La Fiscalía pide vetar desde España el acceso a webs extranjeras que ofrecen madres de alquiler
Gestación subrogada
Tras prohibir páginas creadas en nuestro país, ahora se quiere evitar buscar a esos bebés fuera de la UE
Varias mujeres vestidas con el uniforme del 'Cuento de las Criada' se manifiestan bajo el lema ‘Las mujeres no se alquilan, los bebés no se compran’, frente al Ministerio de Justicia
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de dar otro decidido paso en la lucha contra la gestión subrogada. Ha pedido al Ministerio de Igualdad que adopte medidas para impedir el acceso dese España a webs de al menos trece empresas que operan en países fuera de la Unión Europea y ofrecen, como legal, este servicio de vientres de alquiler.
El nuevo paso llega tras una victoria pionera, también de la Fiscalía, con esta práctica comercial en la que se ofertan catálogos de mujeres, que a cambio de una prestación económica gestan a bebés con el esperma de un donante -a veces también con un óvulo fecundado- que después esas madres biológicas entregan a la familia que contrata el servicio. El pasado mes de noviembre la Fiscalía logró cerrar por primera vez webs que publicitaban la gestación subrogada en España. Es decir, con plataformas que operaban desde este país.
Esta práctica sigue siendo legal en países como Estados Unidos, Israel, Canadá, Georgia, Ucrania, México o Colombia
Ahora se va más lejos, conscientes de que ese veto no es suficiente, y se quiere impedir que desde España se pueda acceder a portales que ofrecen esos servicios en países donde esta práctica es legal, como Estados Unidos, Israel, Canadá, Georgia, Ucrania, México o Colombia. Ahí tienen su sede estas 13 webs a las que se quiere prohibir el acceso desde España.
Las leyes en nuestro país no dejan al aire ninguna duda sobre el tema: la gestación subrogada no está permitida en España. Está prohibida desde 2006. Y el Tribunal Supremo ya fijó jurisprudencia con el tema hace una década con sentencias civiles en las que se considera que las madres y niños usados en esta práctica son tratados “como simple mercancía”.
Trabas del Gobierno
Complicar la inscripción del bebé
El Gobierno ha aplicado en los últimos años otras medidas para evitar que familias españolas busquen un vientre de alquiler fuera de nuestras fronteras en esos países donde esta práctica sigue siendo legal. Hace ahora un año anunció que el Registro Civil dejaba de inscribir de forma directa a los bebés nacidos con gestación subrogada.
Esa instrucción no hacía otra cosa que adaptar al régimen del registro una sentencia del Supremo que rechazó regularizar a niños nacidos de vientres de alquiler, aunque lo respalden jueces o resoluciones de otro país.
Así que en estos momentos solo se puede formalizar la inscripción de un bebé siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación (la relación jurídica entre hijos y padres): por vínculo biológico o por adopción.
Esa instrucción es también muy clara en sus motivos: “busca que prevalezca siempre el interés superior del menor, evitando su mercantilización y haciendo que se respeten los procedimientos legales para establecer la filiación y posterior registro en España”.
El escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, firmado por Manuel Campoy, director de la secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, pide, además de la retirada de contenidos de esas páginas de fuera de la UE sobre gestación subrogada que ahora pueden consultarse sin problemas desde España, que se preste especial atención para suspender el acceso a esos portales a los intermediarios. Son empresas que cobran por ese servicio y buscan burlar, contratando servicios en esos países donde esta práctica sí en legal, la ley española.
El Tribunal Supremo ya ha fijado jurisprudencia: “Esas madres y bebés son tratados como mera mercancía”
Esta diligencia se ha tramitado en coordinación con las Fiscalías de Madrid y Barcelona, dos oficinas que acumulan denuncias presentadas por entidades privadas y públicas que han encontrado apoyo en el Defensor del Pueblo.
La Fiscalía justifica así su propuesta: “Las actuaciones tienen por objeto la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales”.
Para curarse en salud el fiscal solicita, paralelamente, “la preceptiva resolución judicial sobre la interrupción del acceso o retirada de contenidos a los sitios web referidos, por si en el curso de las actuaciones administrativas se apreciara la existencia y afectación a contenidos protegidos por los derechos y libertades de expresión e información”.