Jueces y políticos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Controlaremos la Sala Segunda (del Supremo) desde detrás”. Este mensaje de WhatsApp enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el 2018 en plenas negociaciones para elegir presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS) fue toda una declaración de intenciones. Ese mensaje dilapidó la maniobra del partido que lideraba entonces Pablo Casado para nombrar a Manuel Marchena máximo representante del Poder Judicial.

Aquel año llegó Pedro Sánchez a la Moncloa tras una moción de censura. Hacía tiempo que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, estaba haciendo un giro respecto del poder judicial. Hasta ese momento, los representantes políticos se cuidaban mucho de hacer críticas a las resoluciones judiciales, pero desde el 2017, el jefe de los morados había utilizado la estrategia del choque. Esto provocó algún que otro comunicado del CGPJ pidiendo respeto a los jueces.

Esta escalada que fue en aumen­to, ya siendo Iglesias vicepresidente del Gobierno, y a la que se fueron sumando los líderes independentistas primero y después el propio Gobierno, sobre todo en los tres últimos años, ha llegado a su punto álgido con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Miembros del Ejecutivo han calificado la sentencia de “injusta” e incluso la vicepresidenta, Yolanda Díaz, ha acusado al poder judicial de “intervenir en política”.

Este choque de trenes se ha producido por una desconfianza mutua que ha ido en aumento y que ha acabado con acusaciones de lawfare por un lado y de intento de asaltar la justicia e intromisión en las resoluciones judiciales por el otro. La política de desgaste por parte de ambos lados ha llegado a un nivel de asfixia judicial y política nunca antes visto.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? En el 2017 se juntó la política de ataque al poder judicial por parte de Podemos –que llegó a convocar una manifestación frente al Supremo– con el procés , que conllevó una querella por rebelión firmada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y con los principales líderes encarcelados. El expresident Carles Puigdemont huyó a Bélgica y desde allí ha mantenido una batalla judicial y dialéctica contra los jueces, con la diana puesta principalmente en los del Supremo, Manuel Marchena y Pablo Llarena.

El cuerpo a cuerpo tardó en llegar, aunque hubo algunos amagos. Así, siendo Dolores Delgado ministra de Justicia y recién aterrizada en el cargo, denegó que la Abogacía del Estado defendiese a la juez Llarena en una demanda interpuesta por Puigdemont en Bélgica. En el mundo judicial se vio aquello como un aviso a navegantes y como una concesión a Junts en perjuicio de los jueces.

Sin embargo, los miembros del Gobierno todavía se abstenían de hacer críticas públicas a jueces por sus resoluciones. La carrera de obstáculos real comenzó con la sentencia del procés, que condenaba a sus líderes por un delito de sedición en concurso con una malversación de caudales públicos por organizar un referéndum ilegal para llevar a Catalunya a su independencia. El Supremo dictó la sentencia en octubre del 2019 y un mes después había elecciones generales. Sánchez logró proclamarse presidente del Gobierno en coalición con Podemos y el apoyo de varios partidos, entre ellos Esquerra Republicana.

En estas negociaciones políticas entró un paquete de decisiones que afectaban de lleno a la justicia. En el 2021, el Gobierno, con Juan Carlos Campo de ministro de Justicia –después nombrado magistrado del Tribunal Constitucional–, concedió indultos a Oriol Junqueras y al resto de los condenados por sedición. Lo hizo en contra del criterio del Supremo y de los cuatro fiscales que les habían acusado. Aquello se vivió dentro y fuera del Alto Tribunal como un intento de cuestionar la sentencia, que después debía ser revisada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sánchez comenzó a hablar de “reconstrucción” y de “desinflamar”.

A finales del 2022, el Gobierno impulsó la derogación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación con ERC para poner fin a la inhabilitación de Junqueras y el resto de los condenados, pena que no había sido indultada. Sin embargo, todos esos intentos se han ido frenando con interpretaciones contrarias del Alto Tribunal.

En esos años, además, PSOE y PP no se ponían de acuerdo para renovar el CGPJ, con el mandato caducado desde el 2017. La presión iba en aumento, y en ese 2022, su presidente, Carlos Lesmes, dimitió del cargo para forzar la renovación y evitar la erosión que se estaba provocando en el seno del órgano. El movimiento no surtió efecto y, por el contrario, desde dentro del Consejo se forjaron posturas cada vez más beligerantes con el Gobierno con duros comunicados de la mayoría conservadora.

A esto se añade que en el 2020, Sánchez había optado por elegir a la ministra Delgado como nueva fiscal general, que dimitió de su cargo dos años después. Dejó de sustituto a su mano derecha, Álvaro García Ortiz, que tampoco fue bien recibido.

Una de las tesis del Ejecutivo es que las altas instancias del poder judicial están controladas por magistrados y fiscales conservadores. En ese intento por dar la vuelta a la tortilla, García Ortiz realizó una serie de nombramientos, alguno de ellos recurridos ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, que llegó a dictar en el 2023 que el fiscal general había cometido una “desviación de poder”. Más leña al fuego.

En esa época llegó la ley estrella de la ministra de Igualdad Irene Montero, la conocida como ley del solo sí es sí , impulsada a raíz de la sentencia de La Manada, que supuso fuertes ataques al tribunal. La ley conllevó otro encontronazo entre el Ejecutivo y el Supremo, y se llegó a calificar a los jueces de “machistas” por rebajar las penas de agresores sexuales por su interpretación de la norma.

Llegó el 2023, nuevas elecciones y nuevo Gobierno de Sánchez. Para lograr el apoyo de Junts se aprobó la amnistía al procés en el 2024 y se llegó a recoger en un documento la existencia de lawfare . Aquello fue un punto de inflexión para el mundo judicial, que interpretó que se dejaba la justicia a los pies de los caballos a cambio de la Moncloa. El fiscal general quitó a los cuatro fiscales del procés, contrarios a la amnistía, para designar a su teniente fiscal como defensora de la ley de olvido. Aun así, el Supremo se negó a aplicarla a Puigdemont y al resto de los líderes. Todo ello, pese a que el Constitucional, ya este año, dio su visto bueno a la ley, con el PP acusando a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, de haber pactado la sentencia con el Gobierno. Con todo, en el 2024, PP y PSOE lograron renovar el CGPJ y se repartieron a partes iguales los veinte vocales. La solución ha sido muy poco efectiva.

En el mismo año, un juez imputó a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; otra jueza, a su hermano, David, y la Audiencia Nacional inició una investigación en el seno del Ministerio de Transportes, conocida como el caso Koldo. Este año todo ha ido a peor. El Supremo ha encarcelado a dos ex secretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en libertad, y José Luís Ábalos, la justicia ha acordado llevar a juicio al hermano de Sánchez; el ministro Félix Bolaños ha planteado una reforma de la justicia que llevó a los jueces a la huelga, y el jefe del Ejecutivo ha llegado a decir que hay jueces haciendo política.

El último eslabón del choque institucional entre dos poderes del Estado ha sido la condena al fiscal general del Estado, cuya sentencia aún no se conoce. En un mes acaba el año y empieza el 2026. No promete ser mejor.