La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha confirmado esta mañana la supresión de la DGAIA, la creación de una nueva dirección general más centrada en la prevención y la protección de los menores y la contratación de 300 profesionales hasta el 2027 con el objetivo de evitar que casos como el de la niña violada por una red de pederastas, entre el 2020 y el 2021, se repitan. Martínez Bravo ha comunicado su voluntad de reformar el sistema de acogida con un renovado modelo en el que se refuerza el control y el seguimiento de cada caso para impedir que se produzcan más irregularidades, se aborda una transformación tecnológica ante el peligro de las redes sociales, se mejora la coordinación con el mundo local y se traspasan competencias a otras direcciones generales de Drets Socials. Para combatir los abusos a través de las redes sociales se anuncia también una nueva línea de trabajo con los cuerpos de seguridad. Martínez Bravo no ha concretado la inversión necesaria para acometer cambios monumentales.
Este nuevo sistema debe permitirnos abrir una nueva etapa, dejar a atrás la DGAIA y refundarla para que sea más ágil, eficiente y que proteja a los niños de manera más eficaz
”Este nuevo sistema debe permitirnos abrir una nueva etapa, dejar a atrás la DGAIA y refundarla para que sea más ágil, eficiente y que proteja a los niños de manera más eficaz”, ha dicho Martínez Bravo. “Este no es un plan exprés -ha añadido-, sino fruto de un proceso de trabajo de meses, pero que hemos acelerado ante las últimas noticias”.
La consellera ha indicado que el modelo vigente hasta ahora se ha basado en la atención residencial sin tener en cuenta la acción de “depredadores digitales” y que, además, las condiciones de trabajo y la elevada rotación del personal han incidido en que no se haya trabajado lo suficiente el retorno a sus familias de los menores tutelados. En este sentido, ha confirmado que Drets Socials ha encargado un estudio “para avanzar hacia la equiparación salarial” entre profesionales del sector público y de las entidades. “Para mejorar la atención hay que cuidar a los cuidadores”, ha subrayado.
La consellera ha constatado que “la DGAIA ha estado demasiado volcada en el día a día, sin una visión estratégica y con un sistema tecnológico desfasado”. También considera que se han externalizado “demasiadas funciones clave” que ahora asumirán otras direcciones generales de Drets Socials.
Martínez Bravo ha incidido en la necesidad de que el desamparo sea el último recurso y que si se produce, lo que considera un “fracaso colectivo”, y el menor entra en un centro residencial se trabaje intensamente para que regrese con su familia o vaya con una de acogida cuanto antes.
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Ante el desafío de avanzar en ” transparencia y buen gobierno” ha concretado que Drets Socials ha pedido auditorías contables del 2024 a todas las entidades con las que tiene suscritos contratos.
La consellera considera que la actual crisis es en buena parte fruto de un sistema colapsado, sin planificación estratégica, con sistemas tecnológicos obsoletos y con una escasa coordinación entre los centros de acogida y el territorio. Del 2016 al 2025 el número de niños y adolescentes atendidos por la DGAIA ha pasado de 8.563 a 14.668. Actualmente, 5.801 son mayores de edad, frente a los 1.636 del 2016, y 8.867 están tutelados (6.927, en el 2016). “El número de expedientes gestionados ha aumentado un 61% llegando a los 50.000 en una década, pero la DGAIA no se ha redimensionado al ritmo necesario”, indica.
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Más control
Se traspasa el estudio de las prestaciones económicas a la dirección general de Prestacions Socials y la contratación de plazas a la de Provisió de Serveis
La refundación pasa por la creación de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), que contará con dos subdirecciones generales, una oficina de control de la gestión y una unidad a la que se encomienda el seguimiento de incidencias y la revisión de protocolos. El nuevo modelo de gestión establece el traspaso de competencias a otros órganos, en concreto el estudio de las prestaciones económicas a los jóvenes ex tutelados a la dirección general de Prestacions Socials y la contratación de plazas en los centros residenciales a la de Provisió de Serveis. Cabe recordar que la Oficina Antifraude de Catalunya investiga irregularidades en la concesión de prestaciones a ex tutelados a los que ya no les correspondían. La consellera ha señalado que el Govern aprobará el próximo día 3 la nueva dirección general, que, liderada por Josep Muñoz y Ester Vallbona, subdirectora, contará con 37 profesionales más.
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La nueva subdirección específica de prevención tiene la misión de actuar con diligencia para evitar que una situación de riesgo para el menor acabe en desamparo. Para ello se reforzarán los 54 equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA), que son los encargados de proponer las medidas más adecuadas para los menores desamparados o en riesgo de estarlo, con la incorporación de 243 profesionales en el conjunto de Catalunya, lo que supone un aumento del 40%. También se contempla un plan de acción para mejorar las garantías legales de los niños durante el proceso de desamparo y dejar como última opción que acaben en un centro residencial.
