La justicia no da respiro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si el martes se confirmó el procesamiento de su hermano por prevaricación y tráfico de influencias, ayer fue el juez Juan Carlos Peinado en otro movimiento contra su mujer, Begoña Gómez. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha realizado una maniobra para que sea un jurado popular, es decir nueve ciudadanos madrileños, los que digan si Gómez es culpable o inocente.
El juez Juan Carlos Peinado a su salida a los juzgados de la plaza de Castilla
A Peinado le queda un año para su jubilación y quiere dejar atada la causa contra la esposa de Sánchez antes de abandonar el poder judicial. Durante el tiempo que lleva instruyendo la causa, ha acumulado contra Gómez la imputación de cinco delitos. Sin embargo, ha optado por desgajar uno de ellos, el de malversación de caudales públicos por la contratación por parte de Presidencia del Gobierno de su asesor, Cristina Álvarez, y así garantizarse que puede ir ante un jurado popular. La ley del jurado establece la competencia sólo para once delitos, y uno de ellos es este.
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Como siguiente paso ha citado para comparecer este sábado, a las 18.00 horas en su Juzgado tanto a Gómez, como a su asesora Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, todos ellos imputados por esta contratación. Ese mismo día, Peinado cumple 71 años y provecha su cumpleaños que tiene guardia en el Juzgado, para citarles.
Un año y medio de investigación
Cuando en abril del 2024 Peinado admitió a trámite una denuncia basada en recortes de prensa del pseudosindicato Manos Limpias, sabía que sería un final de su carrera por todo lo alto. Decidió no solo investigar a Begoña Gómez por una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), sino llevar el caso hasta lo más alto del Gobierno. La tesis de Peinado es que Gómez codirigió un máster en la universidad pública y logró financiación privada por ser la esposa del presidente del Gobierno.
Y por esa misma razón, con la intención de saber qué sabía Sánchez y hasta donde habría participado, le llegó a tomar declaración como testigo el 31 de julio del 2024. Sánchez pidió contestar por escrito, no se le permitió, advirtió que no iba a declarar por ser el esposo de la investigada, pero aún así Peinado quiso acudir a La Moncloa a interrogarle. Por aquello, la Abogacía del Estado se querelló contra el juez por prevaricación, pero no fue admitida.
Durante el análisis de unos correos electrónicos, el juez descubrió gestiones de Álvarez para Gómez. Peinado consideró que la asesora no podía intervenir en los asuntos privados de la mujer del presidente. Peinado volvió a La Moncloa, en este caso para interrogar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. No quiso quedarse ahí y llegó, incluso, a pedir al Tribunal Supremo que le investigase por esta malversación pero el alto tribunal le frenó en seco.
Todo eso provocó que Bolaños presentara una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez, que se está estudiando. Pero Peinado sabe que en un año se va, y que en caso de expediente , con su salida quedaría exento de cualquier responsabilidad.
Seis recursos pendientes
Mientras el juez Peinado sigue avanzando en sus piezas contra Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid acumula ya seis recursos en esta causa. De hecho, tiene pendiente de resolver la imputación a la esposa de Pedro Sánchez por el delito de malversación o la orden del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez durante siete años.
En todo este asunto, la Fiscalía apoya la postura de la defensa de la mujer del presidente del Gobierno para que se archive toda la causa. Tras el auto de ayer, lo más que probable será que la Audiencia deba resolver todavía más recursos y decidir si esta línea de investigación está justificada.
