“No existen razones objetivas para que ninguna comunidad autónoma pueda oponerse a este modelo de financiación, pero en la reunión he visto la repetición de un argumentario político que me hubiera gustado que se hubiera quedado en la puerta”, advirtió ayer la vicepresidenta María Jesús Montero.
La también ministra de Hacienda protestó así, al término de la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), porque todas las autonomías gobernadas por el PP, pero también las dos del régimen común dirigidas por el PSOE –Castilla-La Mancha y Asturias–, coincidieran en criticar como un “privilegio” para Catalunya el nuevo sistema de financiación autonómico que sellaron Pedro Sánchez y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, el pasado jueves en la Moncloa.
Este es el “vicio” de origen que muchos consejeros autonómicos atribuyeron a la reforma propuesta por el Gobierno. “Montero quiere darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades el menú del día, pero sin postre. Y, lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo”, denunció la consejera andaluza, Carolina España, resumiendo un sentir mayoritario en la reunión.
“Se puede discrepar, pero no se pueden contar mentiras”, replicó Montero. Y quiso rebatir, una por una, todas estas “falsedades” sobre el nuevo sistema de financiación. “Es falso que sea un modelo ideado para contentar a Catalunya”, advirtió, ni mucho menos un “cupo separatista”. “No hay privilegio ni trato de favor a ninguna comunidad, el modelo beneficia a todas”, insistió la vicepresidenta.
“Se puede discrepar, pero no se pueden contar mentiras”, replica la ministra de Hacienda a las críticas
Y reiteró que más de 15.000 millones de euros –el 70%– de los 21.000 millones de incremento total de recursos que supone esta reforma, irían a parar a las arcas de las comunidades gobernadas por la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. “Si hay un partido político que se beneficia de este modelo es el PP”, aseguró.
Y Montero recordó que Andalucía es precisamente el territorio que más vería incrementados sus recursos, con 4.876 millones de euros. “El PP siempre hace del agravio territorial el eje discursivo de su política”, denunció la vicepresidenta.
“Que el modelo beneficia a Catalunya y perjudica al resto es falso”, insistió. E incluso acusó al PP de sentir “nostalgia” del procés en Catalunya. Y también esgrimió como argumento, en este sentido, que “el partido de Carles Puigdemont ha dicho que no, como el PP”.
“Este modelo es más solidario que el anterior. Los territorios con más capacidad tributaria aportan más al sistema”, explicó Montero. “Es falso que este modelo tenga el principio de ordinalidad, que sí se cumple para Catalunya”, advirtió. “Es falso que el Gobierno quiere trocear la Agencia Tributaria”, aseguró. “Y he desmentido en la reunión que sea un modelo bilateral que se impone al conjunto”, zanjó.
El PP ahonda en la soledad del Gobierno para sacar adelante el nuevo modelo de financiación
La vicepresidenta trasladó en todo caso a las comunidades autónomas que la adscripción al nuevo modelo de financiación será voluntaria. Es decir, las autonomías podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente.
Esta prerrogativa, apuntó, no es tampoco nueva, porque ya aparece en la ley de financiación del 2009, aún vigente, en su disposición transitoria tercera. “Aquí no se obliga a nadie a suscribir el modelo”, señaló Montero.
Pero la vicepresidenta anunció que ahora iniciará una ronda de reuniones bilaterales, de carácter técnico, para debatir sobre la afectación del modelo a cada territorio. Y se mostró dispuesta a negociar: “El modelo se puede enriquecer”, aseguró. De hecho, la reforma de la financiación se articulará como una ley orgánica, que requiere de mayoría absoluta en el Congreso y que habrá de negociarse si el Gobierno quiere que vea la luz. Lo que no va a hacer el Ejecutivo, advirtió Montero, fue retirar su propuesta: “El Gobierno no va a meter el modelo de financiación en un cajón, como hizo siempre el PP”.
“Y no es verdad que salvo Catalunya todo el mundo haya rechazado el modelo”, alegó Montero, ya que comunidades como Baleares o Asturias –gobernadas por el PP y el PSOE, respectivamente– reconoció que se mostraron dispuestas a negociar para “introducir mejoras”. Y el Gobierno recogió este guante: “Se está dispuesto a lo que se necesite para sacar adelante el modelo”, concedió.
Los populares reclaman unánimente volver a la “casilla de salida” para pactar un nuevo sistema
No obstante, en el PP son conscientes de que Montero trata de agitar la división interna entre sus comunidades. Y, de momento, en las filas populares no caen en el juego ya que todos los barones dan por hecho que ese modelo de financiación acordado por el Gobierno y Esquerra tiene poco recorrido ya que no sumará previsiblemente los apoyos necesarios en el Congreso. Por tanto, se hace difícil ver las divisiones en el PP que tanto está buscando el Gobierno del PSOE. En este sentido, ayer mismo, los barones del PP, en bloque, rechazaron la propuesta de Montero y pidieron volver “a la casilla de salida”. “La propuesta que han presentado no se puede evolucionar”, señalaba alguno de los consejeros de Hacienda del PP en privado, dando a entender que con el punto de partida actual no hay nada que negociar por mucha voluntad que muestre ahora Montero de hablar con todas las autonomías. Desde Génova, fuentes del PP trasladaban dos ideas: por un lado, el modelo de financiación de Montero tiene visos de inconstitucionalidad porque “golpea los principios de igualdad y solidaridad”, aunque todavía no han concretado si lo llevarán ante el Tribunal Constitucional; y, por otro lado, ahondaron en la debilidad y soledad del Gobierno, ya que insistían en que 14 de las 15 autonomías del régimen común expresaron su rechazo (el único aval provino de Catalunya). Según fuentes consultadas, las autonomías más beligerantes dentro de la reunión fueron las de la Comunidad de Madrid y Extremadura.
Page rechaza el “privilegio a los independentistas”
De las comunidades del régimen general gobernadas por los socialistas, solo la consellera catalana, Alícia Romero, defendió ayer en la reunión del CPFF el nuevo modelo de financiación, que advirtió que es “más justo y equitativo”, además de aportar “más recursos”. En línea con los argumentos del Gobierno, resaltó que “todo el mundo gana”. Pero los presidentes de Castilla-La Mancha y de Asturias, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, ambos del PSOE, rechazan el principio de ordinalidad que se cumpliría para Catalunya. En amplios sectores del PSOE este criterio siempre se entendió como una merma a la solidaridad interterritorial. Y así lo recalcó ayer el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, al denunciar que “la ordinalidad es incompatible con la igualdad”. El propio Page ya demandó un adelanto de las elecciones generales antes de que se consume lo que considera “un atropello”. Y ayer urgió a que “se abandone por completo el intento de cesión chantajista y de privilegio a los independentistas”.
Ya fuera, en público, Rocío Albert, consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, exhibió esa crítica contra el modelo de financiación e ironizó sobre los independentistas. “Nos ha sorprendido que Junqueras no haya presidido la reunión”, dijo. Elena Manzano, consejera de Hacienda de Extremadura, también fue dura con Montero, por pactar el modelo de financiación con Junqueras: “Un señor que no representa un territorio en concreto, un señor que está inhabilitado, un señor que está en contra de los intereses de España”. Extremadura se queda sin un euro de los 21.000 millones de euros de incremento.
Feijóo lidera este domingo una cumbre con los barones del PP en Aragón, donde se escenificará el rechazo de los populares al modelo de financiación, aunque está por concretar cuál va a ser la respuesta. De momento, se remiten a la propuesta que acordaron todos los barones del PP en septiembre de 2024 para un nuevo sistema de financiación autonómica, donde rechazaban la bilateralidad (apostaban por la multilateralidad) y la ordinalidad. Por ahora, el PP invita a Emiliano García-Page y a Adrián Barbón a pasar de las palabras a los hechos para que tumben en el Congreso la votación cuando llegue.
