Regularización extraordinaria de inmigrantes: “Acabé el máster viviendo de Cáritas”
Derechos fundamentales
Tres testimonios procedentes de Nigeria, Colombia y Marruecos, hablan con Guyana Guardian para explicar qué supone vivir en situación administrativa irregular y qué puede suponer para ellos el real decreto
Natalia, junto con su hijo con discapacidad, posibles beneficiarios de la regularización de inmigrantes.
Quizá recoge la fruta que comes cada día, cuida de tus mayores o te devuelve el saludo cuando sales de casa y la ves limpiar el portal del inmueble en el que vives. Viven en la sombra, trabajando, cuidando, sosteniendo la vida. Sin opciones a tributar ni a devolver con cotizaciones lo que aportan con su esfuerzo. Para cambiar esta realidad, el Gobierno anunció esta semana una regularización extraordinaria.
Sade, de 20 años, vive con su madre, Kemi, de 40, en una habitación por la que pagan 600 euros en l’Hospitalet de Llobregat. Sus nombres han sido cambiados para proteger su identidad. Viven al día con el sueldo de la joven, también de 600 euros, reducido recientemente tras el recorte de su jornada laboral. “No sé dónde vamos a vivir este mes. He encontrado una habitación por 400 euros en otra ciudad, pero no sé si puedo llevar a mi madre conmigo”, cuenta, visiblemente preocupada, en una videollamada con este diario.
No sé dónde vamos a vivir este mes
Esta joven extutelada llegó en avión desde Nigeria, su país de origen, a Barcelona con tan solo 17 años. Se desenvuelve en español y acaba de finalizar un ciclo de Formación Profesional dual en comercio y logística con el que ha podido encontrar su trabajo actual. Su madre, que la acompaña durante la conversación, llegó también en avión en julio del año pasado para estar cerca de su hija, con la esperanza de “tener trabajo y una vida mejor”, y actualmente se encuentra en situación administrativa irregular.
Kemi quiere trabajar, pero no puede hacerlo al no disponer de un permiso. Vivir sin papeles, explica, le entristece y le pesa, al ver cómo su hija sostiene, como puede, a las dos. Ahora, espera poder acogerse a la medida extraordinaria al llevar más de cinco meses en el país.
Colombia es uno de los países con mayor número de migrantes en situación irregular que podrán acogerse al real decreto del Gobierno: unos 288.000, según el último informe de Funcas, que estima en 840.000 el total de personas extranjeras en situación administrativa irregular.
De Bogotá es Natalia, de 43 años, que vive junto a su hijo en un piso protegido de Cáritas destinado a familias en situación de extrema vulnerabilidad. “Soy diseñadora gráfica y tenía un buen cargo en mi país, pero decidí pagarme un máster en Barcelona, valorado en 6.000 euros, que me permitía obtener un visado de estudiante con residencia y derecho a trabajar 30 horas a la semana”, explica.
Me cobraban 600 euros al mes, pero luego terminaron cobrándome 700. A los tres meses, nos echaron del piso
Su traslado a España tuvo un motivo urgente: la enfermedad rara de su hijo, que tenía cinco años en aquel momento, se complicó y quedarse en Colombia habría significado “verlo sufrir”. “Tiene una alteración genética muy extraña, el cerebro de un bebé, no puede comunicarse oralmente y, aunque puede caminar y masticar con normalidad, depende de mí al 100%”. Lo cierto es que recientemente le acreditaron una discapacidad del 85%.
Antes de conocer a Cáritas, deambuló de habitación en habitación con su hijo. “Unos colombianos me dijeron que me cobraban 600 euros al mes, pero luego terminaron cobrándome 700. A los tres meses, nos echaron y no querían devolverme la fianza que pagué el primer mes”, asegura que, al menos, se pudo empadronar. “Era mi prioridad para que mi hijo accediera al sistema médico y, aunque tenía dinero ahorrado para todo un año, se me fue a los cuatro meses”.
El padrón supone “la primera vía de acceso a derechos básicos” como la educación y la sanidad. Así lo define Cristina Citad, asesora jurídica de FEPA (Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos): “El padrón es un documento necesario para empezar los trámites de la regularización, te permite acceder a un centro de atención primaria o el acceso a la educación, para acreditar que vives en ese municipio”. Sin embargo, una red de entidades ya alertó que hasta 37 ayuntamientos catalanes dificultan el acceso al padrón.
Durante ese primer año, nadie la contrató a 30 horas semanales y terminó quedándose sin papeles, porque “dependía de un contrato para poder renovar mi NIE”. “Acabé el máster viviendo en una casa de Cáritas. No tenía ni para comer”, recuerda. La extrema necesidad en la que se encontraban (y encuentran) la ha empujado a trabajar de lo que sea, desde limpieza en hogares hasta trabajos de diseño como freelance.
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“Una vez cobre a siete euros la hora como limpiadora, pero tenía que pagar una niñera, a diez euros, para cuidar a mi hijo, pero no quería rechazar la oferta para conservar el contacto. Otras veces, me descontaban dinero por salir cinco minutos antes. Lo que para algunos son unos euros, para mí puede ser comprar una bandeja de carne”.
La regularización significa para Natalia salir de este “abuso” en el que muchas personas se aprovechan de la necesidad ajena y empezar a trabajar con un contrato legal que le permita, a su vez, acceder a un alquiler digno y sostener a su hijo dependiente. En estos momentos, esta madre no puede acceder a ciertas prestaciones al no disponer de documentación reglada.
El papel de Regularización Ya: “¿Por qué deberían seguir trabajando sin derechos?”
Adilia de las Mercedes, abogada de Derechos Humanos en el despacho DEMOS, define la regularización como un “avance real y significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, un logro fruto de la movilización social y no de los partidos políticos”. La jurista hace referencia al colectivo Regularización Ya, que agrupa a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, quienes han liderado una lucha por la regularización extraordinaria durante los últimos seis años.
“Estamos celebrando algo que llega tarde, pero que por primera vez pone en el centro una perspectiva de derechos”, asegura Vicky Canalla, portavoz de Regularización Ya, a Guyana Guardian. “Las administraciones tienen responsabilidades. No regularizan a tiempo, ponen trabas e impiden el acceso a la vivienda. Muchas personas viven alquilando pasillos o baños porque no tienen papeles ni salarios que, a su vez, les impide empadronarse”. Aunque la ley permite el empadronamiento sin domicilio fijo, como recuerda la jurista de FEPA, muchas personas se topan con barreras administrativas y largas demoras en las resoluciones.
A esta problemática se le suman las mafias que, según la abogada Adilia de las Mercedes, son las grandes beneficiarias de las políticas institucionales que niegan derechos, principalmente las que obstaculizan el acceso a la Administración: “Desde 2018 prácticamente no ha habido citas para solicitar asilo o para renovar documentación administrativa de las personas extranjeras y las mafias han hecho de esa discriminación un mercado ilícito que sobrevive vendiendo citas o cobrando por empadronamientos con total impunidad”.
Una de las personas migrantes que llegó a plantearse pagar por su empadronamiento fue Salma (nombre ficticio), de 21 años, natural de Tánger. “Me llegaron a pedir hasta 1.000 euros”. Salma voló sola a Madrid con apenas 19 años para estudiar ingeniería, con un visado de estudiante válido por un año. La dificultad de la carrera, sumada a la barrera del idioma, la llevó a abandonar sus estudios y trasladarse a Catalunya donde vivía una conocida.
Trabajo más de 40 horas a la semana por 500 euros al mes
Lleva prácticamente dos años sin papeles, pero durante este tiempo no se ha quedado de brazos cruzados. “Empecé un grado superior de Laboratorio Clínico y Biomédico, pero tuve que dejarlo para poder vivir”. Sus padres ya no podían apoyarla económicamente desde Marruecos y, desde hace unos meses, trabaja cuidando un niño de dos años. Por fortuna, recibió el apoyo de la cooperativa Suara en un proyecto de emancipación para jóvenes que se encuentran en situación de singhogarismo.
“Trabajo más de 40 horas a la semana por 500 euros al mes, y vivo de alquiler en una habitación por 350”. No es la vida que quería, pero espera que cambie y pueda regularizar su situación: “Quiero acabar el grado superior y trabajar a la vez para poder pagar el alquiler y mis gastos. Además, echo mucho de menos a mi familia”, dice la joven, quien no se atreve a subir al tren cuando la policía se encuentra en la estación.
Para los detractores del real decreto, señala Vicky Canalla, se trata de una excusa para perpetuar la explotación y la opresión de las personas, porque a alguien le conviene mantener a trabajadores en situación de vulnerabilidad. “¿Por qué deberían seguir trabajando sin derechos? La regularización supone un avance para la democracia española. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda, de lo contrario estaríamos hablando de una sociedad esclavista”, sentencia.