La titular de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, elogia la transformación de la dirección general d’Atenció a la Infància (DGAIA) en la nueva dirección general de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), “ágil” y “a velocidad de crucero”. Un escollo, sin embargo, entorpece la travesía: la reclamación a centenares de extutelados de miles de euros por prestaciones “indebidas”.
Drets Socials no ha podido precisar a La Vanguardia cuántos afectados hay ni a cuánto asciende la cantidad final reclamada. Los primeros jóvenes que recibieron las cartas se han unido y ya tienen un grupo con 156 miembros, “aunque cada día hay nuevas incorporaciones”. Las cantidades que se les exigen oscilan entre los 20.000 y los 30.000 euros (una de las más pequeñas es de 6.000 y la mayor hasta ahora, de 42.000).
Comunicado de los afectados
El Govern ya ha movido ficha ante las críticas de sindicatos, de educadores y de la Sindicatura de Greuges, que ha iniciado una investigación y se posiciona a favor de los extutelados. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, presentó ayer una proposición de ley pactada con ERC y Comuns para que no se puedan reclamar prestaciones sociales otorgadas por error: “No podemos exigir a personas vulnerables lo que no tienen”.
En el mejor de los casos, la ley se aprobaría en octubre, pero todo indica que estas reclamaciones acabarán anuladas o condonadas, como las que hace meses recibieron familias vulnerables por subvenciones indebidas o no compatibles con la renta garantizada de ciudadanía. Los extutelados denuncian que Drets Socials ha invertido la carga de la prueba y que no los considera presuntos inocentes, sino presuntos culpables.
El derecho al error
Una salvaguarda para funcionarios y ciudadanos
La reforma también reconoce el derecho al error ante la administración de los ciudadanos y los funcionarios: los primeros podrán así rectificar sus fallos si no se cometieron con mala fe y seguir con sus trámites sin quedar excluidos o empezar de cero; y los segundos no serán sancionados si su equivocación no fue fruto del “dolo, culpa o negligencia grave”.
La Generalitat ha reconocido a este diario que se han exigido sumas “aún no definitivas” y que podrían verse “reducidas”. Sus cartas, a varias de las cuales ha accedido La Vanguardia , hablan siempre en condicional de “una posible deuda” de varios miles de euros. Los receptores disponen de “diez días hábiles desde la notificación de la resolución” para presentar sus alegaciones y toda la documentación (contratos de trabajo y certificados del padrón, entre otros) para avalar sus palabras.
La conselleria dice actuar por imperativo legal. La ley castiga a la autoridad o funcionario público que tolere o asista impasible “ante una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia”. Los afectados, por el contrario, creen que ha disparado al bulto y con precipitación porque los pagos supuestamente anómalos hechos a partir del 2021 (es decir, los suyos) ya estaban a punto de prescribir, como los de años anteriores.
Una de las cartas
Eso explicaría las cantidades desorbitadas que han recibido algunos extutelados, como X (que pide el anonimato). “Mis hermanos y yo estuvimos siete años bajo la tutela de la administración. Con la mayoría de edad, una paga de 667 euros, posteriormente de 717, y a la calle. Si no te formas, ya sea trabajando o estudiando, si no tienes un buen comportamiento y si no ahorras, ¡adiós a todo!”.
“Para no perder la prestación –continúa X– tus ingresos tampoco no pueden sobrepasar una determinada cifra. Hubo unos meses en los que trabajé como monitor de colonias y excedí ese límite. Calculo que fueron unos 1.800 euros. Se lo comenté a mi enlace de Drets Socials y me replicó que por tan poca cosa no dijera ni hiciera nada. Ahora me piden 20.000 euros. ¿Y quién en mi situación los tendría?”.
La lucha contra los abusos
La situación de este joven, “con 24 años y un sueldo bajo”, es reveladora, pero no única. Él y sus compañeras y compañeros denuncian que puede haber más afectados que aún no se hayan enterado. “Muchos amigos no han recibido el correo, pero entraron en la web de notificaciones de la Generalitat por nuestra insistencia y solo entonces descubrieron que también a ellos les reclaman cantidades muy importantes”.
En el caso de la renta garantizada el Govern aprobó un decreto para anular la exigencia de la devolución del dinero por entender que los pagos duplicados o incorrectos se produjeron “por un mal funcionamiento de la administración” y porque reclamar el dinero meses después a estos hogares, con escasa capacidad de ahorro, agravaba todavía más su vulnerabilidad.
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Exactamente lo mismo pasa ahora. El problema, según denunció en su día la Sindicatura de Comptes, el órgano que fiscaliza la contratación pública en Catalunya, es que los pagos que se instan a los extutelados no se hicieron solo por un mal funcionamiento administrativo, sino por otras conductas “que podrían ser perseguibles incluso por vía judicial”.
Pero estas conductas, corresponsables de la desaparición de la DGAIA, no son achacables a los jóvenes, sino a las entidades que trabajaban para la administración y que supuestamente hicieron la vista gorda ante ayudas irregulares porque redundaban en su beneficio. “Somos víctimas, no culpables”, dicen los afectados. “Nos limitamos a recibir una prestación tramitada por los mismos que ahora nos la reclaman”.
