Hay un movimiento en el juego del ajedrez que se llama el rey ahogado. Es un movimiento que impide el movimiento. El rey no se halla en jaque, pero no puede moverse puesto que todas las posiciones que tiene a su alcance se hallan amenazadas. Rey ahogado significa tablas. Empate. Los ajedrecistas experimentados buscan que el adversario les ahogue cuando están a punto de perder la partida. Es el último recurso.
La política presenta no pocas similitudes con el juego del ajedrez, pero el reglamento del ajedrez no organiza la política. El último movimiento de Junts per Catalunya en el tablero parlamentario amenaza con ahogar al Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo no estaría en jaque mate, puesto que Junts no quiere apoyar –por el momento- una moción de censura encabezada por el Partido Popular y Vox, pero no podría aprobar nada en el Congreso, ya que los siete diputados de la formación que dirige Carles Puigdemont bloquearán todas las iniciativas legislativas del Ejecutivo, sean cuales sean, mediante la presentación de enmiendas a la totalidad. Una situación inédita.
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Junts no se atreve a dar sus votos a PP y Vox para que prospere una moción de censura. Por ahora no se atreve. No quiere dar ese paso, porque hace apenas un año ambas formaciones gritaban a pleno pulmón “¡Puigdemont a prisión!” por las calles de Madrid en protesta por la ley de Amnistía. Hubo un montón de manifestaciones contra la amnistía en Madrid y en otras ciudades española entre octubre del 2023 y junio del 2024. Aunque el gen convergente ha demostrado a lo largo de la historia una gran plasticidad y una notoria capacidad de pacto con unos y con otros, Junts aún se resiste a derribar al Gobierno en compañía de Santiago Abascal. Los gritos de esas manifestaciones todavía resuenan y la ley de amnistía aún no se ha aplicado a Puigdemont, puesto que el Tribunal Supremo ha presentado casi todos los recursos que estaban a su alcance.
El electorado nacionalista catalán se halla dividido. Una parte significativa de los votantes de Junts prefiere a Sánchez antes que a Núñez Feijóo. Un 30% de los votantes de Junts expresan esa opinión. Otro dato a considerar es la baja fidelidad de voto a Junts en estos momentos: un 38%, tan baja como la de Sumar (37%). Sus votantes están muy indecisos. Hay una escisión social en marcha. Junts conserva fibras de centroizquierda, mientras que mucha de su gente siente la tentación de viajar a Ripoll para sumarse a Silvia Orriols, alcaldesa de mirada adusta que convoca al ‘català emprenyat’ a agruparse bajo la divisa azul de Aliança Catalana, el nuevo partido que defiende la independencia exprés, el repudio a los dirigentes del procés por cobardes, y la expulsión masiva de los inmigrantes musulmanes.
Consideran que Catalunya y la lengua catalana están en peligro a consecuencia de la presión migratoria
Se sienten engañados. Creen que Catalunya y la lengua catalana están en peligro a consecuencia de la presión migratoria. Encarnan un nuevo resentimiento comarcal hacia Barcelona, la capital babilónica ocupada por los turistas, a la que cada vez es más caro enviar a los hijos a estudiar; esa Barcelona que sigue votando de manera preferente a las izquierdas, ayer a Ada Colau, ahora, de nuevo a los socialistas. Esa Barcelona metropolitana que frenó de manera decisiva al movimiento independentista en 2017. Al diluirse el procés –disolución acelerada por los indultos y la ley de Amnistía- las tensiones que este complejo movimiento encauzaba ahora se expresan de otra manera, dando pie a un repliegue identitario con consignas de extrema derecha. La muerte del procés está reorganizando la política catalana.
En resumen, una parte significativa de los electores de Junts no aprobaría que Puigdemont hiciese caer a Sanchez aliándose con PP y Vox. Y otra parte pide más agresividad contra las izquierdas, de acuerdo con la sinfonía que se escucha en casi toda Europa. Abajo las izquierdas metropolitanas, abajo el impuesto de sucesiones, mano dura con los inmigrantes, sean latinoamericanos, africanos o magrebíes, sobre todo si son magrebíes. Ese es el reclamo de la foresta a los hijos y nietos del pujolismo. Aliança Catalana amenaza quitarle un 25% de los votos a Junts en las próximas elecciones municipales, especialmente en la Catalunya interior. Podría ser un boquete muy grande, capaz de inhabilitar a Junts para disputarle a los socialistas la presidencia de la Generalitat. Es el patrón que se repite una y otra vez, una y otra vez, en la mayoría de los países europeos y en los Estados Unidos: el campo contra la ciudad.
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Aliança Catalana representa a los nacionalistas más enfadados y desencantados y Vox pesca en el área metropolitana. Ambos partidos sumarían hoy un 25% en Catalunya, un porcentaje nada desdeñable. Ambos partidos se retroalimentan. Aliança Catalana amplifica el discurso de Vox sobre la inmigración, y Vox se abstiene de criticar demasiado a Aliança Catalana por su retórica independentista. A medida que sus expectativas electorales crecen, el nuevo partido que encabeza la señora Orriols quita gas al discurso independentista para captar enfados de distinta procedencia. No es descabellado pensar que Aliança Catalana pueda convertirse en la segunda fuerza política catalana en unas próximas elecciones al Parlament. Hay mucha alarma en Junts. Y en ese delicado contexto, Puigdemont decide embestir al Gobierno que le ha amnistiado, sin ponerse, por ahora, en la casilla de la moción de censura.
La ruptura de Junts con el PSOE anunciada hace una semana pasó sin pena ni gloria. La opinión pública estaba pendiente del primer aniversario de la tragedia de Valencia, de la dimisión de Carlos Mazón y de la agitada agenda judicial en Madrid, entre otros asuntos, de manera que el gesto de los nacionalistas catalanes adquirió un cierto perfil bajo. Una semana después han querido alzar de nuevo la voz y es significativo que lo hayan hecho el mismo día en que se conocía una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos adversa a las tesis independentistas. Esa sentencia niega que los derechos políticos de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Turull hubiesen sido vulnerados por el Estado español como consecuencia de su estancia en prisión preventiva. Es una resolución no esperada por los independentistas. Han intentado taparla. A primera hora de la mañana del jueves, antes de que la noticia del Tribunal de Estrasburgo se consolidase en primer plano, Miriam Nogueras comunicaba a la prensa que el Gobierno quedaba bloqueado. Sería temerario afirmar que esa sentencia preanuncia una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos totalmente favorable a la justicia española en la demanda del independentismo que pide la nulidad del juicio llevado a cabo en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del juez Manuel Marchena, pero podemos estar seguros que no era el aperitivo esperado.
Probablemente el discurso de bloqueo de Junts no hará otra cosa que alimentar a Vox y Aliança Catalana
La validación de los procedimientos de la justicia española en sede europea debilitaría el discurso preferido por Puigdemont, el de la ‘radicalidad democrática’ ante un Estado español que no acaba de ser democrático. Si ese discurso se debilita, Junts se queda sola, cara a cara, con Aliança Catalana en el terreno trumpista. (Es significativo reseñar como Puigdemont valoraba hace unos días de manera positiva el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York. El ex presidente de la Generalitat evitaba dar apoyo a las tesis socialistas del nuevo alcalde, pero elogiaba su ‘radicalidad democrática’).
El discurso de la ‘radicalidad democrática’ puede convertirse en frágil pieza de porcelana ante el empuje del dueto Aliança Catalana-Vox, que no dicen exactamente lo mismo, pero suena como si dijesen lo mismo. Junts quiere sortear esa fronda golpeando fuertemente a los socialistas, para que quede claro que no son un partido subordinado a la izquierda. Por eso amenaza con bloquear al Gobierno. Muy probablemente ese discurso de bloqueo no hará otra cosa que alimentar a Vox y Aliança Catalana, partidos que intentan cabalgar la ola antipolítica que hoy recorre la sociedad.
El PSOE deberá decidir en los próximos meses qué hace con la legislatura. Primero presentará los presupuestos generales del Estado para el 2026 y si estos son bloqueados deberá tomar una decisión. En paralelo, el Partido Popular se ha complicado la vida propiciando una serie de elecciones autonómicas que parecen haber escapado al control de Alberto Núñez Feijóo. Las querían concentrar en marzo y han acabado dispuestas en línea, una detrás de otra (Extremadura, Castilla y León, quizás Aragón, y más tarde Andalucía), mientras se dilucida la sucesión de Carlos Mazón en Valencia. En todas esas elecciones se pondrá a prueba la solidez del PP ante el empuje de Vox. Una vez ese turno electoral haya concluido, Sánchez deberá decidir qué hace. Las elecciones generales podrían ser en otoño del 2026. Y entonces Junts tendría otro problema: decidir con qué programa acude a un Parlamento que desprecia. Y después vendrán las temidas elecciones municipales, en las que en muchos pueblos catalanes el dilema será votar o no al partido de Silvia Orriols, personaje gótico de la Catalunya románica.
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La lógica del ajedrez nos dice que el PP debería ahora intentar atraerse a Junts de manera discreta, ofreciendo a Puigdemont la plena aplicación de la ley de Amnistía y garantías de que no tendrá problemas si las dos derechas suman mayoría en la próxima legislatura. ¿Se halla Feijóo en condiciones de ofrecer esas garantías? El que pueda hacer que haga, y el que pueda moverse que se mueva. El curso de la historia fabrica muchas veces jocosas ironías.
