Pedro Sánchez trata de insuflar hálito a su precaria mayoría parlamentaria para evitar que se instale un bloqueo que le obligue a adelantar las elecciones generales. El Gobierno necesita aprobar en las Cortes algunas reformas estructurales para recibir los últimos pagos de los fondos europeos, que son el dopaje que impulsa a la economía española y que facilita que Sánchez disponga de recursos aunque no apruebe los Presupuestos. Con ese objetivo, eludir la parálisis, el presidente dio un giro copernicano esta semana para recomponer la relación con Junts. O sea, para dar aliento a la legislatura.
La formación de Carles Puigdemont había dinamitado todos los puentes. El anuncio de la ruptura fue acogido por el Gobierno con apelaciones a la mano tendida y a recuperar la confianza, aunque sin dejar entrever demasiada preocupación. No era la primera vez que el partido independentista tensaba la cuerda. Pero en los días siguientes el PSOE fue comprobando que nadie cogía el teléfono. Hace justo un año Puigdemont exigió a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza. Para sacar a ambos partidos de aquel atolladero fueron necesarios dos meses y que el mediador internacional pidiera por escrito a Junts que diera otra oportunidad al diálogo.
Esta vez no era posible recurrir a la misma argucia, puesto que se habían interrumpido las reuniones en Suiza. Ni las llamadas, ni los encuentros por los pasillos con diputados de Junts, sirvieron para recuperar la comunicación. El presidente dio instrucciones a su equipo de impulsar todos los asuntos pendientes con la formación independentista, pero faltaba enviar un mensaje, un gesto público. De ahí las dos entrevistas que Sánchez ofreció el martes, en RAC-1 y TVE, previas al Consejo de Ministros en el que se aprobarían demandas de Junts como la flexibilización de la capacidad inversora de los ayuntamientos o el retraso en la puesta en marcha de la nueva facturación electrónica a los autónomos. Se trataba de acompañar las buenas palabras de algunos hechos. Esta semana también se ha acordado el aumento de penas a los multirreincidentes y se trabaja en crear ayudas a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamientos a familias vulnerables, a petición de Junts.
El Gobierno necesita apoyo para aprobar reformas que desbloqueen fondos europeos
La idea de hacer un gesto de reconocimiento de los incumplimientos y de voluntad de enmienda fue anterior a la entrada en prisión de José Luis Ábalos, aunque posterior a la condena del fiscal general del Estado. Se decidió antes de que Alberto Núñez Feijóo pidiera a los empresarios catalanes que convenzan a Junts de que apoye una moción de censura. Pero todos esos factores reafirmaron a Sánchez en su intención de dar un paso que no todos en su entorno veían claro, puesto que favorecía que la oposición le acusara de humillarse ante Junts y podía salir mal si Puigdemont daba un portazo.
Miriam Nogueras en la rueda de prensa celebrada esta semana en Barcelona
En el Gobierno están satisfechos con el resultado porque Miriam Nogueras dejó abierta la puerta a cierta reconciliación si se cumplían algunas exigencias en las próximas semanas. Enero será un mes clave para el Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará el nuevo modelo de financiación en enero si alcanza un acuerdo con ERC, que ya está bastante avanzado. Los republicanos saben que recibirán críticas de Junts porque se trata de un sistema común para todas las autonomías, no tan singular como se anunció, pero esperan que el montante a recibir, que superará los 4.000 millones, y el puesto que se ocupe en relación al resto, sirva para convencer a su electorado de que la negociación ha valido la pena. Si es así, ERC empezará a hablar con el Gobierno sobre los Presupuestos, que también se presentarán en enero.
Las posibilidades de que Junts apoye las cuentas son remotas. Ni siquiera en caso de avances en algunas de sus exigencias aún no materializadas, como la oficialidad del catalán en Europa. Si Puigdemont no respaldó los Presupuestos cuando el PSOE accedió a prometerle la amnistía por escrito, es muy poco probable que lo haga ahora. Máxime cuando el ex president ve cómo se va retrasando su regreso. A Puigdemont se le hizo llegar que podría volver para el verano pasado, después se le dijo que antes de esta próxima Navidad y ahora se apunta a marzo o abril del próximo año. Para esas fechas, el Gobierno espera que llegue la resolución definitiva del tribunal europeo (TJUE) y eso dará pie a la del Tribunal Constitucional. En Waterloo hay una brizna más de esperanza después de que el Abogado General del TJUE avanzara su posición favorable a la amnistía. Aun así, el Tribunal Supremo podría seguir poniendo trabas con nuevas consultas a instancias europeas, algo que sería inédito, pero no imposible.
Montero presentará en enero los Presupuestos, pero hasta abril no se prevé el regreso de Puigdemont
Al tiempo que Puigdemont reprocha al Gobierno que la amnistía no sea una realidad completa, en la Moncloa existe la convicción de que buena parte de los problemas de Sánchez, desde las investigaciones judiciales a su familia a la condena al fiscal general, tienen su origen en la animadversión de la cúpula judicial precisamente por haber pactado con Junts esa ley de amnistía. El regreso de Puigdemont es una necesidad cada vez más acuciante para Junts. El partido sufre los efectos de tener a su líder alejado durante tantos años. Algunos sectores quieren que el ex president regrese y aclare, por ejemplo, si se presentará o no a las elecciones catalanas. También el acecho de Aliança Catalana está provocando malestares internos.
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En realidad, tanto a Sánchez como a Puigdemont les conviene alargar este matrimonio de conveniencia, de forma que la legislatura española se mantenga en pie durante el ciclo de elecciones autonómicas del próximo semestre y que el ex president pueda regresar a Catalunya para preparar el terreno de la pugna por la Generalitat, su verdadero reto. Se trata de garantizar seis meses más. Pero, como dice aquel, el amor es eterno mientras dura.
