Llega el turno del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy, después de que hayan desfilado durante cinco jornadas una cuarentena testigos propuestos en el juicio contra él por revelación de secretos, le toca dar explicaciones.
Los siete magistrados que conforman la Sala escucharán el interrogatorio al que se va a someter el número 1 de la Fiscalía. Por ahora no se sabe si contestará a todas las partes o sólo a la Fiscalía, que pide su absolución, y a la Abogacía del Estado, que ostenta su defensa. En fase de instrucción se negó a contestar a las preguntas de los abogados del denunciante, Alberto González Amador, pareja de Isabel Diaz Ayuso, y del resto de acusaciones populares personadas, como el Colegio de Abogados de Madrid o la asociación de fiscales APIF, entre otros.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este martes saliendo del Tribunal Supremo
Al inicio del juicio, y a preguntas del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, García Ortiz se declaró no responsable de los delitos de los que se le acusa, concretamente el de revelación de secretos y los otros que plantean algunas acusaciones como prevaricación o residualmente el de infidelidad en la custodia de documentos.
García Ortiz siempre ha defendido que él no filtró un correo electrónico que previamente había reclamado del abogado de González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, a la Fiscalía ofreciendo un pacto de conformidad. Esos correos fueron utilizados, según ha mantenido siempre, para elaborar una nota de prensa para contestar a los bulos y desinformaciones que se estaban ofreciendo desde el entorno de Ayuso sobre la labor de la Fiscalía.
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Antes de escuchar al acusado, desfilarán ante el tribunal doce miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que llevaron a cabo el registro en el despacho del fiscal general, por orden del juez del Supremo, Ángel Hurtado. Estos agentes, junto a quienes analizaron el contenido del móvil y correo electrónico, explicarán por qué consideran que García tuvo una “participación preeminente” en la filtración y por qué relacionan el borrado de su teléfono el mismo día que se abrió causa penal contra él con su autoría en el delito. Fuentes próximas al entorno del fiscal reconocen que hoy será un día duro.
Superado el escollo del día: el borrado del teléfono
La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pasaron ayer un nuevo escollo en la acusación contra él por un presunto delito de revelación de secretos por el que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo. Se le acusa de filtrar un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. En la causa no existe la prueba directa de que fuera él quien diese ese correo a algún periodista. Sin embargo, la acusación se ha formado con indicios. Uno de estos era que García Ortiz borró el contenido de su teléfono móvil y de los correos electrónicos referentes a este asunto el mismo día que el Supremo acordó abrir una causa penal contra él.
De ahí que la defensa debe desmontar la tesis recogida por el instructor Ángel Hurtado de que ese borrado es un indicio de su implicación en la filtración. En la sesión de ayer, el fiscal del Supremo, delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo, dio un espaldarazo a García Ortiz explicando que cada fiscal es el responsable último de llevar a cabo el borrado de su teléfono si teme que su contenido puede sufrir algún tipo de brecha de seguridad.
Hidalgo indicó que, si un usuario tiene dudas de que el contenido de sus dispositivos puede estar en riesgo, “tiene la facultad de destruirlo”. “Es muy superior el valor material de los datos que un dispositivo en desuso que va a ser destruido”, añadió ante el argumento de que al fiscal general se le iba a cambiar de dispositivo y, en consecuencia, estaba facultado para borrar todo lo que había dentro. Además, dado el revuelo que había en torno al asunto, podía existir una brecha de seguridad.
“Si el borrado es autorizado por el usuario, no existe una violación de la seguridad. En este caso fue una decisión del responsable del teléfono, consciente y autorizada”, subrayó en su declaración como testigo en la sesión de ayer.
Hildago debía responder a tres cuestiones: una, el borrado del teléfono del fiscal general; la segunda, el uso de un correo particular para recibir y enviar documentos de Fiscalía, y la tercera, si la nota de prensa que autorizó García Ortiz detallando las conversaciones vía e-mail mantenidas entre el fiscal que investigaba a González Amador y su abogado ofreciendo un pacto de conformidad vulneró la confidencialidad.
Respecto del uso de un correo personal, por el que la noche del 13 de marzo recibió los correos –reclamados al fiscal del caso Julián Salto– entre este último y el letrado Carlos Neira –para saber la secuencia de quién había ofrecido tal acuerdo de conformidad–, Hidalgo defendió que no existe ninguna prohibición al respecto. “La recomendación es no hacerlo, pero no se prohíbe. Si alguien, por ejemplo, tiene que hacer una comunicación y la cuenta corporativa no funciona, usará el personal”, dijo.
Respecto del tercer punto, este fiscal del Supremo subrayó que, a su juicio, la nota de prensa que se publicó el 14 de marzo no supuso ninguna violación de seguridad. “Nunca una nota autorizada por la Fiscalía General va a suponer una brecha de seguridad”, añadió.
Los apoyos del fiscal general respiraron un poco más tranquilos después de escuchar el interrogatorio de Hidalgo y el de los periodistas de la cadena Ser y El País, que confirmaron tener conocimiento de los correos filtrados antes de que llegaron a manos del fiscal general.
El periodista de la Ser Miguel Ángel Campos aseguró que él vio el correo en cuestión, de fecha de 2 de febrero, al mediodía del día 13, varias horas antes de que incluso García Ortiz supiera de su existencia. Este es el único periodista que ha reconocido que vio materialmente este correo –aunque no consiguió una copia– antes de la noche del 13.
Campos dejó claro que “el fiscal general no es mi fuente”. Las acusaciones hicieron hincapié en el hecho de que aquella noche le llamara al móvil. El argumento del redactor es que intentaba que alguien le confirmara la información sobre el correo porque la fuente que le dejó leerlo no le dejaba publicarlo. Le llamó pero no le contestó. En el registro de llamadas sale una conversación de cuatro segundos, que Campos sostiene fue debido a que saltó el buzón de voz.
Otro de los periodistas que declaró ayer fue José Manuel Romero, antiguo subdirector de El País. En su declaración fue más tajante. Reconoció una relación profesional con García Ortiz. “No solo mantengo el contacto con el fiscal general del Estado, sino también con magistrados del Tribunal Supremo”, espetó mirando al tribunal de siete magistrados.
Romero relató cómo él sabía, por una fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, el 12 de marzo –día que ElDiario.es da la exclusiva de que el novio de Ayuso ha sido denunciado por fraude fiscal– que González Amador había ofrecido un acuerdo de conformidad. Su fuente se lo dice “en legítima defensa” para negar que aquella denuncia fuese una cacería para dañar a Ayuso y que la prueba era que el abogado había pedido una conformidad. Esta fuente le da el nombre del abogado: Carlos Neira.
Según todas las declaraciones que han ido apareciendo en la causa, García Ortiz desconoce la existencia de ese ofrecimiento hasta el 13 por la noche, cuando El Mundo publica todo lo contrario, que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo. Y ante esa noticia reclama una dación de cuentas a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para saber qué había pasado en ese asunto.
“No tenga ninguna duda de que nosotros ya lo sabíamos” antes de que llegara al fiscal general, concluyó Romero a preguntas de la Fiscalía.
