Una semana después de haber anunciado una ruptura total con el PSOE, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha salvado al Gobierno de Pedro Sánchez de una derrota dolorosa en el Congreso de los Diputados. Junts se abstuvo el pasado jueves en la votación de una enmienda del Partido Popular que tenía como objetivo desbaratar el calendario de cierre de las centrales nucleares en España. Todo el circuito informativo de Madrid daba por hecho que Junts apoyaría esa enmienda, para reafirmar la ruptura con Sánchez y también para enfatizar su oposición al cierre, a partir del 2030, de las tres centrales atómicas catalanas (Vandellós, Ascó I y Ascó II), en perfecta sintonía con la patronal Foment del Treball. En el último minuto, Junts se abstuvo y la enmienda, una enmienda táctica introducida por el PP en el Senado, quedó derrotada en el Congreso.
¿Qué pasó? Una hora antes de la votación se había conocido un informe del abogado general de la Unión Europea favorable a la validación de la ley de Amnistía. La decisión corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo (no confundir con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo), que en pocas semanas se pronunciará sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y otras instancias judiciales sobre cómo deben aplicar el derecho de la UE ante la ley de Amnistía. Las instancias principales de la magistratura española son mayoritariamente contrarias a esa ley, validada por el Tribunal Constitucional, y han acudido al TJUE en busca de una sentencia que les permita constreñir su aplicación, sobre todo en lo que se refiere a Carles Puigdemont, el hombre al que querían extraditado, pero que sigue en Waterloo.
El abogado general, Dean Spielmann, considera que la ley de Amnistía no se puede calificar de “autoamnistía” y ha descartado que los gastos del procés independentista catalán afectaran a las finanzas europeas, aunque al mismo tiempo ve algunas disposiciones relativas a la exención de la responsabilidad contable que “podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva”. En su informe, el abogado general sostiene que la ley parece haberse aprobado en “un contexto real de reconciliación política y social”. Los informes del abogado general no son vinculantes, pero suelen orientar las deliberaciones del TJUE. Todavía no hay sentencia, pero ese informe es sin duda una buena noticia para el Gobierno y para todos los partidos que aprobaron la ley en el Congreso. Estamos hablando del principal punto crítico de la actual legislatura.
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Evidentemente es una buena noticia para Junts y Puigdemont. La semana antes –el mismo día que Junts anunció su ruptura con el Gobierno-, habían recibido una noticia adversa de Estrasburgo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimaba que tres líderes independentistas encarcelados después de los hechos del 1 de Octubre del 2017, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sánchez, hubieran visto mermados sus derechos políticos por el hecho de hallarse en prisión provisional. Para el movimiento independentista catalán el marco europeo siempre ha sido una referencia importante. Esa sentencia de Estrasburgo fue leída de manera muy adversa. El informe del abogado general de la UE mueve ahora la balanza. Un aval del TJUE a la ley de Amnistía sería una de esas decisiones de fondo que salen en los libros de historia.
Centrales nucleares y amnistía. El tren de Ascó y el tren de Luxemburgo se cruzaron el jueves por la mañana. En estas circunstancias, Junts tenía que decidir si unía sus votos a PP y Vox, partidos que hace un año gritaban “¡Puigdemont a prisión!” por las calles de Madrid en sucesivas manifestaciones en las que participaron miles de personas. Alberto Núñez Feijóo esperaba el voto de Junts para demostrar que la legislatura está agotada y que a Sánchez no le queda otra opción que convocar elecciones cuanto antes. Las grandes compañías eléctricas obviamente esperaban la aprobación de la enmienda para reforzar sus posiciones tácticas ante el Gobierno en una batalla colosal sobre el modelo energético español, que puede durar años. La patronal catalana Foment del Treball, que mantiene unas excelentes relaciones con Puigdemont y con Junts, también esperaba la aprobación de esa enmienda para reforzar el frente pro-nuclear. Finalmente, Junts se abstuvo.
¿Por qué? Básicamente por una razón: porque no pueden tomar a sus votantes por el pito del sereno. El mismo día que en Bruselas parecen darte la razón, no puedes hacer un favor político a quienes han llamado a meterte en prisión. La política es simulación, ya lo sabemos. “Simula y disimula”, aconsejaba el cardenal Mazarino, gran consejero de los reyes de Francia en el siglo XVII, brillante sucesor del cardenal Richelieu. Política es teatro, puesta en escena. Política es disrupción en la época actual. Pero incluso en las actuales circunstancias el cinismo tiene un límite. Es sorprendente ver estas semanas a algunos medios de Madrid pidiendo el apoyo de Junts para tumbar al
Centrales nucleares y amnistía. El tren de Ascó y el tren de Luxemburgo se cruzaron el jueves por la mañana
Gobierno. Hace un año sugerían la ilegalización de los independentistas catalanes y exigían la inmediata extradición de Puigdemont. Creo que hay gente que toma a sus lectores por idiotas. Quizás no. Quizás esas miles de personas que se manifestaron tan ardorosamente ahora piensan: “Puigdemont, campeón, apruébanos la moción”. Puesto que Junts dice haber roto con el PSOE, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sin embargo, el campeón esta semana no les ha podido satisfacer. La enmienda del PP transportaba demasiado uranio.
Ello no quiere decir que Junts se reaproxime al Gobierno. Con una fidelidad de voto del 38% en el último barómetro del CIS y con el partido de extrema derecha Aliança Catalana pescando en su electorado, especialmente en la Catalunya interior, la antigua Convergència no quiere ser vista como un aliado estable de los socialistas. Nunca lo han deseado. Y ahora menos. Pero ello no significa que puedan rematar de cabeza todos los balones que les lance el PP.
Además de querer aplazar el cierre de la central de Almaraz (Extremadura), los populares habían introducido astutamente una mención a la central de Ascó en la enmienda que se votó el jueves. Pero el cierre de las centrales nucleares catalanas se plantea para 2030, lo cual quiere decir que una decisión definitiva al respecto deberá moldearse en 2028. Las tres centrales nucleares ubicadas en Catalunya son en estos momentos propiedad del Estado italiano (su accionista mayoritario es Endesa, filial de Enel, empresa pública italiana de electricidad controlada por el Tesoro de ese país), y producen la mitad de la energía eléctrica que consume la sociedad catalana. En los últimos diez años, los diez años del procés, Catalunya ha avanzado poco en la implantación de las energías renovables, de manera que sólo caben dos alternativas: prorrogar la vida de esas tres centrales, o empezar a construir nuevas líneas de alta tensión que conecten con Aragón, en estos momentos la pila eléctrica de España, por su intenso desarrollo de los parques de energía renovable en un territorio notablemente despoblado.
La amnistía sigue siendo un asunto nuclear en la política española, y hay una creciente campaña en favor de la amnistía a la energía nuclear
Las compañías eléctricas han pedido formalmente al Gobierno la prorroga de Almaraz, que debería cerrarse en 2027. Prorroga hasta 2030 para negociarlo todo en un paquete más grande. El paso siguiente consistirá en un dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear y después deberá pronunciarse el Ejecutivo, que ahora está incomodo ante este asunto. El gran apagón del 28 de abril del 2025 ha abierto una auténtica batalla campal en el sector energético y el PP ha convocado elecciones anticipadas en Extremadura para el próximo día 21 de diciembre, elecciones en las que la prorroga de Almaraz tendrá un lugar destacado.
La enmienda del PP no habría sustituido el preceptivo dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, pero sí habría introducido más presión en este asunto, propinando una severa derrota al Gobierno. La ley de Amnistía sigue siendo un asunto nuclear en la política española. Y hay una creciente campaña en favor de la amnistía a la energía nuclear.
