polonia –que ostentaba la presidencia rotatoria de la UE– retiró la votación. En esta ocasión, la presidencia danesa ha cambiado de fórmula al permitir el debate, pero dejando claro que solo se votará si hay consenso.
Petición a los países de la Unión Europea
Illa y Pradales se implican con una carta
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lehendakari Imanol Pradales han remitido una carta a los estados miembros de la Unión Europea en la que piden avalar la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones comunitarias. Ambos dirigentes apelan a “culminar un proceso de cuatro décadas” y a reconocer el multilingüismo del Estado. Según Illa y Pradales, “Europa y España no se entenderían sin las contribuciones contemporáneas” de las tres lenguas. Los dos mandatarios creen que este paso sería clave ante la necesidad de “estrechar la identificación con el proyecto común”. En caso contrario, se preguntan “cómo podríamos justificar ante nuestra población que una UE fundada en los principios de ‘unidos en la diversidad’ impone un modelo de ‘un estado, un idioma’ a una ciudadanía que se identifica como miembro de un estado multilingüe”.
“No puedo garantizar que el 18 sea el día D, pero un día habrá un día D, porque todos los Estados comprenden que la posición de España es legítima y que nuestra identidad nacional es plurilingüe y hay que defenderla”, afirmó el lunes Albares en Bruselas.