El Congreso de los Diputados ha dado este jueves un nuevo paso en la tramitación de la ley de Atención a la Clientela, una de las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Consumo que obliga a las grandes empresas a atender a sus usuarios en las distintas lenguas cooficiales del Estado. La norma ha salido adelante con el respaldo de los socios habituales del Gobierno y, de forma destacada, con el apoyo de Junts, pese al bloqueo legislativo que la formación posconvergente ha anunciado contra la acción del Ejecutivo como respuesta "a los incumplimientos del Ejecutivo con Catalunya".
El respaldo de Junts, justificado por la propia portavoz, Míriam Nogueras, en el sentido de que la nueva realidad entre exsocios impactará en cualquier iniciativa que se presente de ahora en adelante, pero no en aquellas que ya estaban negociadas, ha bastado para neutralizar el rechazo de PP y Vox, que han quedado en minoría frente al bloque de investidura. Un frente que, no obstante, será cada vez más difícil de reeditarse de aquí en adelante.
Lee tambiénSánchez administra el tiempo
El proyecto, impulsado por el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, busca reforzar los derechos de los consumidores frente a la atención deficiente de las grandes corporaciones. Aquellas empresas con más de 250 empleados, una facturación superior a 50 millones de euros o que presten servicios de interés general deberán garantizar atención en todas las lenguas cooficiales y atender al 90% de las llamadas en menos de tres minutos. Además, no podrán recurrir exclusivamente a sistemas automatizados para resolver incidencias o reclamaciones.
La norma se presenta como una de las banderas del nuevo Ministerio de Consumo y pretende fijar estándares mínimos de calidad en la atención telefónica y digital. Con su aprobación en el Congreso, el texto continúa ahora su tramitación en el Senado, donde el Gobierno confía en que no se introduzcan grandes cambios antes de su aprobación definitiva.
Regulación de los juegos de apuestas y llamadas 'spam'
Alguna de las novedades que se introdujeron en la ley a su paso por comisión tienen que ver con la regulación de los juegos de apuestas. En concreto, la ley introduce en la legislación sobre juego la figura del 'influencer'.
Mediante una enmienda pactada entre PSOE, Sumar y ERC, se incluye en la Ley de Juego de 2011 a los “personajes de relevancia o notoriedad pública”, que serán aquellos sujetos que gocen de un “amplio reconocimiento” por la sociedad en su conjunto o, en su caso, por determinados colectivos cualificados en atención a preferencias, aficiones, intereses, profesiones, o cualquier otro criterio que los singularice como colectivo.
Por otro lado, se establece que el uso efectivo de las promociones ofertadas por los operadores sólo se podrá realizar por aquellos de sus clientes que tengan una cuenta de juego abierta durante, al menos, treinta días y hayan sido verificados documentalmente.
También se aprobó una reforma en comisión para prohibir las llamadas spam que se hacen con números de teléfono fijo, de manera que las grandes empresas estarán obligadas a usar un prefijo para sus llamadas comerciales, y las operadoras de telefonía tendrán que bloquear las llamadas que no usen ese prefijo. Las llamadas comerciales sin consentimiento quedarán prohibidas y los contratos que se cierren en estas llamadas quedarán anulados.
