Los equipos de seguridad se basarán en tobilleras, contarán con seguimiento automatizado y resultarán imposibles de modificar.
Violencia de género
El Gobierno valida los términos de la licitación fijando un plazo máximo de 60 meses y un presupuesto de 111 millones de euros.
Los recientes términos del acuerdo establecen que, en vez de brazaletes o pulseras como el que se aprecia en la fotografía, se emplearán tobilleras.
El Consejo de Ministros ha aprobado los términos actualizados para la adjudicación del servicio global de vigilancia electrónica que supervisa el acatamiento de las restricciones cautelares y condenas de alejamiento vinculadas a casos de violencia de género y sexual. Se trata de la licitación relativa a los dispositivos conocidos habitualmente como pulseras antimaltrato, encargados de verificar que el agresor respete la distancia de seguridad con la víctima impuesta por mandato judicial.
Este convenio, con un periodo de partida de 36 meses, posee un fondo de licitación de 71,3 millones de euros, cuantía que ascendería a 111, 1 millones si se activan las dos ampliaciones de un año contempladas hasta los 60 meses, según informan desde el Ministerio de Igualdad.
La licitación incorpora múltiples cambios que buscan solventar las deficiencias de protección descubiertas y que causaron alarma entre las víctimas el año anterior. De esta forma, se utilizarán principalmente tobilleras en lugar de brazaletes, debido a que resultan más difíciles de alterar. Se ha dispuesto la integración de sistemas de defensa contra sabotajes mediante componentes antivandálicos, mejorando la impermeabilidad y los sensores de desplazamiento o de calor corporal, además de exigir que el dispositivo de tobillo y el terminal móvil que integra el equipo del procesado cuenten con una tarjeta ESIM para impedir su extracción. Asimismo, estarán dotados de pantallas con vidrio reforzado.
De igual manera, se integrará al procedimiento vigente un esquema que emita una notificación extra a las ya operativas de cercanía, basada en el reconocimiento directo entre el equipo electrónico del investigado, inculpado o condenado y la víctima por bluetooth, la cual se procesará como una alerta de proximidad.
La persona bajo investigación, acusada o sentenciada permanecerá constantemente ubicada aun cuando abandone su dispositivo móvil en su hogar.
Los brazaletes de los equipos recientes dispondrán de sistemas de ubicación independientes, permitiendo así que el sujeto bajo investigación, acusado o sentenciado permanezca rastreado aun cuando abandone a propósito su terminal móvil en casa. Estas herramientas incorporarán acumuladores de energía con autonomía superior, la facultad de ajustar remotamente, mediante el celular del atacante, los criterios para acortar los intervalos de envío de la ubicación del brazalete si fuera preciso; además de optimizaciones en el cifrado de seguridad para garantizar que los aparatos de la víctima y el agresor mantengan un vínculo constante e inquebrantable.
Del mismo modo, se integrarán sistemas de protección con el fin de impedir el fingimiento, la alteración o el manejo indebido de la información remitida a través de los aparatos hacia el Centro de monitorización y control de la Sala Cometa, según detalla el organismo liderado por Ana Redondo.
Aumenta la cantidad de equipos que se comprarán durante el periodo contractual hasta alcanzar 17.660; se determina en 2.000 las existencias mínimas de aparatos preparados para su montaje en cualquier zona del país en un tiempo inferior a 24 horas, vinculado a un mecanismo de reporte y seguimiento de inventario al servicio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se asegura igualmente la conservación o el reemplazo de las unidades en menos de 24 horas y se demanda el arreglo de todo aquel que haya sido alterado, dañado o estropeado en un tope de tres meses.
Se asegura el soporte técnico o el reemplazo de equipos en menos de 24 horas.
El acuerdo actualizado permitirá la adquisición individual de los componentes que integran un lote de equipos (teléfonos móviles, tobillera, cargadores, etc.), con el objetivo de adaptar el volumen de pedidos a las situaciones de pérdida, alteración o rotura de cada pieza conforme se vayan manifestando.
Asimismo, se optimiza la supervisión de los terminales desde la Sala Cometa y el contacto con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
En lo que respecta al personal, es importante señalar que se establecerá el puesto de responsable coordinador o coordinadora del Servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, con el fin de supervisar las existencias de los elementos de los kits de dispositivos. Se incrementará de uno a dos el número de responsables coordinadoras o coordinadores de la Sala Cometa, y se habilitará una vacante de responsable del Servicio de desarrollo y mantenimiento de software junto a otra de responsable del Servicio de infraestructuras, procesamiento de datos y almacenamiento.
La Sala Cometa contará con al menos 151 personas en cada turno
La Sala contará con una persona responsable de la coordinación jurídica, dos especialistas en asesoría legal, las dos plazas ya indicadas para el soporte psicológico y se incrementarán a tres los puestos de gestión y vigilancia de los turnos de Cometa. En resumen, se exigirá la presencia de al menos 151 integrantes en la estancia.
Por su parte, la entidad adjudicataria está obligada a conservar las existencias mínimas de todos los componentes que integran el conjunto o kit de equipos, además de enviar los informes de actuación a los órganos judiciales, fiscalías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dentro de un margen de 24 horas. Se acortarán los plazos destinados a comunicar y solventar fallos técnicos de gravedad, se incrementarán las exigencias relativas a la operatividad del servicio y se incorporarán labores de mantenimiento preventivo.