Balears se dispone a derogar la ley de memoria democrática gracias al respaldo de PP y Vox.
El Parlament rechaza las enmiendas a la totalidad opuestas al proyecto presentadas por las facciones de izquierda.
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en una sesión del Parlament..
Baleares encara el paso final hacia la anulación de la normativa sobre memoria democrática contando con el respaldo de PP y Vox. El Parlament balear desestimó las propuestas de devolución total planteadas por los grupos de izquierda, agotando así la posibilidad de frenar una supresión que se materializará próximamente. Marga Prohens satisface uno de los requerimientos de Vox para su investidura en un proceso legislativo lleno de complicaciones, incluyendo la investigación judicial contra el titular de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), señalado por un presunto delito de odio tras romper la fotografía de Aurora Picornell, represaliada durante el franquismo.
La cámara del Parlament balear revivió ayer la tónica habitual de los dos años de debate parlamentario, con integrantes de entidades memorialistas concentrados frente a la institución para rechazar esta agresión a la legislación de memoria. El representante del PSIB, Omar Lamin, recitó la identidad de 50 víctimas de la represión franquista. “Prohens solo cumple sus compromisos con la extrema derecha”, afirmó. Maria Ramon (Més per Mallorca) reprochó la alianza entre PP-Vox que supondrá la eliminación definitiva de la norma.
“Ustedes pretenden ganar el relato de una guerra que perdieron, porque ustedes se sienten los herederos del bando perdedor de la Guerra Civil, yo no defiendo al bando ganador”, ha señalado el diputado de Vox, Sergio Rodríguez. La diputada del PP Salomé Cabrera ha defendido a “todas las víctimas” y la reconciliación y que la memoria no sea un “arma política para manipular, imponer y utilizar a los muertos” con intención de dividir.
La formación del PP balear rechazó respaldar la normativa de memoria durante el mandato encabezado por Francina Armengol, aunque sí favoreció la legislación sobre fosas, la cual permanece vigente. El PP se ha visto obligado a aceptar la anulación de dicha norma para garantizar el visto bueno a las cuentas públicas de 2025, evitando así que la presidenta balear tuviera que adelantar los comicios.