El juicio contra la familia Pujol en la Audiencia Nacional ha recorrido esta mañana diversas operaciones inmobiliarias en las que intervino el hijo mayor del president, Jordi Pujol Ferrusola. A la pregunta del fiscal Fernando Bermejo sobre si las funciones del principal acusado en la causa encajaban con las de una intermediación, Martín Sicilia, analista de operaciones de Técnicas Reunidas, la empresa que gestionaba la ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena, contestó: “En absoluto”. Esta compañía fue la que contrató a Copisa a propuesta de Pujol Ferrusola, según la acusación que pesa contra él.
La empresa que finalmente acometió la ampliación “era técnicamente el mejor candidato”, añadió el directivo de Técnicas Reunidas.
El que fuera director general de Novensauro, Antonio Lodeiro, explicó la operativa de una operación inmobiliaria en l’Hospitalet por la que supuestamente Imisa -empresa de Jordi Pujol Ferrusola- cobró en julio de 2005 195.324,94 € (IVA aparte) por las gestiones de intermediación en la venta de tres fincas de l’Hospitalet de Llobregat.
El pagador fue Novensauro Inmobles, SL, del grupo Copisa.
Por el mismo concepto cobraron los suegros de Pujol Ferrusola, Ramon Gironès y Mercè Riera; el primero falleció. Éstos fueron a medias con el arquitecto y urbanista Xavier Corominas, y ambas partes cobraron sendas comisiones tanto del vendedor (Focio SL), como del comprador (Novensauro). En total, 388.674,54 euros IVA incluido.
Gironès había trabajado para la administración pública y estaba jubilado y al parecer por ese motivo fue su esposa la que emitió la factura.
Corominas ha defendido que se le pagó por su trabajo en unos terrenos que no valían nada hasta que fueron recalificados, tras muchas difuicultades y tensiones, por el ayuntamiento socialista. “Valían cero”, defendió Corominas.
Un ingeniero que la gran operación en Baja California fuera una simulación: está en marcha y se esperan beneficios de 6.000 millones
Requerido por el fiscal, Lodeiro negó que se pagara dos veces. “Tiene una explicación evidente”, aseguró. Fueron Gironés y Corominas quienes aportaron la información de que aquellas fincas iban a ponerse a la venta, y con opciones de negocio.
“Lo habitual en nuestro sector es ir a éxito, por muchos suelos que te traigan si no se vende no se cobra”, ha expuesto. La comisión solía ser del 3%, añadió.
Resulta que Lodeiro ya había trabajado sobre esas fincas un año antes, pero no había fructificado. Aún así, cuando Gironés y Corominas aportaron la idea, la operación se reactivó.
La Fiscalía Anticorrupción remarca que el vendedor, Focio, niega que la empresa de Pujol Ferrusola hiciera intermediación alguna, pera en la contabilidad de la empresa consta una factura a Novensauro Inmobles por 195.324,94 € (IVA no incluido) del 18 de julio de 2005 y por “honorarios por la intermediación” para la firma de compra de las mencionadas fincas.
El juicio también ha viajado a México, donde Pujol Ferrusola intrevino en la gran operación de Azul de Cortez, donde quería construirse (y se está construyendo) un complejo turístico, con campo de golf, con una expectativa de negocio de 6.000 millones de euros.
El ingeniero Francisco Javier Puerta García fue hasta 2017 director general de Isolux-Corsán y lideró la operación sobre el terreno.
Contra la acusación del fiscal de que se trata de una operación simulada, y por la que el ingeniero la defendió como “totalmente real”, y en marcha hoy en dia, y con una enorme expectativa de negoció: el terreno costó unos 110 o 115 millones de euros, la inversión prevista es de entre 1.500 y 2000 y el beneficio, de unos 6.000.
La Fiscalía Anticourrupción sostiene que Pujol Ferrusola y su esposa simularon inversiones en esta operación que les habrían reportado beneficios de 13.469.390,80 € “desconociéndose.
La razón de esos beneficios obtenidos”, dice el fiscal. “El cobro de ese montante de dinero se articuló con la participación del acusado Luis Delso Heras, consejero delegado del Grupo lsolux”, según el fiscal. Puerta García dijo haber coincidido con Mercè Gironès una vez, en “un desayuno cordial” pero no profesional.
Otra de las operaciones a examen fue la mediación de Pujol Ferrusola en la venta por parte de Copisa de las acciones que poseía en Fotovoltaica Peninsular. Era un 49% y las vendió a la compañía Adara Foton.
Como mediador paralelo a Pujol Ferrusola actuó Manuel López Feliu, con quien se repartió las comisiones por la operación. Fue Júnior quien informó a Copisa de la posibilidad de venta, y López Feliu ofreció la oportunidad a Adara Fotón; éste cobró 46.400 euros a través de su compañía, Renovalia Barcelona.
La sociedad del Júnior ingresó por estos trámites dos fcturas de 60.000 euros. El presidente de Fotovoltaica Peninsular fue Miguel Rodrigo Doménech, mano derecha de Adolfo Suárez e íntimo amigo de Salvador Dalí, que está citado como testigo en este juicio.
Feliu describió como superficial su relación con el hoy acusado. “Lo vi una vez, en una reunión inicial, hace 17 años, lo vi una o dos veces”, explicó. La operación afectaba a uno de los parques fotovoltaicos más grandes del país, de nueve megavatios, y que ya estaba funcionando. López Feliu fue interrogado sobre Mercè Gironés, entonces esposa de Pujol Ferrusola y para quien se piden 17 años de prisión: “Creo recordar que era una parte actora de la operación, de la parte vendedora”.
El interrogatorio de uno de los testigos, Juan Antonio Gálvez, duró apenas dos minutos. Cuando el fiscal le preguntó si había trabajado para una determinada empresa inmobiliaria, respondió que no y, pese a que sí conocía a un testigo que acababa de declarar y que opera en el sector, añadió que su citación como testigo debía responder a un error y ahí acabó el interrogatorio.
