Pedro Sánchez ha aprovechado su visita a la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto, que se celebra estos días en Vitoria-Gasteiz, para sacar pecho de la aprobación este martes del anteproyecto de la Ley de Administración Abierta y, en plena polémica por las últimas informaciones relativas al caso Ábalos, vincular la futura norma con la lucha contra la corrupción. “Aunque no existe la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción”, ha señalado.
La visita del presidente del Gobierno a Vitoria para participar en esta cumbre, a la que asisten casi 3.000 personas para debatir sobre democracia y transparencia, ha coincidido con la aprobación en Madrid, por parte del Consejo de Ministros, del citado anteproyecto. El objetivo es que la norma permita “avanzar en las exigencias de transparencia en las administraciones”, incluyendo la obligación de publicar las agendas institucionales y los viajes de todos los altos cargos públicos.
Nuevo Portal de Transparencia
Además, Sánchez ha anunciado, junto a la tramitación del anteproyecto, el próximo lanzamiento del nuevo Portal de Transparencia del Gobierno de España y la reforma de la Plataforma de Contratación del Sector Público, incluidas dentro del V Plan de Gobierno Abierto y que, según ha indicado, dan continuidad al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
El presidente del Gobierno ha reconocido que una de las principales razones que explican el “retroceso en la democracia” en países de todo el mundo es la “desafección ciudadana hacia las instituciones cuando se producen casos de corrupción”, y ha prometido medidas efectivas para combatirla.
La nueva Ley de Gobierno Abierto
La nueva Ley de Gobierno Abierto a la que se ha referido Sánchez también incluye, por vez primera, un régimen de infracciones, con la posibilidad de imponer sanciones a los cargos que incumplan las disposiciones legales en materia de transparencia.
En la línea de lo declarado por el presidente del Gobierno, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado esta reforma como una respuesta obligada a la creciente “desafección” hacia la política, la desinformación, el “negacionismo histórico” y los “discursos antidemocráticos”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) en un encuentro con el pimer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva (i).
“Debemos tomar medidas ambiciosas y ejemplares en materia de transparencia, integridad, rendición de cuentas, participación ciudadana y apertura institucional. Porque ganar confianza es ganar democracia”, ha enfatizado.
De esta manera, las actuales obligaciones para dar publicidad a las actividades de los cargos públicos se amplían a agendas y viajes oficiales tanto para responsables de la Administración como del sector público institucional, hasta el nivel de subdirectores generales. En este sentido, se hará público el número y las condiciones retributivas del personal eventual y los salarios de los máximos responsables de gabinetes y personal directivo.
Conflicto de intereses y lobbies
Según han indicado desde el Ejecutivo, el régimen de infracciones y sancionador para altos cargos será pionero en España, de acuerdo con el IV Plan de Gobierno Abierto, y reforzará el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que podrá imponer multas “coercitivas” de entre 600 y 1.000 euros.
En cuanto a la participación ciudadana, se busca reforzarla con “auditorías ciudadanas” que permitirán a los ciudadanos, junto con la Intervención General del Estado, evaluar las actuaciones y políticas del sector público estatal.
Por otro lado, los órganos de contratación del sector público podrán obligar a los licitadores a incluir un “pacto de integridad” como condición para su admisión a las ofertas de contratos, a fin de prevenir prácticas corruptas y mejorar la lucha contra este fenómeno.
En relación con los conflictos de intereses, y mientras se tramita en el Congreso la ley de “lobbies”, se definen por vez primera para aplicarlo a todo el personal público mediante un “registro de abstenciones”.
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Asimismo, según el anteproyecto que ahora se someterá a los preceptivos informes consultivos, se aprobará un régimen para prevenir los conflictos de intereses del personal eventual —como asesores cualificados o personal de confianza de altos cargos—, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). El anteproyecto también recoge la idoneidad de este personal, que tendrá que publicar su currículo en el Portal de Transparencia, así como sus declaraciones de actividades y bienes, y también contará con su propio régimen sancionador.
