El juez Juan Carlos Peinado ha concluido los primeros pasos de la instrucción contra la esposa el presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha acordado enviar el asunto ante un jurado popular por un delito de malversación ante un jurado popular por el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citado el próximo sábado por la tarde para concretar su imputación, según un auto la que ha tenido acceso La Vanguardia.
Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez
Junto a la mujer del presidente, el instructor también da el paso contra el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y contra Cristina Álvarez, quien habría sido contratada por Presidencia del Gobierno para hacer labores, según el juez, ajenas a tal función.
En el caso de Martín está investigado por su “aparente participación” durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia en el nombramiento de Álvarez. Peinado decidió investigarle por ser el “superior jerárquico” entre julio de 2021 y marzo de 2023, periodo al que corresponden los mails en que Álvarez se dirigía a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o a empresas privadas que financiaron la cátedra extraordinaria que Gómez dirigía. Según Peinado, estas funciones eran ajenas a las que corresponden a una asesora contratada con dinero público por Presidencia del Gobierno.
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El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid cita a los tres el próximo 27 de septiembre a las 6 de la tarde para iniciar los trámites por la ley del jurado. El instructor invoca al artículo 25 de esta norma que recoge que “incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al tribunal del jurado, el juez de instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados. Con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. Al tiempo de la citación, dará traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a trámite, si no se hubiese efectuado con anterioridad”.
En esta vista convocada para el sábado, se les comunicará los hechos que hay contra ellos y las partes podrán hacer alegaciones. En ese momento Peinado ratificará si continua el proceso.
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En su auto, el juez explica que ha tenido en cuenta que ni Gómez ni Álvarez quisieron contestar a las preguntas cuando fueron citadas a declarar por este asunto, negándose así a “esgrimir argumentos en su descargo”.
“Se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que, se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta, y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos”, explica.
Peinado justifica que inicialmente rechazara iniciar una investigación por presunta malversación de caudales públicos por la contratación de Álvarez, a quien inicialmente le tomó declaración como testigo rechazando la petición de las acusaciones populares de investigarla.
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”Ahora bien, como es de sobra conocido, la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva. Ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella, como medios de iniciación del proceso penal, ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación. Lo contrario sería inasumible desde la perspectiva de los principios que informan el proceso penal”, justifica. Según sostiene, ha sido con la evolución del proceso cuando han parecido los indicios contra ambas.
Esta es una de las piezas que tiene abierta Peinado contra la mujer de Pedro Sánchez, que se inició a raíz de una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias por la dirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
Aunque la pieza por la malversación fue la última en abrir, ha sido la que más ha avanzado, lo que garantizar iniciar los trámites para que Gómez pueda ser juzgada por un jurado popular. No obstante, esta última resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Por esta pieza separada, Peinado intentó investigar al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Después de interrogarle como testigo por la contratación de Álvarez, remitió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que le investigase, al ser aforado. Sin embargo, el alto tribunal lo rechazó al considerar que no existía ningún indicio contra él.
