El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia. Después de seis sesiones, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, anunció ayer el final del proceso. Los siete magistrados se encerrarán ahora para dictar resolución de absolución o condena por un delito de revelación de secretos.
García Ortiz ha acabado “reventado” de dos semanas de máxima tensión dentro y fuera de la Sala. Hoy volverá a su despacho de la calle Fortuny para ejercer como fiscal general del Estado.
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Durante las dos semanas de juicio, no ha estado solo. Todos los días, los bancos del público se han llenado con miembros de la Fiscalía, abogados y otras personas que han acudido a apoyarle, convencidos de su inocencia.
El futuro del número uno de la Fiscalía queda ahora en manos del Supremo. Si es condenado, habrá acabado su carrera de fiscal. Quedara inhabilitado para ejercer. Además, podría verse obligado a pagar una cuantiosa multa -Alberto González Amador le reclama 400.000 euros- e incluso podría llegar a enfrentarse en el caso más extremo a una pena de cárcel.
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García Ortiz no quiso utilizar su derecho a la última palabra. Su abogado acababa de reclamar su inocencia. “No hay absolutamente ninguna prueba contra el fiscal general porque no puede haberla”, espetó.
Durante la última sesión, cada una de las parte expuso las razones para pedir una condena o una absolución. Las acusaciones mantuvieron la petición de penas de hasta cuatro años de cárcel, la indemnización y una multa. Después de una cuarentena de testigos, nadie cambió de postura.
El abogado de la acusación cree que la filtración formó parte de un plan político contra Díaz Ayuso
La acusación estuvo liderada por el abogado de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Gabriel Rodríguez Ramos cree que el fiscal general es el responsable de la filtración de un correo enviado por el anterior abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid en el que ofrecía un pacto de conformidad para evitar un juicio por fraude fiscal.
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El letrado sostiene que hay una veintena de indicios que apuntan al fiscal general. Su postura es que esta filtración formó parte de un plan político contra Díaz Ayuso. Considera que además hubo “unidad de acción” con la nota de prensa publicada por Fiscalía posteriormente.
A su criterio, García Ortiz filtró el correo el 13 de marzo de 2024 para publicar una nota de prensa al día siguiente explicando cómo González Amador había ofrecido un pacto reconociendo dos delitos fiscales. Al existir una filtración previa, en la nota oficial no se cometía un delito de revelación de secretos porque éste desaparece una vez que el secreto ya ha sido revelado.
Fin de la tensión
Una vez que el presidente del tribunal, anunció el final del juicio, la tensión se esfumó. Los abogados se acercaron a los miembros del tribunal para darles la mano, al igual que entre fiscales y abogados del Estado. Entre ellos se dieron la enhorabuena por el trabajo realizado. Incluso el abogado del Estado que defendió el informe final, José Ignacio Ocio, se acercó al abogado acusador, Gabriel Rodríguez Ramos, para darle un abrazo. Una vez finalizado el juicio, todos vuelven a ser abogados. Los allí presentes respiraron aliviados al acabar el juicio.
Ha sido una vista de alto voltaje. No ha dado pie al aburrimiento. Algunos interrogatorios de testigos provocó la intervención del presidente. Abogados que en vez de preguntar entraban al cuerpo a cuerpo con los testigos; testigos que se enfrentaban al abogado; ataques de unos hacia otros y viceversa. ¿Delito o política?
Una nota y una filtración que, a su juicio, “arrasaron” la presunción de inocencia de González Amador, quien está pendiente de ser enjuiciado por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental por un fraude a Hacienda de 350.000 euros.
Después de desfilar el resto de acusaciones, y la teniente fiscal, que defendió la absolución de su jefe, llegó el turno del abogado del Estado. Tres ideas básicas de su informe: el registro en el despacho del fiscal general fue nulo porque la Guardia Civil se llevó una copia de la “totalidad” del contenido de su teléfono y correo cuando el juez había delimitado la intervención al periodo entre el 8 de marzo al 30 de octubre.
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Segunda idea: seis periodistas han declarado que García Ortiz no fue la fuente que les hizo llegar el contenido del correo. Y tercera idea: mucha gente accedió al correo filtrado. Entre ellos, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Esta última, lo recibió cinco minutos antes que él. “¿Por qué no pudo ser ella?”, lanzó veladamente el letrado.
El letrado de la defensa apunta a Lastra: “¿Por qué no pudo ser ella?”, lanzó veladamente
Y ahondó en ese argumento: “el fiscal general no filtró ese correo porque esa filtración vino de “una fuente más que solvente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid; lo hemos dicho pero no se nos ha hecho caso”, sentenció.
