Los hechos ocurrieron, presuntamente, entre febrero de 2021 y el otoño de 2022. Una enfermera de 52 años, recién llegada a un ambulatorio de Santurtzi (Bizkaia) y que por primera vez trabajaba en pediatría, simulaba suministrar las dosis correspondientes a los calendarios de vacunación de los niños de manera acelerada y entre comentarios contrarios a las vacunas. Después, despedía a las familias y cerraba los trámites relativos a las cartillas de inmunización de los pequeños. Su particular modus operandi, sin embargo, terminaría delatándola. Ahora, un juzgado de Bilbao la ha sentado en el banquillo.
Ayer, en la primera sesión del juicio que se celebra esta semana en la Audiencia Provincial de Bizkaia, la enfermera pidió posponer su declaración hasta la última sesión del juicio, de manera que antes deberá escuchar a hasta 70 testigos, entre familiares de los menores, compañeros de ambulatorio, peritos y especialistas en medicina preventiva.
Los menores convivieron con un brote de meningitis en Santurtzi, donde ocurrieron los hechos
En la primera jornada del juicio, en concreto, la enfermera se reencontró con una decena de progenitores de los menores falsamente inoculados. “El proceso era muy rápido”, indicó una madre. Otra de las progenitoras señaló que el modo en que vacunaba a su hija le pareció extraño: “Se ponía de espaldas y me ocultaba el brazo de mi hija”. Las familias señalaron, además, que los niños en ninguno de los casos presentaban los efectos típicos que siguen al proceso de vacunación: ni fiebre, ni malestar, ni enrojecimiento de la zona.
La acusación particular solicita una condena de entre 12 y 17 años de prisión para la enfermera. No en vano, hasta 404 niños se han visto perjudicados por la presunta simulación de la vacunación de los menores, si bien son medio centenar los que han llevado el peso del proceso y decidieron contratar al abogado Aitzol Asla.
La Fiscalía, mientras, pide una condena de 7 años y medio para la enfermera por un delito continuado de daños agravados a los niños, al no haberles administrado “conscientemente” las vacunas, así como por un segundo delito de falsedad documental, al haber falseado el historial clínico de menores. El Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y el Colegio de Enfermería se han adherido a esta solicitud de penas, y piden además su inhabilitación profesional. La diferencia entre las penas que piden acusación particular y Fiscalía está en que los primeros reclaman un delito añadido de “malversación de fondos públicos”. Según los cálculos del Servicio Vasco de Salud, la cantidad de dinero perdida entre vacunas desechadas, la compra posterior de dosis para acometer la inmunización efectiva de los menores y la contratación de profesionales superaría los 50.000 euros.
La primera sesión del juicio dejó patente el papel protagonista que algunas madres de Santurtzi han tenido de cara a que los presuntos delitos hayan salido a la luz. El caso, no en vano, estalló gracias a las suspicacias de cuatro de ellas. De un lado, percibían que no era normal la forma en la que procedía a, supuestamente, inmunizar a los niños, de manera precipitada y a escondidas. De otro, sus comentarios en contra de las vacunas y respecto a otras cuestiones relacionadas con la maternidad llamaron su atención.
Aitzol Asla, abogado de las defensa de las víctimas en el juicio contra una enfermera acusada de simular la vacunación de menores. EFE/Luis Tejido
En ese contexto de queja y preocupación por parte de las familias se produjo un error que resultaría clave. La enfermera se equivocó con la pauta de vacunación del bexsero que debía suministrar a varios menores. La alerta en torno a esta sanitaria se amplificó. Y el Servicio Vasco de Salud movió ficha. Hasta tres estudios serológicos demostraron que los niños no tenían los anticuerpos que se corresponderían con las vacunas supuestamente recibidas, de manera que las peores sospechas parecieron confirmarse.
Todo este proceso y la posterior vacunación, esta vez real, de los menores ha exigido un contacto continuo con las familias, entre las que la indignación es absoluta. Una de las madres afectadas explica que una de sus hijas, la menor, tuvo que participar en el segundo estudio serológico, al tiempo que se le tuvieron que administrar siete dosis que no había recibido en su momento. A la mayor, le tuvieron que administrar cuatro dosis que no le habían sido suministradas. Lo mismo ocurrió con hasta 404 niños.
Lo peor, en todo caso, fue el riesgo al que quedaron expuestos los menores, que durante aquel periodo convivieron en Santurtzi con un brote de meningitis.
A falta de conocer lo que pueda alegar la denunciada, si es que toma finalmente la palabra, el caso deja la incógnita de qué habría pasado si las madres no llegan a poner en común sus suspicacias.
De la baja a la incapacidad permanente
La enfermera acusada de haberse saltado el calendario de vacunación de hasta 404 niños pidió en un primer momento la baja médica y, finalmente, una incapacidad permanente, alegando problemas de carácter psiquiátrico. Este punto resulta significativo y podría traducirse en un cambio de estrategia por parte de la defensa, que pasaría a alegar problemas psiquiátricos a fin de mitigar la pena que le podría ser impuesta. La enfermera, que residía en el municipio de Santurtzi y coincidía con las familias afectadas, ha abandonado esta población y no ha vuelto a ser vista por la zona. El abogado de la enfermera, que pidió ayer que fuera la última en declarar, no ha aclarado si finalmente tomará la palabra o si, por el contrario, optará por no hacerlo. La estrategia de la defensa es, en este sentido, una de las incógnitas del juicio.
