PALMA, 1 (EUROPA PRESS)
El Govern ha solicitado al Gobierno de España que declare Baleares en situación de contingencia migratoria “no para repartir” menores, sino porque “ya no se dan las condiciones de dignidad”.
Así lo ha señalado este lunes la presidenta del Govern, Marga Prohens, en declaraciones a los medios tras visitar la Fundación Asnimo.
Si la capacidad fijada por el Gobierno es de 406 plazas, Baleares tendría que acoger a 1.218 menores para entrar en contingencia. Actualmente, según ha afirmado Prohens, Baleares tiene a más de 680 niños y adolescentes migrantes tutelados por los cuatro consells insulares.
Ante estos datos, y la previsión de que continuarán llegando migrantes a las costas de las Islas, la líder del Ejecutivo ha apuntado que el Govern no pide la contigencia para “repartir”. “Queremos estar tranquilos de que recurrimos a todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance”, ha expuesto.
Prohens ha informado que seguramente este lunes la Abogacía de la Comunidad Autónoma presentará el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto por el que se establece el procedimiento a llevar a cabo para el reparto de menores migrantes desde Canarias.
Próximamente, la Abogacía también interpondrá un recurso ante el Supremo contra el real decreto aprobado el pasado martes, que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad.
La presidenta ha cargado contra el Gobierno de España por las “amenazas” recibidas y el doble discurso que, a su parecer, mantiene el Ejecutivo central en tema migratorio.
“Emergencia migratoria y social para montar carpas, poner a disposición una terminal del puerto de Palma y hoteles a disposición sí; emergencia migratoria para mandar a los mas de 500 policías y guardias civiles que reclaman los sindicatos o para reconocer que Baleares tiene situación muy alarmante, no”, ha afeado, entre otras cuestiones.
“Si me amenazan en un estado de derecho por hacer uso de recursos ante el Constitucional o el Supremo y por poner encima de la mesa los datos es que quizás el Gobierno tendría que revisar la concepción de estado de derecho”, ha criticado.