El informe de la Sindicatura de Comptes que denuncia “pagos indebidos” de “al menos 167,56 millones de euros” en el departamento de Drets Socials de la Generalitat “desde el 2016 a septiembre del 2024” se compone en realidad de dos partes. Las 122 primeras páginas son el informe en sí. Y las restantes 252 recogen las alegaciones presentadas por la actual titular de la conselleria, Mònica Martínez Bravo, en nombre de las diez áreas estudiadas.
El órgano fiscalizador de los contratos públicos en Catalunya ha “analizado y valorado” las réplicas, que niegan, matizan o corrigen el grueso de las afirmaciones (y que también aceptan algunas). Pero la Sindicatura rechaza la práctica totalidad de impugnaciones y se reafirma en el dictamen, que alerta de hechos que podrían ser perseguibles “por vía administrativa o judicial”, aunque la decisión corresponde “a otros”.
Las derivadas del casoRadiografía de una polémica
La respuesta a las alegaciones las califica de “explicaciones que confirman la situación descrita” y que no alteran su contenido por dos motivos: “Porque se fundamentan en documentación adicional (…) que no modifica las observaciones del informe” o porque “no tienen apoyo jurídico y exponen hechos que no motivan la falta de cumplimiento de la normativa aplicable”. La Sindicatura de Comptes, eso sí, ha aceptado dos pequeñas aclaraciones.
Son modificaciones (ya incluidas en el texto hecho público el miércoles) de sendos apartados sobre la concesión, seguimiento y control de prestaciones. Estos cambios provocaron a su vez un retoque en una de las 18 recomendaciones del texto. A raíz de estas revisiones, “y en aplicación del principio de minimización de datos personales”, también se retiraron nombres de personas en algunos gráficos.
Las explicaciones de la consellera
Esas son las únicas concesiones de la institución independiente que supervisa la gestión económica pública de Catalunya. El 20 de mayo, tras analizar todas las alegaciones, la Sindicatura decidió aprobar el informe tal y como se ha hecho público. Este documento no solo denuncia “casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un volumen elevado de pagos indebidos”, sino una financiación “insuficiente” contra la pobreza. “carencias importantes que limitan el acceso a las prestaciones”.
La propia Taula del Tercer Sector, que aglutina a más de 3.000 entidades sociales de Catalunya, aceptó ayer que “es necesario abordar con firmeza el grave fenómeno del non take up ”. Este anglicismo, que aparece reflejado en muchas ocasiones en el informe fiscalizador, se refiere a la paradójica situación de personas en situación de vulnerabilidad que no logran acceder a los subsidios y ayudas a las que tienen derecho.
Esta organización también se hace eco de la denuncia de la Sindicatura sobre las “debilidades” en el acceso a datos y aplicaciones informáticas externalizadas. La Taula, que coincide en que “la tecnología y la interoperatividad entre administraciones es indispensable”, admite que hace falta tanto una respuesta ágil y menos burocrática como “la transformación en profundidad del sistema de derechos y protección social”.
