La explosión de casos de corrupción vinculados al actual Gobierno y al PSOE tiene, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, dos explicaciones. La primera es la falta de control en los contratos y ayudas públicas poco después de las elecciones del 2019 en las que ganó Pedro Sánchez y como consecuencia de la pandemia asolada en el 2020. Aquello fue un agujero negro, un descontrol administrativo para comprar con urgencia mascarillas y material sanitario en plena emergencia mundial. La segunda razón es la sensación de impunidad con la que han vivido y que les ha llevado a seguir delinquiendo, dejar rastro y bajar la guardia.
Se investigan contratos en pandemia, obra pública y tres rescates a empresas
Y la conclusión ha sido siete causas de corrupción destapadas y varias derivadas que ha llevado a dos exsecretarios de organización del PSOE a la cárcel, y varias detenciones en los últimos meses, entre ellos el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Ábalos, Cerdán, Koldo y Aldama conectan con rescates, pagos al PSOE y amaños
Los asuntos están enraizados unos con otros y, por eso, la complejidad de entender qué está pasando y qué nexos tienen en común. Los casos, además, han acabado salpicando políticamente a dos ministros, Víctor Ángel Torres y María Jesús Montero.Y no solo eso. Una de las ramas ha entrado de lleno en el PSOE por las presuntas irregularidades dentro del partido por el pago en metálico de ciertos gastos que los jueces están ahora investigando.
Gran parte de las tramas ahora investigadas arrancaron a partir del año 2020
Prácticamente todas las tramas tienen su origen a partir del 2020. Sánchez acababa de ganar sus primeras elecciones después de llegar al Gobierno en el 2018 tras una moción de censura contra Mariano Rajoy bajo el paraguas de la responsablidad del presidente por los casos de corrupción que afectaban a su partido, el Partido Popular tras la sentencia por el caso Gürtel y la caja B como máximos exponentes.
Antxon Alonso aparece implicado con Santos Cerdán, Leire Díez y el expresidente de la SEPI
La pandemia por la covid-19 obligó al Gobierno a declarar el estado de alarma. Los ministerios, comunidades y demás organismos iniciaron una carrera a contrarreloj para lograr material sanitario para protegerse frente al virus. Y ahí fue cuando ciertas personas aprovecharon su posición para beneficiarse. A partir de ahí se fue extendiendo como una red entre unos y otros para aprovecharse y cubrirse. José Luis Ábalos era uno de los ministros con más poder, en aquel momento. Santos Cerdán, un socialista navarro que había llegado a Madrid de la mano de Sánchez, vio en él una oportunidad. Le colocó –siempre según datos recogidos en la investigación– a una persona de su confianza, Koldo García, primero como conductor en el PSOE y después como asesor en el Ministerio de Transportes.
Por hidrocarburos se han reconocido pagos en la sede del PSOE además de investigarse otros del partido
García y Ábalos aprovecharon el Ministerio para su vida disoluta de excesos, según consta en la causa. El asesor utilizó su buena relación con el ministro para introducirle a un empresario, Víctor de Aldama, que ofrecía dinero en metálico, vacaciones, pisos y demás prevendas a cambio de ayudarle con contratos. Dicho y hecho. Por esa trama, los tres van a ir a juicio en el primer trimestre del 2026. Además, el exministro y su exasesor están ya en prisión preventiva a la espera de juicio.
Peinado insiste en investigar a la mujer de Sánchez por el rescate de Air Europa sin que haya hallado pruebas
En paralelo, Cerdán introdujo a otros empresarios, principalmente vinculados a Acciona, para que Ábalos les echara un cable con contratos a cambio de más dinero. Por esa razón, Cerdán ha estado en prisión cinco meses y está siendo investigado. De esa causa se descubrió otro nexo, un empresario navarro, Antxon Alonso, dueño de la empresa Servinabar, beneficiaria de ciertos contratos. Se ha descubierto que Cerdán firmó un contrato privado para comprar el 45% de las participaciones de la empresa familiar, además de que tenía contratados a su mujer y su cuñado. La tesis de los investigadores es que Servinabar sería una tapadera para cobrar comisiones y que ésta se habría montado antes de que Cerdán aterrizase en Madrid en el 2017.
Volviendo a Aldama, en el llamado caso Koldo –que se instruye una parte en el Tribunal Supremo y otra en la Audiencia Nacional–, entre los favores que pidió a Ábalos fue su ayuda para intervenir en el rescate de Air Europa con 475 millones de euros, en el marco de las ayudas que había ofrecido el Gobierno a empresas para evitar cierres a raíz del parón por la pandemia. Aldama era asesor de la compañía dirigida por Javier Hidalgo y Ábalos hizo sus gestiones, tal y como ha quedado patente en el auto de procesamiento.
Por este rescate también hace tiempo que un juez de Madrid, Juan Carlos Peinado, intenta investigar a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Por ahora la tiene imputada por cinco delitos aunque la Audiencia de Madrid le ha obligado a olvidarse de su intervención en aquel rescate. Pero el juez no se da por vencido y esta misma semana ha vuelto a insistir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le diga si tienen información nueva. No se descarta que eso ocurra porque en los últimos días, la UCO ha destapado otra trama que afecta al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, ex hombre de confianza de la ministra Montero.
Sólo estuvo en el organismo durante un año y salió en el 2019 por su presunto implicación en un caso de corrupción. Sin embargo, mantuvo ciertas influencias que le permitirían tener cierto conocimiento de aquel rescate. Otro rescate puesto en tela de juicio ahora es el de Tubos Reunidos por 113 millones de euros, en el que está implicado Fernández por haberse enriquecido. ¿Y con quien montó aquella trama? Con Antxon Alonso, amigo de Cerdán y con Leire Díez. ¿Y quién es Díez? Durante meses el PSOE ha pretendido decir que era una mera militante del partido, pero poco a poco se va descubriendo que era algo más, como por ejemplo que ostentó puestos de dirección en empresas estatales como Enusa o Correos. Para empezar, habría intentado sobornar a funcionarios públicos, concretamente a dos fiscales de anticorrupción, para que cerraran ciertos casos y dieran información comprometida de sus superiores, además de buscar trapos sucios de uno de los jefes de la UCO. Se presentaba como persona enviada por Cerdán.
Con Aldama de vuelta, éste ha decidido tirar de la manta y ha puesto otro rescate en la picota, el de Plus Ultra por 53 millones, de la que dijo que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría presionado para que el Ejecutivo le concediera la ayuda. Eso está por ver, pero por ahora la Policía ha detenido a su presidente, Julio Martínez.
Aldama es otro que habló de una empresaria Carmen Pano, quien entregó dinero en efectivo en la sede del PSOE, extremo que ella misma reconoció, estando ambos investigados en otra trama, esta por un fraude de IVA en hidrocarburos. Ese es el trasfondo que está por ver si es cierto. Si el PSOE recibió dinero en efectivo fuera del cierto legal y pudo ser utilizado para pagar ciertos gastos. Queda por averiguar si el PSOE está dentro de la galaxia.
