Italia permitirá la implementación de dispositivos de detección metálica en las instituciones de enseñanza a raíz del asesinato de un estudiante.

Gran cantidad de armas blancas se encuentran en manos de los jóvenes italianos y el Gobierno pretende combatir este fenómeno implementando escáneres metálicos en los colegios más problemáticos e incrementando los castigos. Dicha disposición facilita la ejecución de inspecciones de vigilancia y el uso de detectores de metales de manera imprevista en los planteles de mayor vulnerabilidad, tras la petición de sus directores.

A través de una directiva, los ministerios de Educación y del Interior han habilitado la opción de implementar de manera sorpresiva mecanismos de vigilancia en los institutos italianos, por solicitud de sus directivos.

La determinación del Gobierno de Giorgia Meloni se produce después de un evento que ha impactado a la nación: el homicidio de un joven de 18 años, Abanoub Youssef, atacado con arma blanca en el corredor de su centro educativo en La Spezia (Liguria) a manos de un colega de aula, Zouhair Atif, el reciente 16 de enero. Este asunto ha acaparado por varias jornadas las primeras planas de la prensa y numerosos espacios de debate en televisión, donde se ha analizado la probable causa del delito: la rivalidad sentimental por una joven.

El Ejecutivo, que ha convertido la protección en uno de sus pilares básicos para generar acuerdos, tenía que presentar una solución. Ha procedido esquivando la militarización de los planteles al modo estadounidense y restringiendo las acciones a los establecimientos de mayor peligrosidad. Los directivos podrán pedir inspecciones en las entradas tras incidentes de conducta agresiva, venta de estupefacientes o “actos de acoso reiterados y señalados”.

Los mecanismos de supervisión —se especifica en la normativa— “pasan a formar parte de una estrategia global destinada a crear entornos educativos seguros y regulados”. “Los controles podrán realizarse de manera sorpresiva cuando lo soliciten los directores”, señaló el titular de Interior, Matteo Piantedosi, en una intervención en la cadena estatal, Rai 1.

Una de las solicitudes tempranas, antes incluso de emitirse la circular, se originó específicamente en el instituto Chiodo Einaudi de La Spezia, donde ocurrió el asesinato.

Durante las semanas venideras podrían aprobarse disposiciones adicionales mediante un decreto que incremente las sanciones para los jóvenes autores de crímenes violentos. Esta propuesta es ampliamente solicitada por los votantes de derecha —y otros grupos—, si bien su viabilidad legal es complicada dadas las múltiples limitaciones de la normativa penal juvenil italiana, fundamentada en la reinserción del menor más que en la penalización.

Esta determinación ha provocado una fuerte controversia. El regidor de Bolonia, Matteo Lepore, localidad baluarte de la izquierda, ha cuestionado severamente el uso de arcos de seguridad y la propuesta de endurecer los castigos. “Seguimos agitando medidas a la americana: allí siempre han tenido detectores en las escuelas y no han logrado frenar la proliferación de armas”, declaró en SkyTg24. “Debemos invertir recursos en las ciudades y en la prevención. Hoy los cuchillos no están solo en los bolsillos de los chicos de segunda generación, sino de casi todos. Estamos diciendo que meteremos en prisión a jóvenes cuando las cárceles ya están llenas”.

Asimismo, la organización que representa a los responsables de instituciones escolares ha manifestado sus incertidumbres: “Harían falta cifras astronómicas y surgirían problemas de personal, de vigilancia y de tiempos muy largos de entrada y salida de los institutos, además de desnaturalizar la propia función de la escuela”.

Una discusión que evidencia el grado en que la agresividad entre jóvenes ha penetrado en el núcleo del sistema educativo italiano.