Las Claves
- El Partido Popular modera su entusiasmo inicial ante la detención de Nicolás Maduro por posibles infracciones al Derecho Internacional.
- Cuca Gamarra defiende que María Corina Machado lidere la transición venezolana frente a la supervisión directa de Donald Trump.
- Alicia García anuncia una comisión de investigación sobre la SEPI para esclarecer posibles pagos de favores al régimen chavista.
- La fundación Faes critica la estrategia de Donald Trump y exige que Edmundo González asuma la presidencia legítima de Venezuela.
La situación evolutiva en la crisis venezolana ha obligado al Partido Popular a modificar su narrativa prácticamente al instante. Las incertidumbres respecto al marco jurídico global de la incursión norteamericana y la hoja de ruta marcada por la Casa Blanca han moderado el entusiasmo inicial mostrado por Alberto Núñez Feijóo frente a una maniobra bélica que el PP respaldó inicialmente de forma unánime, aunque actualmente observa con prudencia.
La realidad es que la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos fue acogida el sábado como una “buena noticia sin ambages” por la cúpula popular, al interpretar que implicaba que “el mal había sido derrotado”. No obstante, este lunes ha comenzado una etapa de moderación retórica, influida por dudas legales, cautela política y un desencuentro tenso con Donald Trump sobre quién tiene que dirigir el proceso de cambio en Venezuela.
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La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha expresado este lunes dicho cambio de postura. Lo ha manifestado admitiendo sin tapujos que hay “dudas sobre si la operación militar estadounidense ha infringido el Derecho Internacional”. El PP, según sus palabras, apoya el arresto de Maduro al implicar el fin de “un régimen dictatorial y represor que ha provocado la ruina de un país”, si bien ha reconocido la incertidumbre sobre si la intervención de Washington ha quebrantado la legalidad internacional. En su opinión, a pesar de que “sobra tiempo” para examinarlo, es necesario aclarar tales interrogantes.
En sendas intervenciones en la Cadena Ser y en TVE, Gamarra ha puntualizado que “las normas del derecho internacional están ahí y están para ser respetadas”. Y al ser interrogada sobre si le inquieta que esta maniobra inaugure un contexto distinto -después de que Trump apuntara a Cuba o incluso a Groenlandia-, la política popular ha manifestado su confianza en que no se fije un antecedente.
Dicho cambio ha puesto de manifiesto un malestar más agudo respecto al plan de acción establecido por el mandatario estadounidense. Por varios meses, y con mayor énfasis después de los comicios de julio de 2024, los populares han sostenido que la dirigente de la oposición María Corina Machado, en compañía de Edmundo González, tenía que liderar la etapa política entrante en Venezuela. Gamarra ha vuelto a confirmar este lunes dicha postura, descartando que Delcy Rodríguez esté al mando de la transición y defendiendo la validez de aquellos que, de acuerdo con el PP, triunfaron en las votaciones con el 70% de los sufragios.
Sin embargo, dicha estrategia ha colisionado directamente con las intenciones de la Casa Blanca. Trump ha manifestado explícitamente que Estados Unidos supervisará personalmente el proceso de cambio, sin otorgar relevancia a Machado, generando una discrepancia compleja entre el discurso del PP y el panorama geopolítico dictado por Washington.
La portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Alicia García, a lo largo de la rueda de prensa que ha protagonizado este lunes en la Cámara Alta.
La discusión iniciada dentro del PP ha sido ratificada por Alicia García, su representante en el Senado, la cual, poco tiempo tras el discurso de Gamarra, ha criticado que aquellos que mencionan “respetar el derecho internacional” en Venezuela después de la detención de Nicolás Maduro hayan “amparado la represión, el expolio, la tiranía” y el “robo de las elecciones” en dicha nación.
“Hablan de derecho internacional, de respetarlo, de respetar el estado de derecho... Pero, sin duda, algunos de los que ahora apelan a cumplir el derecho internacional son, precisamente, los que han tolerado y han amparado el régimen de Maduro”, ha calificado de agresión al Gobierno durante una comparecencia ante la prensa en el Senado.
García ha comunicado asimismo este lunes el inicio de una nueva comisión de indagación en la Cámara Alta que se enfocará en las operaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el fin de esclarecer si el Ejecutivo “pudo beneficiar” mediante el “pago de favores” al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro por medio de auxilios financieros como el de la aerolínea Plus Ultra.
La portavoz popular ha informado de que la Cámara Alta ha fijado una sesión extraordinaria el próximo 15 de enero, jornada en la que han llamado a comparecer a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la SEPI, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, dado que ambas áreas se encuentran “bajo sospecha” por “la trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”.
La puesta en marcha de la nueva entidad y el llamamiento a la sesión plenaria excepcional se producen después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestara, en el transcurso de diciembre de 2025, a la antigua integrante del PSOE Leire Díez, al exdirigente de la SEPI Vicente Fernández y al inversor Antxon Alonso el pasado mes de diciembre, bajo el contexto de unas indagaciones de la Audiencia Nacional (AN) relativas a posibles anomalías en licitaciones del Estado.
Severo reproche de la Faes contra Trump.
Faes, la organización liderada por el antiguo mandatario José María Aznar, ha difundido un comunicado donde utiliza términos severos frente a la táctica de Donald Trump. El texto publicado en su portal digital señala que “Venezuela ostenta, desde que lo eligió, un presidente legítimo: Edmundo González; y un liderazgo moral encarnado en María Corina Machado. A ellos les corresponde protagonizar el proceso de transición hacia la democracia”. El escrito menciona posteriormente que “el único desenlace legítimo y aceptable de esta situación es una Venezuela libre y soberana” y exhorta a España a colaborar en dicha meta, si bien cuestiona que la administración de Pedro Sánchez lo realice, calificándola como “cómplice con la dictadura criminal recién decapitada”.
El artículo examina el replanteamiento de la doctrina Monroe que encabeza Trump mediante su reciente Administración e indica que “Desde su llegada a la presidencia ha combinado medios distintos para ponerlos al servicio de un mismo propósito, la hegemonía continental: presión diplomática sobre Panamá, apoyo a aliados como Argentina y El Salvador, y presión militar sobre Venezuela con el desenlace conocido. Esta última acción tiene, visiblemente, valor conminatorio para líderes hostiles en la región que pretendan estrechar lazos con Pekín y Moscú”.
