El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevaba días anunciando que promoverían algún tipo de respuesta ante la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la apertura del año judicial presidida por el rey Felipe VI. El resultado tras una reunión ha sido reclamar a la presidenta, Isabel Perelló, que inste al número 1 de la Fiscalía a que se ausente mañana en el acto, donde debe leer su discurso con los datos de la memoria de la Fiscalía de 2024.
El primero en dar una respuesta a la presencia del fiscal general fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que comunicó ayer que no asistiría aunque bajo el argumento de otro compromiso. Después, vinieron las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales y por último han sido los diez vocales conservadores del órgano de los jueces.
En una carta enviada a Perelló, se le reclama que traslade al fiscal general del Estado “la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias; se visibilice nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado; y se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional”.
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La razón de este reclamo es que por un lado el fiscal general se encuentra procesado y a punto de enviar al banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. Y por otro lado, las recientes palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que en España existen jueces que hacen política. “Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo”, advierten en la carta.
Las palabras de Sánchez fueron ratificadas por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a lo que también responden estos vocales. ”Ante ello, queremos manifestar que tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho”, añaden.
Respecto de la presencia de García Ortiz, indican que aunque no se pone en duda la presunción de inocencia, “la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones”.
“Resulta, por ello, difícilmente comprensible que esta situación se tolere. La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio jefe del Estado, que preside el acto”, añaden.
Un progresista responde
Esta carta ha tenido respuesta del vocal progresista Carlos Hugo Preciado, quien ha expresado su malestar por no ser “institucionalmente correcto” que el órgano de los jueces entre en el debate partidista . Recuerda que ayer mismo el Rey recibió con absoluta normalidad a García Ortiz y que el CGPJ debería seguir ese ejemplo de normalidad institucional, “huyendo de toda instrumentalización política de la institución, en la línea que ha venido haciendo este CGPJ en su primer año de mandato y que debería continuar manteniendo”. Y añade: “la justicia y el CGPJ pertenecen a toda la ciudadanía y no deben instrumentalizarse a intereses políticos de ningún signo”.
Con una línea similar, las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han emitido un comunicado esta mañana para mostrar su “rechazo” a la presencia del fiscal general.
“Sentar junto al Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad”.
