La tensión entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central ha sumado este miércoles un nuevo, aunque esperado, frente judicial. Y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto aprobado ayer por el Gobierno en el Consejo de Ministros que fija el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
El Ejecutivo madrileño ha anunciado su decisión entre acusaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez por vulnerar competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de protección de menores y de haber impuesto una decisión que, a su juicio, desborda la capacidad asistencial de la región. ”Infringe principios de solidaridad y lealtad entre administraciones” y “vulnera el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas al no garantizarse la financiación necesaria para la atención de los menores desplazados por el Gobierno central”, denuncia.
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El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado la medida tras el Consejo de Gobierno. Es ya la tercera ofensiva jurídica de Madrid en torno a esta cuestión en apenas unos meses: primero ante el Constitucional contra el real decreto-ley del 18 de marzo, después en julio frente al decreto de desarrollo que fijaba las cuotas de acogida tras el pacto del PSOE con Junts, y ahora ante el Supremo. El Gobierno regional denuncia que Madrid debe recibir 647 menores, “mientras el País Vasco y Cataluya quedan exentos”.
La crítica no se limita al plano competencial. Desde el equipo de de gobierno de Ayuso aseguran que el sistema de acogida se encuentra “sobresaturado” y que la decisión del Ejecutivo central es “opaca y discriminatoria”. Así lo subrayó ayer la consejera de Sanidad, Fátima Matute, al advertir de que los dispositivos sanitarios y sociales no cuentan con recursos suficientes. “Todas las personas tienen derecho a ser atendidas con dignidad, pero no tenemos medios para garantizarlo”, subrayó.
Detrás del pulso late un choque político de mayor calado. Para el Gobierno central, el reparto responde a la necesidad de abordar de forma solidaria el creciente flujo migratorio que llega a España. Para Ayuso, en cambio, se trata de una “nueva cesión de Sánchez a sus aliados parlamentarios en detrimento de la Comunidad de Madrid”.
El conflicto se enmarca así en la estrategia de confrontación de la presidenta popular, que ha convertido buena parte de las iniciativas del Ejecutivo central en una batalla sobre la autonomía regional y la igualdad de trato entre territorios.
