Investigado un comisario de la Policía Nacional por agredir sexualmente a una subordinada en India

La Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional investiga a un comisario del Cuerpo Nacional de Policía y consejero de Interior en la Embajada española en India por acoso laboral y sexual a la subinspectora de la que era superior jerárquico

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Una querella presentada ante la Audiencia Nacional relata todos los episodios que presuntamente el comisario habría hecho pasar a la víctima

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Un comisario del Cuerpo Nacional de Policía y consejero de Interior en la Embajada española en India, Emilio de la Calle, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por, presuntamente, acosar laboral y sexualmente a una subordinada en Nueva Delhi (India).

La Audiencia Nacional considera que los hechos investigados son constitutivos de los presuntos delitos de acoso (stalking), acoso laboral (mobbing), delito continuado de lesiones, amenazas, agresión sexual, delito contra la intimidad y un delito de acoso sexual. La querella presentada relata que De la Calle y la presunta víctima compartían oficina en la capital de India desde el 30 de julio de 2024 en el seno de la Embajada española: “Estaban solos dentro de la oficina; allí no había más personal, ni ayudantes, ni secretarios”, detallan.

La querella apunta que, tras la incorporación de la subinspectora, el comisario “prevaliéndose de ese ambiente íntimo que le generaba una sensación de impunidad y de su posición jerárquica (...) realizó conscientemente numerosas conductas delictivas” sobre ella.

La acusación

Se acusa al comisario de delitos de acoso, acoso laboral, un delito continuado de lesiones, amenazas, agresión sexual, un delito contra la intimidad y un delito de acoso sexual

Los abogados de la subinspectora, Verónica Suárez, Napoleón Cánovas y Juan Antonio Frago, detallan que el comisario “ejerció consciente y deliberadamente un control sistemático sobre la vida privada” de la víctima, con un puesto subordinado, frecuentando la calle donde ella tenía su domicilio, controlando sus rutinas y su vida íntima, y consiguiendo aislarla socialmente. Aseguran que el acusado controlaba “con quién podía verse” y prohibía a la víctima tener contacto con numerosas personas a las que consideraba “peligrosas”.

Según la querella, este control de su rutina hizo que no se relacionara con personal de la Embajada, y que tuviera ideaciones suicidas cuando veía edificios altos, tal y como lo confesó a escondidas a un empleado de Seguridad. Agregan que el comisario también ejercía un control sistemático sobre la subinspectora a través de terceras personas, como la empleada de la limpieza que compartían, que confesó a la víctima que el comisario le preguntaba por su vida y por lo que hacía. Detallan que el comisario llegó a decirle a la víctima que “sabía que tenía un 'Satisfyer' y le instó a usarlo”.

Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en ‘Púnica’, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrupción había solicitado sus declaraciones al sospechar que directivos de Indra se habrían concertado con dirigentes del PP para desviar fondos de ICM a través del presupuesto inflado de algunos de los contratos que desde 2007 habrían sido adjudicados desde aquella entidad pública a dicha mercantil.

La Audiencia Nacional investiga el caso

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press / Europa Press

La querella recoge que De la Calle sometió a la víctima en el ámbito laboral a actos “denigrantes y hostigadores” como llamadas y mensajes realizados de forma permanente “fuera del horario laboral y sin ninguna relación con el trabajo”. “Imponía estar pendiente del teléfono móvil las 24 horas del día de los siete días de la semana, incluso fuera del horario estrictamente laboral, y en el caso de que no respondiera de inmediato a estas llamadas, le reprendía de forma desproporcionada”, recoge. Apuntan que incluso le dijo que debía ir al baño con el teléfono: “Que cagues con el teléfono”.

También aseguran que la víctima recibía insultos y descalificaciones que se daban con “una frecuencia altísima” y que se burlaba de ella poniendo voces, llamándola “cutre”, “jeta”, “mentirosa” y llegándola a amenazar con darle “una hostia”. “Te dejo, o sea, como un trozo de carne. Te reviento. O sea, no quiero. Te he cuidado, pero no me vuelvas a tocar más los cojones. Porque no creo que seas imbécil. Y a veces me da la impresión de que lo eres. Porque si haces estas cosas después de las veces que te lo digo, es que eres retrasada mental. Si no, no lo entiendo. O sea, si yo te lo digo y tú sigues haciéndolo, sufres un retraso mental”, recoge la querella a modo de ejemplo de lo que le decía.

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Según la querella, el acusado llegó a propinar collejas a la víctima y, en una ocasión, en una fiesta en la Embajada de Hungría, la cogió del brazo violentamente, la empujó y la arrastró en público hacia un apartado para abroncarla, hecho que inquietó incluso al cónsul húngaro Zsolt M. Wittmann. También narran amenazas sobre que le iba a hundir la carrera, “advirtiéndole de que tenía el poder para hacerlo”, algo que suponía “un claro exceso para amedrentar” a la subinspectora. 

La querella relata que en febrero de 2025 la víctima sufrió un desmayo fruto del estrés acumulado y que fue llevada a su casa, acompañada por el comisario. Allí, cuando ella estaba tumbada en el sofá con náuseas, “rebasando todo límite y mientras le acariciaba la mejilla, le dio un beso en la comisura de los labios que ella no consintió”.

“En otras ocasiones, también realizó comportamientos con connotaciones sexuales sin que ella lo consintiera: por ejemplo, darle abrazos o cogerle de la cintura, conductas del todo inapropiadas entre un superior y su subordinado”, dice la querella. Y añade que también se dieron “sistemáticos y numerosos comentarios con connotaciones sexuales que le generaban una sensación de malestar y de humillación patentes”.

Añaden que el comisario accedió a conversaciones de 'whatsapp' privadas de su móvil personal sin consentimiento. Por todo esto, los letrados señalan las secuelas psicológicas provocadas en la presunta víctima: un trastorno por estrés postraumático, de intensidad grave, reactivo a problemática laboral.

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