El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía y demás partes personadas en la causa que instruye contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos para que presenten alegaciones a la petición que ha planteado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -una de las acusaciones populares- para que se acuerde su suspensión cautelar una vez se dicte auto de apertura de juicio oral.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El magistrado ha tomado esta decisión en una providencia después de emitir un auto en el que ha dictado el alza de la suspensión de la tramitación de la causa que él mismo acordó -a petición de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que finalmente ha quedado exonerada-, a la espera de la resolución por parte de la sala de apelaciones del Alto Tribunal de los recursos presentados contra su auto procesamiento contra el fiscal general.
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El pasado martes la sala desestimó por mayoría y con un voto particular discrepante el recurso de García Ortiz contra su procesamiento dejándolo al borde del banquillo de los acusados por las filtraciones sobre el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Sala ve suficientes indicios para que se pueda formular acusación por los hechos investigados aunque en su voto particular, el magistrado Andrés Palomo defiende el sobreseimiento de la causa.
La APIF, que solicita seis años de prisión y una inhabilitación absoluta por 12 años para García Ortiz, solicitó ayer al Supremo que se le suspenda cautelarmente como fiscal general del Estado y también como fiscal una vez que se abra juicio oral contra él, ya que lo contrario sería una “distorsión inaceptable” porque el fiscal del caso “actuaría al servicio del propio acusado”. De hecho, la Fiscalía pero también la Abogacía General del Estado pidieron el archivo de la causa.
La asociación conservadora invoca el artículo 145.1 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que dispone que se podrá acordar, motivadamente, “la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal”. Y precisa que dicha suspensión se acordará, en todo caso, “cuando se dicte auto de apertura de juicio oral o de prisión por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”.
La APIF argumenta que “además de ser imperativa en términos legales, la suspensión de D. Álvaro García Ortiz es imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso”. Y explica que si siguiera siendo fiscal general en el acto del juicio oral, “él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes”.
