Junts tumbará, como ya hizo en el 2024, la senda de déficit aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este jueves está previsto que se vote en el Congreso y la formación de Carles Puigdemont, que el mes pasado anunció la ruptura con el PSOE, se posicionará en contra. “Nuestro voto no va a variar porque es la misma senda del año pasado y no otorga mayor margen a las comunidades autónomas ni a las corporaciones locales”, señalan fuentes de la formación consultadas por este medio.
El concurso del grupo que comanda Miriam Nogueras, tras la abstención anunciada este martes por Podemos, es necesaria para que la senda de déficit salga adelante. Además, la diputada de Compromís Agueda Micó, que forma parte del grupo mixto, también ha desvelado que no apoyará la senda que aprobó la semana pasada el Ejecutivo central. Lo que no ha aclarado es si se abstendrá o si votará en contra, como también harán PP y Vox.
En Junts consideran que con el margen de déficit que se deja a las comunidades y ayuntamientos, se empobrece más a Catalunya. “Se asignan a Catalunya 90 céntimos de deuda de cada 100 euros que se permiten a España desde la Unión Europea”, lamentan desde JxCat. “Es un empobrecimiento más de nuestro país”, añaden las fuentes consultadas, que destacan que es “irrelevante” aparecer en el panel electrónico que recoge los votos de la Cámara Baja junto a PP y Vox puesto que su postura, defienden, tiene que ver con favorecer los intereses de los catalanes. “Lo significativo de nuestro voto es que no permitiremos que el PSOE siga asfixiando a Catalunya”, afirman al respecto estas fuentes.
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Asimismo, la formación posconvergente denuncia la infrafinanciación y la baja ejecución presupuestaria del Gobierno en Catalunya. “El resultado de esta manera de hacer un año tras otro se ve al salir a la calle: no hay vivienda pública, el transporte público es tercermundista, un sistema sanitario al límite del colapso, el sistema educativo manifestándose, los impuestos más altos que nunca...”, argumentan los posconvergentes.
Aprobar el techo de gasto y el objetivo de déficit es el paso previo, aunque no imprescindible, para la elaboración de los presupuestos generales del Estado, la ley más importante de cualquier gobierno y que JxCat también cuenta con tumbar en caso de que llegue a la Cámara un proyecto del Gobierno.
JxCat considera que se empobrece a Catalunya al no dejar más margen de déficit a las comunidades y ayuntamientos
Si el Congreso de los Diputados rechaza este jueves los objetivos, la ley de Estabilidad Presupuestaria contempla que el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá una nueva senda de déficit que se someterá al mismo procedimiento. En caso de que el Congreso vuelva a rechazar los objetivos de déficit por segunda vez, el Ejecutivo tendría que elaborar el proyecto de ley de presupuestos con los objetivos contemplados en el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo 2025-2028 que se pactó con Bruselas hace un año.
Así pues, para el 2026, las administraciones públicas tendrían que cumplir con un déficit del 2,1%. El Estado sumaría una décima más, hasta el 1,9%, mientras comunidades autónomas y ayuntamientos deberían cerrar el ejercicio en equilibrio presupuestario.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró la semana pasada que su objetivo era presentar los presupuestos del próximo año a “principios o mediados del primer trimestre”, para intentar tenerlos aprobados en abril o mayo. Este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá negociando la senda de estabilidad “hasta el último momento”, aunque también ha admitido que “es posible” que pueda naufragar.
En julio del 2024, el grupo de JxCat en Madrid ya tumbó la senda de déficit que aprobó el Ejecutivo central y, aunque unos meses después, el Ministerio de Hacienda volvió a aprobar la misma senda, ante la negativa de los posconvergentes a aprobarla, no se volvió a votar en el Congreso. El Gobierno retiró la votación a última hora y hubo una prórroga presupuestaria. Entonces, como ahora, Junts denunciaba que el Gobierno no dejaba más margen de déficit a las comunidades y los ayuntamientos y que se reservaba para sí la mayor parte del déficit que permite la normativa europea.
