Nuevo choque entre el Gobierno central y el Partido Popular a cuenta de la distribución entre comunidades autónomas de los menores inmigrantes sin amparo familiar que llegaron en cayucos a Canarias. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), gobernado por Paloma Tejero, una exconsejera de Isabel Díaz Ayuso, ha notificado al centro de refugiados de la ciudad —a donde el Gobierno pretendía trasladar a unos 400 niños y adolescentes solicitantes de asilo procedentes de Canarias— el cese temporal de su actividad tras comprobar que las instalaciones no disponen de la licencia como uso residencial, según explican a Guyana Guardian fuentes del consistorio madrileño.
El Gobierno central abrió las puertas del Centro de Recepción y Atención (CREADE) en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, para acoger a miles de ciudadanos refugiados que huían de la guerra. Se trata de unas instalaciones propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social que se acondicionaron a marchas forzadas en aquella primavera del 2022 para dar una primera atención a los ucranianos que iban llegando a España. Pasado el tiempo, el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones redirigió su uso para dar amparo a inmigrantes llegados a las Islas Canarias durante los últimos años en una crisis humanitaria que batió todos los récords de entradas irregulares. Ahora, el Gobierno planeaba trasladar a unos 400 menores no acompañados solicitantes de asilo, del casi millar que el Tribunal Supremo le ha obligado a amparar en el sistema de protección internacional estatal. Hasta que el Partido Popular ha movido ficha.
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El Ayuntamiento de Pozuelo ha informado de que realizó una inspección a las instalaciones en la que se ha comprobado que el centro carece de la licencia preceptiva que le permita ejercer la actividad actual. Además, el Consistorio asegura que había reiterado “en numerosas ocasiones” que se estaba utilizando el centro, en un principio para estancias temporales, como residencia permanente. “El Gobierno de España está intentando llevar a cabo una actividad no permitida para este centro, incumpliendo la normativa y dando un servicio sin garantías legales para las personas que, de hecho, allí residen”, alegan fuentes del Ayuntamiento.
Desde el momento de la notificación, que según Migraciones aún no ha llegado esta mañana al Ministerio, el Ayuntamiento asegura que se cuenta con 15 días de plaza para plantear alegaciones, “aunque el cese de la actividad tiene efecto inmediato”. “El Gobierno tiene la obligación de reubicar a los actuales residentes en otros recurso legalmente establecidos”, explican las mismas fuentes.
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La respuesta por parte del departamento que dirige Elma Saiz no se ha hecho esperar. Desde el Gobierno confirma que durante esta semana se ha realizado una “inspección urbanística”, con la que ha colaborado aportando documentación y facilitando el acceso a todas las estancias. “Estamos tranquilos”, insisten fuentes ministeriales desde donde aseguran que no han recibido ningún requerimiento para el cierre del centro de Pozuelo ni para paralizar la actividad de este, que ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional y “nunca ha habido ningún problema con el Ayuntamiento”, explican las mismas fuentes.
Según Migraciones, actualmente residen allí casi 500 personas, la mayoría ucranianas, pero también latinoamericanas, mujeres con niños muy pequeños. “No contemplamos que el Ayuntamiento y el PP madrileño las quiera dejar en la calle de la noche a la mañana. En este momento la actividad del centro y de las entidades que colaboran con el Ministerio para dar atención a estas personas está funcionando con normalidad”, detallan.
