El exconseller Roma pagó 131.000 euros a Pujol Ferrusola por un asesoramiento que no contó con ningún documento
El procedimiento legal en la Audiencia Nacional
La Fiscalía se equivocó al llamar a una maestra cuyo nombre es parecido al de una asesora de los Pujol
En el centro, el abogado defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ante la Audiencia Nacional
El exconseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat Jaume Roma Rodríguez va explicar aquest dijous al judici que es segueix a l’Audiència Nacional contra la família Pujol que col·laborà amb el primogènit del president, Jordi Pujol Ferrusola, per construir un hospital a Salta (Argentina), en un projecte que no comptava amb “ni un solo papel” i pel qual li pagà 131.478 euros.
Roma, quien antes de ser conseller (entre 1993 y 1995) dirigió el Servei Català de la Salut, señaló que hacia el año 2000 era consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, conoció el proyecto para construir el Hospital El Milagro en ese país sudamericano, y estaba al tanto de la cantidad de contactos que Pujol Ferrusola tenía allí.
Roma le solicitó que le facilitara el camino y, sin ningún contrato firmado, le aseguró que le pagararía una vez que el hospital comenzara a funcionar.
“Él me ayudó y yo me comprometí [a pagarle por sus contactos], de palabra”. “Tenia muy buenos contactos, fuimos muchas veces y finalmente pude configurar una UTE” que construyó el hospital, que a finales del 2002 o inicios del 2003 “funcionaba ya de forma perfecta”, ha asegurado.
El ex conseller Roma admite que prometió pagar verbal
De ahí que Roma abonara a Pujol Ferrusola, en dos partes, un total de 131.478 euros. Roma ha añadido que es muy amigo “de todos” los Pujol, por su afición a la montaña. Han subido la Pica d'Estats y el Aneto, ha detallado.
El presidente de la agencia publicitaria Altraforma, Miguel Giménez-Salinas, quien llevó a cabo varias campañas electorales para Convergència i Unió, no recordaba que entre 1999 y 2001 la empresa solicitara un crédito de 56 millones de pesetas (unos 337.000 euros) para esas campañas. Altraforma (y Giménez-Salinas) fue condenada en el caso Palau por financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. “Todos esos temas los llevaba mi directora financiera”, se ha justificado Giménez-Salinas, “yo no recuerdo cuantías ni años”. “Le voy a hacer las preguntas por si aparecen los recuerdos”, ha comentado con ironía el fiscal, Fernando Bermejo. Esos ingresos se destinarían “en cualquier actividas de las campañas de publicidad”, ha agregado. “Yo era el cretivo de la agencia, del tema financiero no me acuerdo de nada”.
Un testigo posterior, Guillem Recolons, quien trabajó como publicista en Altraforma, ha negado conocer el préstamo triangulado entre esta empresa, CDC y Fibanc, pero ha señalado que Altraforma contaba con recursos financieros y no resulta lógico que solicitara préstamos. Y si alguien tenía conocimiento de estas operaciones, era Giménez-Salinas. Recolons ha explicado que mantenía reuniones semanales con uno de los líderes de CDC, David Madí.
El miércoles, la Fiscalía no formuló ninguna pregunta al entonces presidente de Fibanc, Carlos Tusquets Trias de Bes, respecto a esas líneas de crédito.
También Carles Herrándiz, propietario de una empresa de artes gráficas que colaboró con CDC, negó haber obtenido ningún préstamo —en este caso, de 100 millones de pesetas, unos 600.000 euros— para sus campañas electorales.
Cuando la Abogacía del Estado le presentó su nombre y su firma, los identificó. “Si sale mi nombre alguien lo puso, pero yo no lo pedí”, afirmó.
Un testigo comparece en el juicio debido a la similitud de su nombre con el de una empleada del gabinete de asesores fiscales de la familia del ex presidente
Tres de los testigos convocados para la sesión de este jueves se han convertido en un fracaso para la acusación.
Una de ellas fue confundida por la similitud de su nombre con el de una empleada del despacho del fiscalista cercano a la familia Pujol, Joan Anton Sànchez Carreté —que ya declaró—, y aunque lo explicó reiteradamente a las autoridades judiciales, nadie resolvió el error. Ella es maestra.
“Investiguen mejor”, ha espetado a la Fiscalía, que era quien la proponía.
El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, le ha pedido disculpas.
Otro de estos testigos, un hombre de edad avanzada, presentó al tribunal un certificado de demencia vascular que lo eximía de declarar, pero igualmente asistió a la videoconferencia y respondió a varias preguntas, hasta que el tribunal determinó que el testimonio no comprendía adecuadamente lo que se le preguntaba.
Otro hombre mayor, también, ha aparecido en pantalla con un gorro de lana, un abrigo grueso y una mirada ausente; la declaración se ha anulado al instante.