El plan del PP para impedir ejecutivos sin cuentas públicas prospera en el Congreso mediante el respaldo de Junts y el PNV

Junts y PNV han permitido que la iniciativa impulsada por el PP para reformar la Ley General Presupuestaria y evitar que el Gobierno siga gobernando sin presupuestos sea tramitada en el Parlamento. En total, la ley del PP ha contado con el respaldo de 172 diputados. Asimismo, 13 parlamentarios se han abstenido (entre ellos, Junts y PNV). 

La norma que impulsa el PP busca impedir que el Gobierno continúe realizando traslados entre distintas secciones de los presupuestos generales del Estado, pues así puede eludir las limitaciones que conlleva gobernar sin cuentas aprobadas anualmente. 

Asimismo, la modificación de los populares pretende exigir que se voten en las Cortes los créditos adicionales o complementarios vinculados a la defensa y la seguridad, justo cuando Pedro Sánchez busca incrementar la inversión en estos ámbitos sin disponer de nuevos presupuestos desde 2023. 

La normativa del PP aparece en una etapa singular para la democracia: Sánchez ha transcurrido el periodo legislativo careciendo de presupuestos. En realidad, las cuentas más recientes ratificadas corresponden a 2023, lo cual implica que ya se acumulan tres ejercicios sin planificación financiera. 

En estos momentos, la propuesta del PP ha rebasado la fase de admisión, por lo cual le resta completar todo el ciclo legislativo. Llegados a este punto, los indicios sugieren que el PSOE y Sumar, valiéndose de su dominio en la Mesa del Congreso, paralizarán el avance del proceso. 

La propuesta del PP fue expuesta por el parlamentario popular, Jaime de Olano, quien ha manifestado que “sin presupuestos no hay control y sin control no hay democracia”, y ha recalcado que el Gobierno encadena tres años “de espaldas al pueblo” sin acatar el deber constitucional de entregar los presupuestos.

Según el diputado de Vox Pablo Sáez la regulación tendría que superar los planteamientos del PP, incorporando repercusiones políticas si los presupuestos generales del Estado no se tramitan en el plazo y la manera debidos.

La parlamentaria socialista Patricia Blanquer ha reprochado la estéril estrategia de enfrentamiento que ha adoptado el PP y ha señalado que en ocho regiones autónomas se gestiona mediante cuentas públicas prorrogadas, un escenario que “no es una anomalía democrática” ante cámaras legislativas fragmentadas.

El parlamentario de Sumar Carlos Urriza ha calificado de “ejercicio de filibusterismo parlamentario” el planteamiento de una propuesta que no aborda conflictos verdaderos, sino que pretende mermar la potestad del Gobierno de coalición para dirigir las finanzas, bloqueando la agilidad necesaria para cubrir las exigencias de la gente.