El Tribunal Constitucional (TC) ha rebajado las expectativas de que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda volver a España en otoño. La previsión inicial del presidente, Cándido Conde-Pumpido, era que a la vuelta de verano pudieran haber quedado resueltos los recursos de amparo para determinar si el delito de malversación por el que pesa sobre él una orden de detención es amnistiable. Sin embargo, la lentitud del Tribunal Supremo para poder tramitar el recurso y las recusaciones planteadas por el propio líder de Junts han dinamitado el calendario previsto. Ahora los plazos se alargan, hasta el primer trimestre del 2026, según sopesan fuentes del órgano.
Mandato El TC ha dado a conocer al Senado su próximo fin de mandato, pero hasta que no haya un acuerdo entre PP y PSOE, el tribunal seguirá con los mismos magistrados
Esta nueva fecha choca con el fin del mandato de Conde-Pumpido, que cumple el 17 de diciembre su mandato. Su nombramiento, junto al de otros tres magistrados, depende del Senado y hasta que PP y PSOE no se pongan de acuerdo para la renovación –por una mayoría de tres quintos–, el TC se queda intacto. Fuentes del tribunal aseguran que el Constitucional ya ha enviado a la Cámara Alta un escrito comunicando de que está a punto de cumplirse el plazo. A finales de año tendrían que salir del tribunal dos progresistas y dos conservadores, pero sin pacto entre PP –con mayoría absoluta en el Senado– y PSOE, el tribunal seguirá con los mismos magistrados.
Este nuevo plazo supone más presión para el Gobierno, que necesita el apoyo de Junts para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y cualquier ley en tramitación. El partido de Puigdemont ha sido claro y no piensa ayudar a Pedro Sánchez hasta que no se cumplan los acuerdos previos.
El mandato de Conde-Pumpido expira el 17 de diciembre, aunque seguirá hasta la próxima renovación
El TC no ha podido todavía admitir a trámite los recursos de amparo de Puigdemont, Toni Comin y Lluis Puig porque el Tribunal Supremo ha dilatado la resolución de un incidente de nulidad, paso previo obligatorio para acudir al Constitucional. Además para sorpresa de todos, el líder de Junts recusó a varios magistrados, que ha ralentizado aún más la tramitación de su recurso contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía. El TS sostiene que los líderes del procés obtuvieron un beneficio económico con la organización del 1-O y, por tanto, quedan excluidos de la amnistía, aplicando la ley.
El retraso por el Supremo y las recusaciones planteadas ha impedido empezar todavía la tramitación.El TC se ha encontrado con que hasta el pleno del 8 de octubre no puede admitir a trámite los recursos. Después de ese pleno, el tribunal entra de lleno en la organización del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que se celebra en Madrid entre el 28 y el 31 de octubre de 2025, con la presencia de 122 países.
Las fuentes consultadas explican que entre noviembre y diciembre se irán resolviendo otros recursos de inconstitucionalidad que plantearon las comunidades autónomas, mientras avanzan las ponencias de los amparos. Antes de éstos se tiene que revisar la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Supremo.
El TC pretende esperar a la sentencia del TJUE para ver la interpretación europea de la amnistía
Otra fecha relevante para el TC será el 13 de noviembre, cuando el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lea sus conclusiones sobre las dos cuestiones prejudiciales, planteadas sobre la amnistía. Una de ellas, la presentada por el Tribunal de Cuentas, es relevante porque busca que el tribunal europeo interprete si la amnistía infringe directivas europeas sobre protección de los intereses financieros de la UE, como la que previene el blanqueo de capitales. El TC quiere esperar a ver qué concluye el TJUE al respecto, que podría ser entre diciembre y enero.
Otro factor a tener en cuenta es que en el tribunal se han dividido en bloques los recursos de amparo presentados por los procesados y otro el de los condenados. Y las cabeceras (las que se presentan primero) las llevan dos magistrados conservadores. Fuentes próximas a estos explican que incluso se podría plantear de nuevo presentar una cuestión prejudicial, lo que paralizaría estos recursos. Además, podrían no tener excesiva prisa en resolverlos. Si llevan al pleno una ponencia contraria a la mayoría progresista, habría que cambiar al ponente y ralentizaría aún más la resolución. Otras fuentes explican que ante esta posible problemática, Conde-Pumpido podría cambiar el orden y exigir celeridad.
