De domingo a domingo. Vale la pena detenerse en el recorrido de la semana. El río de la política española baja tan impetuoso que no da tiempo de reparar en afluentes y meandros. Hoy está convocada una manifestación del PP contra Pedro Sánchez, pero el domingo pasado hubo otra de diferente signo.
Fue una concentración muy menor en número, pero curiosa. Unos centenares de personas protestaron ante el Tribunal Supremo por haber condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, aún pendiente de juicio por presunto fraude fiscal, entre otros posibles delitos. Una condena de la que aún no se conocen las motivaciones, puesto que se avanzó antes de redactar la sentencia, justo para evitar filtraciones. Entre los presentes en aquella concentración estaba el exjuez Baltasar Garzón, que fue inhabilitado por el Supremo en 2012, en la primera condena que se dictó en relación con el caso Gürtel, no por estar implicado en esa red de corrupción del PP sino por haber ordenado escuchas telefónicas entre los cabecillas de la trama encarcelados y sus abogados. Garzón se considera víctima del “lawfare ”, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestimó su demanda. Garzón es pareja de Lola Delgado, que también estaba allí, ex ministra de Justicia con el PSOE y la persona que apadrinó el nombramiento del fiscal general ahora condenado.
Delgado fue ministra de un Gobierno que luego la designó fiscal general. Del Consejo de Ministros volvió a vestir la toga. Solo había un antecedente, el de Javier Moscoso en los años 80, con Felipe González. El sector conservador de la carrera fiscal la recibió de uñas. Su sustitución por García Ortiz no alivió la tensión interna en la Fiscalía, como se ha comprobado durante el juicio. Tras la condena de García Ortiz, el Gobierno avisó que impondría un perfil progresista, un claro mensaje a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y a los críticos de la Fiscalía, entre ellos los que pidieron penas por rebelión a los líderes independentistas y que no se les aplicaran medidas de gracia. El ministro Félix Bolaños recibió bastantes propuestas sobre posibles nombres para sustituir a García Ortiz y el de Garzón salió varias veces. Habría sido toda una declaración de guerra. Garzón tiene una larga lista de enemigos en el mundo judicial, pero además tres de los magistrados que le condenaron en su día forman parte del tribunal que ha condenado a su vez a García Ortiz. El Ejecutivo optó por Teresa Peramato, progresista, defensora de la ‘ley del solo sí es sí’, pero difícilmente atacable desde un punto de vista profesional.
Al ministro Bolaños le llegaron peticiones para declarar la guerra al TS y nombrar a Garzón
Sin embargo, las heridas y las inquinas siguen ahí. La Unión Progresista de Fiscales difundió el viernes un comunicado en el que acusa al Supremo de “violencia institucional” por no publicar aún la sentencia del fiscal general. El mismo día, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura denunciaba la “intromisión” de Sánchez en el Poder Judicial por defender la inocencia de García Ortiz. En un acto, su presidenta, María Jesús del Barco miró al ministro Bolaños y le espetó: “Para atentar contra nuestra independencia, nos vas a tener de frente”. No está mal. Mientras, los fiscales que llevan los asuntos del hermano y la mujer de Sánchez y han rechazado sus procesamientos, han visto deteriorarse de forma notable sus relaciones con el mundo judicial.
Baltasar Garzón y Lola Delgado, en la concentración ante el Supremo
Hace unos meses el PP creyó que todo esto haría caer al Gobierno, bien porque el propio presidente sucumbiría a la presión o bien porque su mayoría parlamentaria le exigiría elecciones. Pero la condena al fiscal general ha certificado que no es así. Poco a poco, los populares han llegado a la conclusión de que la única forma de tumbar a Sánchez es el desgaste continuado. Tal como ha sostenido José María Aznar, la estrategia es la del desgaste político y social. De ahí las manifestaciones como la de hoy en el templo de Debod de Madrid, convocada por Alberto Núñez Feijóo a raíz del encarcelamiento de José Luis Ábalos y su escudero Koldo García.
Fejóo ha convocado una protest a sin las siglas del partido para atraer a otros votantes, pero Vox deja claro que siempre puede ir más allá y su facción juvenil ha convocado una protesta ante la sede del PSOE en Ferraz, a diez minutos a pie del templo de Debod, a la que no irá en principio Santiago Abascal porque ni falta que le hace. La de hoy es la séptima manifestación convocada por el PP contra Sánchez en esta legislatura. Las primeras fueron contra la amnistía a los independentistas.
Para Sánchez, la única vía de responder a la presión del PP es recuperar la interlocución con Junts
Feijóo con Sánchez-Llibre, esta semana en Barcelona.
Las manifestaciones son la respuesta a una situación “de extrema gravedad”, pero también la consecuencia de la imposibilidad de echar a Sánchez mediante una moción de censura mientras Junts o el PNV no decidan cambiar de bando. La relación del PSOE con Carles Puigdemont se ha roto, pero de ahí a apoyar a un partido que ha hecho lo imposible para que no pueda regresar o que impide que el catalán sea oficial en Europa, media un abismo. A Aznar no le gusta que su partido insista en pedir el apoyo de Junts, ya que además de estéril, abona la fuga hacia Vox. Pero el atajo es tentador. Feijóo acudió el viernes a Barcelona para reunirse con Foment del Treball, la patronal de Josep Sánchez-Llibre, una de las personas que mantiene línea directa con Puigdemont, y allí sacó de nuevo a relucir la moción de censura y pidió ayuda a los empresarios para convencer a Junts de que la apoye.
Es cierto que la erosión del Gobierno de Sánchez no viene tanto de las causas judiciales ni de las protestas en la calle, sino de la pérdida de la mayoría parlamentaria. Aunque el Gobierno sostiene que salva muchas votaciones, el plante de Junts es una losa mayor de lo que inicialmente quiso aparentar la Moncloa. La imposibilidad de aprobar ni un solo Presupuesto en toda la legislatura supone un lastre político innegable. Así que recuperar la interlocución con Puigdemont se presenta como uno de los pocos frentes en los que Sánchez aún tiene margen para responder a la oposición en el Congreso y obligar a Feijóo a convocar más manifestaciones como la de hoy en esta mutua guerra de desgaste.
Lee tambiénDel 'català emprenyat' al 'on anirem a parar!'
