El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anulado los puntos clave del decreto que fue aprobado por el anterior govern de la Generalitat, en mayo del 2024, que blindaba el catalán como lengua vehicular en las escuelas. La resolución no tendrá ningún efecto porque el decreto ya estaba suspendido desde julio del año pasado, pero es un capítulo más en la pugna que mantiene desde hace años la justicia con el Govern a cuenta del catalán en las aulas.
Después de varias sentencias judiciales que obligaban a la Generalitat a fijar cuotas de castellano del 25% en las aulas catalanas, ayer, en vísperas de la Diada y en pleno choque entre el Gobierno central y la alta judicatura, el TSJC dictó una nueva sentencia que anula catorce puntos del articulado del último decreto de régimen lingüístico. El argumento del tribunal es que la normativa catalana sitúa en inferioridad al castellano respecto del catalán y esto incumple las sentencias del Constitucional que establecían que la lengua castellana no podía ser excluida como lengua vehicular ni relegada a un uso “circunstancial o residual”.
Salvador Illa recurrirá el fallo: “Un uso político de la lengua es lo peor que se puede hacer para la convivencia”
La sentencia supone un nuevo varapalo para la inmersión, si bien no se puede aplicar porque todavía no es firme y contra ella puede presentarse recurso. Además, en el caso de que el Supremo acabe pronunciándose en el mismo sentido, el Govern deberá redactar unas nuevas directrices que, en caso de controversia, obligaría a presentar una nueva demanda y a empezar de nuevo todo el proceso judicial. Ayer, el president Salvador Illa ya anunció que el Govern recurrirá la sentencia para “seguir defendiendo el modelo de escuela catalana” y advirtió que “un uso político de la lengua es lo peor que se puede hacer para la convivencia en Catalunya”. “El catalán tiene que seguir siendo la lengua inclusiva y transversal del país, y también de la escuela”, zanjó.
Detrás de la ofensiva judicial contra la inmersión está la asociación Asamblea para una Escuela Bilingüe, que ya protagonizó las acciones para fijar las cuotas del 25% de castellano y reclamó su ejecución junto con Impulso Ciudadano, entidad creada por un exdiputado de Ciudadanos, Convivencia Cívica Catalana (CCC) y Hablamos Español en nombre de la Asociación Judicial de la Guardia Civil. La Asamblea para una Escuela Bilingüe celebró la decisión, ayer, en una nota de prensa en la que exigieron al Govern que “reforme el modelo educativo para garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos en Catalunya”.
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La comunidad educativa salió en tromba a defender la escuela catalana. El sindicato Ustec considera que la sentencia es “un nuevo ataque frontal al modelo de escuela catalana”, CC.OO. lamenta el fallo del TSJC y remarca que el actual sistema es “de éxito” porque garantiza la igualdad y la cohesión social, y, por su parte, la Intersindical recuerda que el catalán “es una lengua minorizada que necesita protección en todos los ámbitos, mientras que el conocimiento del castellano está plenamente garantizado por el contexto social y mediático”.
La sentencia se apoya en las múltiples resoluciones del Supremo, del TC y del propio TSJC que desde el 2009 se han pronunciado a favor de una mayor presencia del castellano en las aulas, mientras que la Generalitat sigue manteniendo que la inmersión lingüística es la única manera de garantizar que los alumnos dominen las dos lenguas al finalizar la etapa escolar.
El TSJC declara nulos los artículos del decreto que establecían que el catalán y el aranés, en Val d’Aran, fueran las lenguas vehiculares en toda la actividad docente y extraescolar, en las comunicaciones con las familias, como lengua auxiliar para el aprendizaje de idiomas extranjeros y para los alumnos recién llegados.
El tribunal señala que todos estos apartados “no establecen una presencia razonable del castellano en la enseñanza, sino que determinan una situación de desequilibrio a favor de la lengua catalana” y advierte que “la declaración de normalidad en el uso de una lengua no puede conllevar la primacía sobre otra en el territorio de Catalunya, pues la declaración de uso normal no implica ni exclusión ni preferencia sobre las otras lenguas que también son oficiales en el respectivo territorio”.
El tribunal echa de menos que el decreto no señale al castellano también como lengua vehicular. “Nos encontramos que con la ausencia de mención alguna a la lengua castellana como lengua vehicular de la enseñanza a diferencia, como hemos visto, del aranés, “no permite considerar que resulte garantizada la presencia adecuada del castellano ni que existan instrumentos de control y evaluación que hagan posible que todo el alumnado alcance la competencia en comunicación lingüística en lengua castellana que la normativa superior persigue”.
El anterior Govern aprobó el decreto 91/2024 para impulsar la presencia del catalán en los colegios después de que un estudio de la Plataforma per la Llengua advirtiera que solo un 12% de los jóvenes utiliza el catalán en su día a día y pretendía proteger a los centros educativos en la aplicación del 25% del castellano haciendo responsable último de los proyectos lingüísticos al departament.
La norma establecía que el catalán era “la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y en la acogida del alumnado recién llegado” así como “en las actividades educativas, incluidas las complementarias, las extraescolares y los servicios educativos, las comunicaciones internas del centro y en las de proyección externa y de relación con el resto de la comunidad educativa”. El decreto mencionaba el castellano de la siguiente manera: “El castellano es la lengua utilizada de acuerdo con lo que establece el punto 7 y en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de centro, que garantizan la enseñanza y uso curriculares y educativos”.
