Política

Los otros documentos más allá del 23-F que los grupos parlamentarios piden desclasificar

Memoria democrática

Junts exige esclarecer la investigación de los atentados del 17-A, PNV y Bildu conocer qué pasó con Mikel Zabalza

Los atentados del 17A causaron catorce muertos y decenas de heridos en las Ramblas de Barcelona. EFE/Alejandro García

Los atentados del 17A causaron catorce muertos y decenas de heridos en las Ramblas de Barcelona. EFE/Alejandro García

EFE

En una semana marcada por la desclasificación de 153 documentos relativos al golpe de Estado del 23-F, algunos grupos parlamentarios han pedido en las últimas horas al Gobierno ir más allá. Para Sumar, ERC, Bildu, el PNV o Junts esta medida es solo el inicio, y aunque algunos aplauden la desclasificación, exigen al Ejecutivo que apruebe una nueva Ley de Secretos, porque la actual es franquista, de 1968.

Sobre la tramitación de la nueva ley se ha pronunciado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso este miércoles. Ha asegurado que con la regulación vigente los gobiernos pueden “no desclasificar nunca” los archivos. Por eso ha puesto en valor la ley del PSOE -que se encuentra en tramitación parlamentaria- por la cual la ciudadanía podría conocer qué pasó en momentos históricos del país “cuando pasen 45 años”. Además, ha añadido que la desclasificación de esos archivos estaría siempre sujeta a la seguridad nacional.

Sin embargo, este planteamiento choca con el de sus socios de legislatura que son más partidarios de apoyar la iniciativa del PNV. Los jeltzales también han presentado en el Congreso una propuesta de Ley de Secretos, más ambiciosa que la de los socialistas, que prevé la desclasificación a los 25 años.

Más casos a desclasificar

A parte de la tramitación de un nuevo marco legal para la documentación clasificada, Junts, PNV y Bildu hilan más fino y piden al Gobierno más desclasificaciones. Los posconvergentes reclaman destapar los casos relacionados con las “cloacas del Estado”, así como el espionaje sufrido por los líderes independentistas. También exigen saber “la verdad” sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. Así lo expresó Jordi Turull, secretario general de la formación, este lunes nada más conocerse el anuncio. Turull añadió que la “resistencia a desclasificar papeles genera más dudas” y abre la puerta a la “rumorología”.

PNV y Bildu coinciden en reclamarle a Sánchez esclarecer la muerte de Mikel Zabalza, la represión policial de marzo de 1976 en Vitoria y las cargas policiales en los Sanfermines de 1978. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, respondió al anuncio de Sánchez con un contundente: “Hagamos memoria de verdad. Con todo.”, a través de X.

Mikel Zabalza era un conductor de autobuses en San Sebastián que fue detenido y torturado por la Guardia Civil en 1985 por estar presuntamente relacionado con ETA. Veinte días después de su detención fue hallado en el río Bidasoa sin vida, la versión oficial sostiene que escapó de los agentes que lo custodiaban saltando al río y desapareció. Sin embargo, sus familiares y compañeros de cautiverio defienden que Zabalza murió a causa de las torturas a las que fue sometido, y que además, no tenía vínculo alguno con la banda terrorista.

El segundo caso del que piden conocer la verdad es el de la represión policial llevaba acabo en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en la iglesia San Francisco de Asís. Allí se concentraban unos 4.000 sindicalistas contra los que la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma y fuego real. Los hechos se saldaron con la muerte de cinco sindicalistas y más de un centenar de heridos sin que hubiera consecuencias para los agentes que arremetieron contra los manifestantes.

Los grupos vascos también quieren conocer los detalles del operativo policial que causó la muerte de un joven y dejó un centenar de heridos en Pamplona durante la celebración de los Sanfermines de 1978. Después que se enseñara una pancarta en favor de la amnistía a los presos de ETA, la policía cargó contra los miles de personas que había en la plaza de toros de la capital navarra con gases y balas de goma. En las protestas posteriores a la actuación policial, un joven falleció a causa de un disparo en la cabeza de un agente de los cuerpos de seguridad del estado.