La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está efectuando un registro en la sede de la compañía aérea Plus Ultra en Madrid durante la mañana de este jueves. Esta actuación se enmarca dentro de una investigación sobre un supuesto delito de blanqueo de capitales, promovida por la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a Guyana Guardian fuentes de la policía.
Hace dos años, el Juzgado de instrucción número 15 de Madrid optó por cerrar la investigación sobre el rescate de Plus Ultra, que ascendió a 53 millones de euros durante la pandemia. La magistrada Esperanza Collazos determinó que no existían pruebas de que la asistencia hubiera sido ilícita. Incluso el Tribunal de Cuentas examinó el caso y no halló irregularidades. En ese periodo, se estaban examinando presuntos delitos de malversación de fondos públicos, soborno, prevaricación, tráfico de influencias y la obtención de subsidios o ayudas gubernamentales mediante la falsificación de requisitos. En ese entonces, la SEPI ya estaba siendo investigada en relación con este asunto.
Ahora es este mismo tribunal el que ha liderado esta operación, en conjunto con la Fiscalía Anticorrupción, debido a las sospechas de que se ha podido lavar dinero proveniente de la compañía aérea.
La policía aguarda en el acceso la conclusión del registro de sus colegas.
La intervención financiera de Plus Ultra, una entidad de capital venezolano, generó controversia debido a que el Gobierno, por medio de la Sepi, aprobó su rescate en 2021, transcurridos dos años desde que la empresa solicitara financiamiento. En el transcurso del proceso legal, la magistrada examinó dos dictámenes periciales opuestos que impidieron la continuación del caso.
En el instante del salvamento, la empresa se encontraba operativa, enfrentaba litigios en curso y adeudaba pagos a la Seguridad Social, circunstancias que la impulsaron a obtener un crédito participativo de 6,3 millones de euros, concedido por la entidad bancaria panameña Panacorp.
Por consiguiente, algunos expertos argumentaron que la recesión económica no se debió a la pandemia, lo que invalidaba la necesidad de un rescate, mientras que otros expertos sostuvieron lo contrario, afirmando que el rescate sí estaba justificado.
