El Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha fijado para el próximo lunes 17 de noviembre a las 12.00 horas la reunión del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el organismo autonómico que reúne a los consejeros del ramo, que permitirá iniciar el debate sobre la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas, tal como adelantó La Vanguardia este martes.
Esta reunión del CPFF tiene como principal objetivo abordar los objetivos de estabilidad, que son la base de unos presupuestos generales del Estado. Así, Hacienda fijará en esta cita el denominado techo de gasto, es decir, el límite máximo de gasto no financiero que pueden realizar las administraciones públicas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de deuda pública, pero en el orden del día de la reunión también se ha incluido un punto con el objetivo de abordad “el estado de situación” de la reforma del sistema de financiación.
Se trata, por tanto, de iniciar el debate al respecto, no de ahondar en los pormenores del nuevo modelo que está perfilando el Ministerio de Hacienda en congruencia con un acuerdo que se está ultimando con la Generalitat de Catalunya y ERC. En la reunión del lunes se podrán tratar, por tanto, las líneas maestras de la propuesta de reforma del Gobierno, sobre las que el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ya ha hecho algunos trazos en las últimas semanas.
La convocatoria llega tras confirmarse el buen estado de las negociaciones entre el Govern y Hacienda para la financiación singular de Catalunya
Para debatir a fondo el nuevo modelo de financiación con todos los territorios deberá convocarse otra reunión del CPFF que fuentes conocedoras de las negociaciones entre la Generalitat y Hacienda sitúan a finales de año, una vez se haya culminado el acuerdo entre Hacienda y el Govern de Salvador Illa sobre la financiación singular de Catalunya
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El buen resultado de estas negociaciones ha permitido la primera convocatoria del cónclave autonómico, donde Hacienda expondrá los criterios generales del nuevo modelo, de manera que los planteamientos acordados con Catalunya para la financiación singular podrán extenderse al resto de comunidades autónomas. La nueva financiación que propone Hacienda responde al criterio de autonomía fiscal, de manera que podrán ser los territorios quienes podrán gestionar todos los impuestos, empezando por el IRPF tal y como prevé Catalunya.
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Este nuevo sistema basado en un “modelo de administración en red” entre la Agencia Tributaria Española y las respectivas agencias tributarias autonómicas, permitiría a las comunidades recibir la recaudación de los impuestos y distribuir los recursos a la vez tanto para el Estado como a las comunidades autónomas. De esta forma, el Gobierno quiere ofrecer a los territorios la posibilidad de pasar del actual modelo de entregas a cuenta -anticipos y liquidaciones con hasta dos años de desfase- a un sistema de pago real e inmediato, que refleje los ingresos fiscales que les corresponden a las comunidades por los tributos que gestionan.
Las claves de la reforma
Más recursos, autonomía fiscal y “criterios de ordinalidad”
Además, el nuevo modelo contará con una mayor aportación de recursos al sistema por parte del Estado, unos 20.000 millones más, pero está por ver cómo quedaría reflejada una de las demandas de Catalunya, la obediencia al principio de ordinalidad del nuevo sistema.
La aplicación de este principio supone que una comunidad reciba recursos conforme a lo que aporta, y pretende evitar que, por ejemplo, Catalunya deje de ser la 10ª comunidad en recibir cuando es la tercera que más aporta al régimen común. Aunque se trata de algo en que el Govern y Esquerra, han venido defendiendo conforme a su pacto para investir a Salvador Illa, parecen asumir que la idea de que la ordinalidad pura no será posible, si bien el resultado del reparto final obedecerá a “criterios de ordinalidad” y, por tanto, se corregirán los actuales desfases.
Las diferentes posiciones de las regiones del PP, una dificultad añadida
En el CPFF del próximo lunes, el Gobierno quiere explorar la posición de las diferentes autonomías sobre la financiación, un debate altamente complejo si se tiene en cuenta que la mayoría de las regiones están hoy gobernadas por el PP y que estos gobiernos mantienen posiciones dispares sobre el sentido que debería adoptar la reforma. La ministra Montero, consciente de estas diferencias, ha venido reclamando a los populares una “posición única común” en esta materia para favorecer la reforma de un sistema de financiación que data del 2009 y que está caducado desde el 2014.
Esta reclamación evidencia la dificultad que envuelve un debate en el que “cada territorio aspira legítimamente a un modelo en función de sus ventajas o singularidades”, admitía la ministra hace unas semanas, antes de remarcar que la propuesta que está ultimando “cumple con los compromisos, que se basan en la solidaridad y el respeto a la vocación de mayor autogobierno de los territorios”, aseguraba. Las reticencias del PP con los planes de Montero, futura candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, han sido la tónica en los últimos meses, y han tenido un punto culminante en la quita de la deuda -de cerca de 83.000 millones en total- a las autonomías, donde la más favorecida por esta condonación es precisamente la comunidad andaluza.
