Podemos ha denunciado al Ministerio de Economía ante la Justicia por prevaricación ya que, según la formación morada, el departamento que dirige Carlos Cuerpo “estaba obligado a detener el comercio y el tránsito de armas a Israel y no lo hizo”.
La denuncia ha sido presentada ante el juzgado de instrucción de Madrid que por turno corresponda. Y la formación morada centra el contenido de su movimiento en la supuesta omisión del Ministerio “tras la solicitud que Podemos hizo en 2024 para que se revocaran las autorizaciones de transferencias de material de defensa y de doble uso” a Israel.
“La inactividad del Ministerio, lejos de ser neutra, facilita la continuidad de suministros que contribuyen materialmente a la comisión de dichos crímenes internacionales”, argumenta el texto de la denuncia, en la que Podemos pide identificar a los funcionarios y autoridades responsables de la inactividad.
Lee también
En un comunicado, la formación morada ha recordado que en febrero de 2024 presentó ya un escrito solicitando la revocación de estas autorizaciones, pero el Ministerio de Economía “hizo caso omiso a dicha solicitud”.
Posteriormente presentó un recurso de alzada y Economía tampoco contestó, lo que equivale a estimar la petición al tratarse de un caso de silencio administrativo, según sostiene la formación de Ione Belarra.
Pese a ello, según denuncia Podemos, “el Gobierno ha seguido formalizando y ejecutando contratos con Israel, como puede comprobarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde figuran al menos 40 adquisiciones o formalizaciones con empresas israelíes y sus filiales entre octubre de 2023 y abril de 2025 por valor de 1.041 millones de euros”.
Podemos advierte a Economía de que “está incurriendo en una infracción grave desde el punto de vista administrativo y que está contribuyendo al genocidio israelí contra el pueblo palestino, al permitir que se mantenga el suministro de armas a un Estado que está cometiendo un genocidio”. Y por ello anima a la sociedad civil a mantener la presión contra el Gobierno y seguirá ejerciéndola en las calles, en las instituciones y ante los tribunales de justicia.