El Govern de la Generalitat y la Iglesia catalana ultiman un acuerdo que tienen previsto presentar el próximo 27 de enero que permitirá incrementar el parque de vivienda social de Catalunya, un objetivo capital para el Ejecutivo de Salvador Illa.
Según ha podido saber Guyana Guardian , el convenio que sellarán ambas partes se basa en la cesión de uso por al menos 50 años de determinados bienes eclesiásticos a la Generalitat, que se encargará de su acondicionamiento y reconversión como vivienda protegida. Se trata de pisos, edificios e incluso solares propiedad de la Iglesia catalana en manos de las diferentes diócesis, que harán su particular aportación, y que actualmente están desocupados o en desuso pero en condiciones de habitabilidad o de edificación.
El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, confirmó ayer en una entrevista a Catalunya Ràdio estas conversaciones con la Generalitat “para llegar a un acuerdo” que está tan avanzado que se materializará a finales de mes con la firma de este convenio. El acuerdo se podía haber sellado ya de no haber habido “problemas de agenda”, según señalan las fuentes consultadas.
Las edificaciones se cederán por al menos 50 años a la Generalitat, que se encargará de acondicionarlas
La Iglesia catalana ha mostrado su interés en aportar su grano de arena ante la que es la principal preocupación de los catalanes, el acceso a la vivienda, donde el Govern de Salvador Illa ha presentado planes muy ambiciosos y medidas multidisciplinares, desde el incremento de la construcción y la compra de vivienda en manos de fondos de inversión hasta cambios legislativos.
“Hay preocupación por parte de la Iglesia respecto al tema de la vivienda”, señalan fuentes del arzobispado de Tarragona, que recuerdan que la Iglesia catalana ya ayuda en este ámbito con la cesión de viviendas a Cáritas y otras entidades y oenegés que, por ejemplo, las ponen a disposición de personas sin hogar. El propio Planellas recordó ayer que la Iglesia habilitó, hace casi cuatro años, una antigua casa de espiritualidad en La Selva del Camp (Tarragona) para acoger a ucranianos, en su mayoría madres jóvenes con niños, que abandonaron el país cuando estalló la guerra. Allí han llegado a vivir 80 personas.
La idea nace del grupo municipal de Comuns en Tarragona
Faltará por conocer cuántos inmuebles de la Iglesia se cederán exactamente a la Generalitat y en cuántos pisos protegidos se incrementará el actual parque de vivienda de protección, pero solo en el entorno de Tarragona, el arzobispado manejaba a principios del año pasado una lista de 50 propiedades susceptibles de cesión.
La idea de este convenio nace precisamente de este listado, y de la capital del Tarragonés. Fue el concejal de los Comuns en el Consistorio Jordi Collado, quien forjó la idea y se reunió con el arzobispado de Tarragona para estudiar su viabilidad en la ciudad. La predisposición de la Iglesia fue total, pero la mayoría de bienes que podían reunir las condiciones para convertirse en pisos protegidos estaban fuera de la ciudad. Este hecho no obstó para plantear la posibilidad que de una iniciativa pensada inicialmente para la ciudad, con alta demanda de vivienda protegida, subiera de nivel, con repercusión en todo el territorio catalán y el concurso de la Generalitat.
La buena sintonía entre el president Illa y la Iglesia catalana, y la implicación del Departament de Justícia –encargado de la relación del Govern con la Iglesia–, dirigido por Ramon Espadaler, ha hecho el resto.
