La intervención de las fuerzas del orden que culminó ayer con el arresto del máximo dirigente y director ejecutivo de la compañía aérea Plus Ultra se originó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, alegando el supuesto lavado de activos derivados de la corrupción venezolana. Las autoridades policiales presumen que los fondos recibidos por la empresa, correspondientes al rescate de 53 millones de euros aportado por el Ejecutivo en 2021, se utilizaron para saldar tres créditos facilitados por entidades que, a su vez, habían conseguido dichos fondos mediante el oro y subsidios venezolanos, todo ello propiciado por la malversación de funcionarios.
La fiscalía anticorrupción ha estado investigando esta red, con conexiones en España, Venezuela, Suiza, Francia y Panamá, durante más de doce meses. La operación concluyó ayer con la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y su CEO, Roberto Roselli, por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Una magistrada está examinando una red delictiva con actividades en Francia, Suiza y España, la cual se financia con capitales provenientes de Venezuela.
Las autoridades están examinando la forma en que la compañía aérea obtuvo varios préstamos de ciertas empresas. Se sospecha que estas empresas habrían canalizado fondos ilícitos derivados de desfalcos perpetrados por funcionarios públicos en Venezuela “de muy alta cuantía” (capital público de iniciativas C.L.A.P. Y transacciones de oro del Banco de Venezuela). La investigación sugiere que este dinero se transfería a otras naciones para su blanqueo, incluyendo España, mediante la adquisición de propiedades o la venta de artículos de lujo como relojes. Adicionalmente, se realizaban préstamos ficticios para que, al ser reembolsados, los fondos se integraran en el sistema legal. Para este propósito, se recurrió a Plus Ultra. De esta forma, la empresa halló un método para reintegrar los fondos recibidos del Gobierno español, provenientes de una inyección de 53 millones de euros como parte de las medidas de auxilio por la pandemia.
According to information gathered by Anticorrupción, the company that provided the loan to Plus Ultra – which was fully repaid with Spanish public funds – sold Venezuelan gold valued at 30 million euros to a company based in the United Arab Emirates. The funds received were ultimately deposited into a Panamanian account registered to another firm.
The controversy surrounding the bailed-out airline is reignited. This resurgence stems from a still-confidential case that, according to sources close to the inquiry, could trigger a ripple effect with immeasurable repercussions. Yesterday, the UDEF raided the headquarters of the airline with ties to Venezuela, seeking documents pertaining to an alleged money laundering offense.
Hace dos años, el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, la misma instancia que ha reabierto la nueva pesquisa, optó por sobreseer el caso que examinaba el rescate de Plus Ultra. La magistrada Esperanza Collazos consideró que no existían pruebas de que la asistencia hubiera sido ilícita. Incluso el Tribunal de Cuentas lo analizó, sin hallar ninguna irregularidad.
En ese instante, las investigaciones se centraban en los crímenes de malversación de fondos públicos, soborno, prevaricación, tráfico de influencias y la obtención fraudulenta de subvenciones o ayudas administrativas. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) también fue objeto de investigación por esta cuestión.
La intervención de Plus Ultra generó controversia debido a que la administración, por medio de la SEPI, autorizó la operación dos años después de que la empresa hubiera solicitado financiación. En el transcurso del proceso legal, la jueza examinó dos dictámenes periciales opuestos que impidieron la continuación del caso. Unos peritos señalaron las deudas acumuladas por la firma, las cuales la llevaron a pedir un préstamo participativo de 6,3 millones de euros a la entidad bancaria panameña Penacorp. Por esta razón, un grupo de expertos argumentó que la crisis financiera de Plus Ultra no se debió a la pandemia de coronavirus, invalidando así la justificación del rescate, mientras que otro grupo sostuvo lo contrario.
La misma magistrada ha aceptado una querella presentada por Anticorrupción contra una supuesta red criminal con base en Francia, Suiza y España, presuntamente formada por individuos extranjeros, ciudadanos españoles por nacionalización, y al menos un letrado de España, que se dedicaba a actividades de lavado de dinero en las tres naciones mencionadas, con fondos ilícitos originados en la corrupción venezolana, de acuerdo con información de la investigación.
