La defensa del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol alega ante la Audiencia Nacional que tiene marcadores en sangre de la enfermedad del Alzheimer. Lo hace en el escrito que el abogado Cristóbal Martell presentó hace unos días al tribunal que debe juzgar al expresident ya sus hijos por corrupción, adelantado por El Periódico y confirmado por la ACN.
La Audiencia Nacional ya acordó, en virtud de estos escritos, la semana pasada que se haga un reconocimiento a Pujol, de 95 años, de cara al juicio que empieza contra él el próximo 24 de noviembre. El tribunal ordenó a la Clínica Médico Forense del órgano que elaborara un reconocimiento pericial de cara a estudiar la presencia del expresidente en la vista.
El escrito va acompañado de dos informes médicos y la petición para que un forense designado por el tribunal evalúe si el expresidente está en condiciones físicas y mentales de ser juzgado, y en caso de que así sea, propone que declare por videoconferencia desde Barcelona. El juicio arranca el 24 de noviembre y se prevé terminar en primavera.
Uno de los argumentos esgrimidos es que Pujol sufre una “severa alteración de la memoria verbal que le lleva a confundir hechos y personas”. Esto se describe como un “deterioro cognitivo grave” que afecta a múltiples funciones mentales y que es compatible con un proceso neurodegenerativo en fase avanzada. Sin embargo, la defensa del expresidente no reclamó de forma explícita una prueba pericial sobre la capacidad de Pujol para “comprender el objeto de la acusación” y desarrollar su autodefensa, pero los informes aportados ahora por dos médicos apuntan en esta “dirección”. Por eso los abogados del expresidente ven necesario que un forense “evalúe” el deterioro cognitivo y si éste limita “la comprensión de contenidos complejos y su capacidad para comprender la acusación formulada, comunicar eficazmente y afrontar el juicio con garantías”.
Pujol, según sus abogados, tiene reconocido un grado de discapacidad del 75%, lo que de acuerdo con la ley supone una “gran dependencia”. Uno de los informes médicos aportados por la defensa destaca que el expresidente tiene una “severa dependencia funcional para actividades básicas”, una “marcha muy inestable” y una “movilidad reducida”.
Estos son algunos de los aspectos que aconsejarían, en su opinión, el seguimiento telemático del juicio y por el que intentaría evitar el desplazamiento a Madrid, con pernoctación fuera de su domicilio. Pero el escrito añade otras patologías, como la discopatía (deterioro o desgaste de los discos intervertebrales), la escoliosis (curvatura de la columna vertebral), la poliartropatía degenerativa (afección que afecta a múltiples articulaciones, causada por el desgaste progresivo del cartílago) y la úlcera.