El caso de la menor víctima de una red de pederastia mientras se encontraba bajo la guarda de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha puesto en el centro del debate a esta institución, que será objeto de una comisión de investigación en el Parlament, y la que además está bajo investigación judicial. A esta violencia sexual, se suma la presunta malversación de fondos públicos por parte del sistema de protección catalán y de algunas entidades concertadas, que la Sindicatura de Comptes ya alertó el año pasado en un informe al Parlament.
Profesionales del sector sienten “rabia” y “pena”, pero no les sorprende. “Venimos alertando desde hace tiempo sobre situaciones de riesgo en las que no se está actuando correctamente. La administración no pone suficiente interés ni ejerce el control que debería. El sistema de protección no funciona”, expresa tajantemente Olga Giner, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya.
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Creemos que no hay una correcta transparencia ni supervisión de los servicios externalizados
¿Por dónde empiezan los cambios? Desde el Colegio creen necesaria una “revisión urgente” de todo el sistema, empezando por la inversión, pero también reforzando los mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación. “Creemos que no hay una correcta transparencia ni supervisión de los servicios externalizados”, apunta Giner. Para esta educadora social pasa por “revisar las memorias anuales o trimestrales y garantizar que el dinero destinado a cada niño o niña repercuta y, por lo tanto, sea invertido en los más vulnerables”.
Respecto a las agresiones reiteradas a la menor tutelada, Mercè Camps, educadora social con 20 años de experiencia en centros de menores, considera que habría que “revisar las medidas concretas” que se aplicaron en ese momento con la niña, pero –advierte– situaciones como esta seguirán ocurriendo en la sociedad si no se trabaja desde otro “paradigma”. “Vivimos en un mundo que permite a los menores un acceso casi ilimitado a todo tipo de contenidos, y no se ha hecho nunca una verdadera labor de prevención”.
Centro de acogida de la DGAIA para menores migrantes no acompañados en la foto unos chicos en la pista de futbol sala-Foto Ana JIménez
También recuerda que el foco debería alejarse de la niña e ir a la raíz del problema: los responsables de la violencia sexual contra las menores, así como las redes de pederastia, impulsadas por internet y las redes sociales. “El sistema nos lleva a machacar a los más vulnerables, a los educadores y al trabajo que hacen en los centros, mientras reman a contracorriente en un sistema que no los ayuda”. Precisamente, cree necesario que “los dirigentes de estas instituciones sean profesionales de lo social, que conozcan la realidad de los centros, y no cargos políticos”.
En esta línea, Marina (quien prefiere obviar su apellido), también educadora social, destaca el fuerte vínculo que se genera entre los menores –sin referentes familiares– y los profesionales, quienes se comprometen en garantizar la seguridad y bienestar de los menores: “Ponen todos sus esfuerzos en evitar estas situaciones, pero, por desgracia, hay circunstancias que se nos escapan”, lamenta.
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El desgaste y hartazgo de las profesionales –en su mayoría mujeres– debido a las complicadas condiciones laborales y a la precariedad salarial, parece no tener solución en un sector más que necesario, pero que se siente infravalorado tanto por las instituciones como por la sociedad civil.
“Los sueldos son bajos, falta aumentar las ratios y la proyección profesional es escasa, además de las dificultades para conciliar la vida laboral y personal –debido a turnos de fin de semana y de noche durante los 365 días del año– hacen que muchos profesionales abandonen la profesión en busca de mejores condiciones”, expresa Giner. Y añade, a modo de resumen, Mercè Camps: “Los educadores prefieren hacerse funcionarios y acabar en un ayuntamiento que trabajar en un centro de menores”.
Por desgracia, los centros de menores están lejos de parecerse a un hogar
A esta cronificación de la precariedad hay que sumar el riesgo psicosocial de los trabajadores, ya que un 30% de las profesionales ha sufrido situaciones de acoso o violencia en el trabajo, ya sea verbal o física, según los últimos datos del Colegio.
Uno de los principales caballos de batalla son las condiciones en las que trabajan las educadoras. La mayoría de centros cuentan aproximadamente con 25 niños y adolescentes con trayectorias vitales difíciles y necesidades muy específicas. “Los equipos educativos no disponen del tiempo ni de los recursos necesarios para atender adecuadamente a los menores con perfiles diversos (trastornos de salud mental, discapacidad o dificultades emocionales, entre otros). Si se redujeran las ratios, podrían abordar las necesidades específicas y prevenir situaciones de riesgo. El día a día en el centro se te come. Por desgracia, y aunque se pretende, los centros de menores están lejos de parecerse a un hogar”, señala Marina, educadora social.
Fachada del centro habilitado para la acogida de menores sin referentes familiares, en una imagen de archivo de 2024, en Fuenlabrada, Madrid.
Marina asegura que esta situación acaba generando un malestar que los trabajadores se llevan a casa. Las ratios dependen del tamaño del centro, número de menores y sus edades. Por ejemplo, en un turno de noche, dos educadoras han de vigilar a unos 25 niños.
La profesional recuerda que, desde hace años, se habla de apostar por las “unidades de convivencia” y dejar atrás el modelo de “macrocentro” que impera en Catalunya. Aunque son minoría, la educadora Mercè Camps trabaja en un centro vertical reducido, es decir, con menores de edades diversas. “Trabajo en un centro de siete plazas con un equipo de 11 educadores. No es lo habitual, pero tengo la suerte de pertenecer a una fundación que prioriza el bienestar de estos niños. Somos una pequeña familia”.
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Desde el Colegio profesional esperan que “se dé una vuelta” a todo el sistema de protección y recuerdan la “necesidad” de escuchar a todos los agentes implicados, también a los menores. Por su parte, Mercè Camps recuerda que “no podemos echar por tierra todo el trabajo bien hecho”. “Es una profesión que exige vocación y tiene una trascendencia, pues sostenemos la vida los 365 días del año. Atendemos a niños y niñas que nunca han tenido un hogar, un plato en la mesa, que han sufrido negligencias o agresiones. Trabajamos para ofrecerles un entorno seguro y lleno de oportunidades”.
