Una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras en situación de irregularidad en España ha sido desarticulada bajo una operación llevada a cabo por la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Cartagena, se ha saldado con 14 personas detenidas y la liberación de 32 mujeres sobrevivientes de explotación sexual.
La pesquisa fue iniciada a principios de 2024, tras detectarse la posible existencia de una red criminal que operaba en múltiples clubes de alterne de la Región de Murcia. Las mujeres eran todas extranjeras, estaban en situación administrativa irregular y eran obligadas a ejercer la prostitución bajo vigilancia constante.
Según fuentes policiales, la organización habría utilizado armas de fuego para intimidar a las mujeres y someterlas a una explotación extrema. Las sobrevivientes debían estar disponibles los siete días de la semana, imponiéndoles además multas económicas si no cumplían las normas impuestas. Asimismo, debían venderle alcohol y drogas a los clientes y asumir gastos de limpieza, luz y otros suministros.
Las sobrevivientes eran todas extranjeras, estaban en situación irregular y debían ejercer la prostitución bajo vigilancia
Durante la operación se realizaron cinco registros: uno de ellos en el domicilio de dos de los investigados y el resto en locales abiertos al público. Así, pudieron liberar no solamente a las 32 sobrevivientes, sino a cinco personas más que eran explotadas laboralmente.
Los agentes registaron 785.000 euros en efectivo, más de un kilogramo de cocaína, una enorme cantidad de joyas y relojes de lujo, marihuana, armas de fuego y 10 vehículos de alta gama. Como consecuencia, se ordenó el cese inmediato de la actividad en tres establecimientos: un hotel, una sala de ocio nocturno y una cafetería.
Además, el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Cartagena acordó medidas patrimoniales cautelares para evitar la desaparición de bienes relacionados con los delitos investigados. Se han bloqueado cuentas bancarias, embargado saldos, y prohibido la venta o disposición de inmuebles y vehículos de los investigados.