El Gobierno restringirá la influencia de los centros privados de FP mediante un reciente real decreto.
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El mandatario Sánchez manifiesta su intención de “blindar la calidad” en la formación técnica tal como realizó con los centros universitarios.
La oferta privada ha crecido más del doble que la pública en los últimos años
La administración central pretende restringir la propuesta privada de Formación Profesional (FP), la cual se ha disparado recientemente para satisfacer el notable incremento de las solicitudes. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comunicado el lanzamiento de un real decreto que condicionará los permisos para instituciones privadas y su operatividad si no alcanzan ciertos niveles básicos de calidad.
“Queremos blindar la calidad de la FP tal y como hicimos con las universidades”, ha expuesto el presidente en el evento de cierre de unas sesiones sobre esta instrucción en el Ministerio de Educación y FP. Para impedir que “chiringuitos” otorguen certificados.
El Gobierno validó un real decreto referente a la acreditación de instituciones universitarias privadas que condiciona su dimensión, capacidad financiera y administración. Asimismo, les demanda un desembolso de capital y diversas condiciones vinculadas a la actividad investigadora.
El Gobierno ensalza este cambio estructural como un
En FP, la oferta privada, especialmente a distancia, ha crecido de forma exponencial en los últimos años sin que estos centros estén regulados.
Sánchez ha señalado que la expansión de la FP en España ha sido inaudita durante el periodo reciente, tiempo en el cual se han destinado 1.200 millones de euros (derivados principalmente de los recursos europeos Next Generation) y se han habilitado 400.000 vacantes en un lapso de ocho años. El índice de empleabilidad sobrepasa el 90%.
La promoción de la administración y el cambio en la imagen pública de dicha formación han permitido que se perciban como un “plan A” para numerosos jóvenes y como una vía para modernizar o reorientar los perfiles de trabajo de los adultos, ha indicado el presidente.
“Se trata de una auténtica revolución”, ha afirmado, “una de las grandes transformaciones estructurales de este país de las que el Gobierno está más orgulloso y comprometido”, ha continuado.
Sin embargo, resulta fundamental “gobernarlo” este triunfo para prevenir cualquier descontrol. Ha indicado que la enseñanza privada supone un gasto de entre 3.000 y 9.000 euros, hecho que aparta a aquellos alumnos que carecen de medios económicos y no lograron plaza en la pública. “Esta oferta privada puede ser buena, pero también puede no ir acompañada de calidad y de conexión con el sector productivo”. El propósito del nuevo real decreto es garantizar la excelencia y la imparcialidad, puntualizó.
De igual forma, ha comunicado que se extenderá el sistema de centros de excelencia y de referencia nacional, del cual existen actualmente cerca de 75. Las nuevas incorporaciones serán 10 y están asociadas a sectores clave para el país. Estos espacios, que deben reunir condiciones específicas, son líderes en procesos de innovación y capacitación hacia otras instituciones.