Bruselas cierra la puerta a crear un fondo europeo para blindar el acceso al aborto
Iniciativa ciudadana
La Comisión Europea aclara a los Estados miembros que pueden recurrir a los programas ya existentes
Unas mujeres unen sus manos para simbolizar el útero en una protesta de colectivos feministas en Roma para reclamar un aborto seguro
Vaso medio lleno, o medio vacío, para los 1,2 millones de personas que habían firmado una petición para blindar el derecho a un aborto seguro, gratuito y accesible en toda la Unión Europea. Bruselas ha cerrado la puerta este jueves a la creación de un fondo específico para ayudar a las mujeres que todavía no tienen acceso al aborto en el bloque. En cambio, “aclara” que los Estados miembros pueden utilizar instrumentos europeos ya existentes para mejorar el acceso a una interrupción segura del embarazo, pero esto no supone ni dinero nuevo ni el fondo específico que reclamaba la iniciativa ciudadana.
Se trata de la respuesta europea a “My voice, my choice” (“Mi voz, mi decisión” en España), una propuesta que había superado el objetivo de lograr un millón de firmas y que, con el apoyo del Parlamento Europeo, reclamaba a la UE una herramienta comunitaria, con fondos propios, para brindar asistencia económica a aquellas personas que no puedan abortar debido a razones económicas o políticas, o por su situación administrativa. De este modo, consideraban los promotores, cualquier mujer que no tenga acceso a un aborto seguro y legal podría acceder a él en uno de los países donde sí esté garantizado.
Los tratados europeos indican que la regulación del aborto es competencia de los países
El Ejecutivo comunitario se escuda en las limitaciones de la competencia europea. Según la Comisión Europea, no se puede crear un fondo europeo específicamente para el acceso a un aborto seguro porque, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las decisiones regulatorias y éticas sobre la salud reproductiva y el aborto son competencia exclusiva de los Estados miembros. Esto incluye la asignación de los recursos disponibles.
Estas normas indican también que Bruselas solo tiene la competencia de apoyar, por ejemplo, financiando iniciativas que promuevan la salud, pero sin interferir directamente en las normativas nacionales. Por eso, indica que los Estados miembros pueden —si lo desean, de forma voluntaria— utilizar el Fondo Social Europeo+ (ESF+) para garantizar este apoyo, usando o reubicando recursos de este programa. Pero nada más.
Preguntada por si esto ya era posible, la vicepresidenta ejecutiva para los Derechos Sociales y las Capacidades, Roxana Mînzatu, ha reconocido que, como parte de ayudar al acceso a la sanidad para las personas vulnerables, “esto ya era posible bajo el ESF”. “Es la primera vez que claramente decimos que se puede usar para este propósito”, ha puntualizado la comisaria de Igualdad y Preparación de Crisis, Hadja Lahbib. “No se había usado en el pasado, por lo que acompañaremos a los Estados miembros que quieran hacerlo”.
La coordinadora de la campaña, Nika Kovac, ha reconocido que no es el “sí” que esperaban, pero se ha mostrado moderadamente satisfecha. “Lo que es histórico es que por primera vez la Comisión Europea es clara al decir que se pueden usar fondos europeos para garantizar el acceso al aborto, especialmente para mujeres que no pueden permitírselo, vengan de donde vengan”, ha remarcado en una rueda de prensa en Bruselas.
Según la Comisión, hay por lo menos diez Estados miembros que han apoyado esta iniciativa. Entre ellos, España. Pedro Sánchez ha firmado una carta de apoyo, junto a los primeros ministros de Eslovenia, Suecia, Dinamarca y Estonia, dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Es importante subrayar que esta iniciativa no interfiere en las competencias nacionales de regular el aborto y la autonomía de los Estados miembros para definir sus políticas sanitarias”, subrayan los mandatarios.
En total, hoy todavía más de 20 millones de mujeres no tienen acceso al aborto en la Unión Europea. Hay países como Polonia donde está directamente prohibido a menos que la vida de la madre esté en peligro o haya sido agredida sexualmente. En la Hungría de Viktor Orbán se reguló que las mujeres que quisieran abortar tuvieran que escuchar el latido del feto. En Malta existe también una legislación muy estricta, por lo que la mayoría de mujeres tienen que viajar para abortar. Incluso en Italia, donde el aborto es gratuito, hacerlo es complicado por la gran cantidad de médicos objetores de consciencia, especialmente en el sur del país.
