Interior investigó a Carlistas de Montejurra ante un posible segundo golpe de Estado
Documentos del 23-F
En abril de 1981, Interior recibió un informe sin firma sobre los movimientos de militantes del Partido Nacional Independiente contra la democracia
Directo | ¿Qué ocultan los archivos desclasificados?

Informe de Interior del 30 de abril de 1981.

El Ministerio del Interior temió que el 23-F tuviese réplicas e investigó, en abril de 1981, los movimientos en torno a militantes del Partido Nacional Independiente, una formación extraparlamentaria liderada por Artemio Benavente. Benavente, cuyo nombre no aparece en el documento desclasificado hoy —en el que diversos datos personales están censurados—, fue sospechoso de participar en los sucesos de Montejurra de 1976, un ajuste de cuentas entre carlistas que se saldó con dos muertos y tres heridos.
El papel publicado en los documentos del 23-F tiene fecha del 30 de abril de 1981 y menciona un texto anterior, del día 21 del mismo mes, sobre el mismo asunto. Sobre esa nota anterior “en la que se concretaban diversos aspectos sobre un posible golpe de Estado”, la nota desclasificada aporta “nuevos extremos sobre algunos de los que se citan como presuntos implicados”.
No obstante, los tres nombres que figuran en la nota están tachados, así como sus direcciones y datos que permitan la identificación personal. Aún así, debido a un error en el tapado de los documentos, es posible saber qué nombres están ocultos.
El primero de los mencionados en el documento, con su nombre cubierto con marcas blancas, es Luis Francisco Javier Valin González. Se le asocia al “Partido Nacional Independiente” y dice que propugna la “ideología monárquica” aunque sobre “una rama dinástica opuesta a los Borbones, y es de tendencia netamente derechista”.
El texto, tachado también en esta parte, atribuye a “tanto el padre como el hermano, Juan Antonio Valín González” vinculaciones “con algunos servicios de información militar”, que permitirían al primero “acceso a determinadas informaciones confidenciales”.
Respecto a su situación económica, el documento —en esa parte, también tachado— la califica de saneada, “ocupando un cargo relativamente importante en la empresa CETSA (Compañía Publicitaria de Exclusivas Telefonicas, S.A.), filial de la Compañía Telefónica Nacional de España”.
El segundo nombre identificado —tachado, pero accesible— es el de Mario Rodríguez Correa de Rueda. De “ideología carlista”, dice el documento, tras el 23-F deriva a “una acusada tendencia a apoyar la lỉnea gubernamental y de abierta simpatía hacia el Rey don Juan Carlos”. A pesar de lo cual, “sigue siendo presidente de la Comunión Catolico Monárquica”.
Aunque el informe describe a una persona dócil que incluso “cuida unos cincuenta canarios” en la sede del partido “la fuente informante le señala al corriente con anterioridad de los acontecimientos ocurridos el 23 de febrero pasado, de los que informaba a unos primos suyos, al parecer altos cargos en la Dirección General de Transportes de Portugal”. Estos hechos le vinculan con la extrema derecha portuguesa.
La tercera y última persona mencionada es Juan Manuel Lamana Marín, al que se identifica como hijo de un coronel retirado y vinculado, como el primero de los investigados, al Partido Nacional Independiente.



